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TCP

0310/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0310/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2026-S3 Sucre, 2 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 54975-2023-110-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 069/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 268 a 276, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Victoria Tapia Quisbert contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de octubre y 10 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 65 a 83 y 86 a 104, respectivamente, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido en su contra, por María Luisa Soria Arteaga de Hermosa y Martina Suxo Carazani de Medrano -ahora terceras interesadas-, en su condición de propietaria del salón de belleza "Reyna Victoria", el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Sentencia 35/2020 de 24 de julio, declaró probada en parte la demanda, disponiendo el pago de los derechos en favor de las actoras conforme a la liquidación realizada; a pesar de que, en el caso de Martina Suxo Carazani de Medrano ya se hizo efectivo el pago de beneficios sociales, extremo que fue acreditado con prueba presentada por la misma interesada, consistente en el documento dirigido al Jefe Departamental del Trabajo de La Paz; señalando que, ambas demandantes prestaban servicios por el 50% del pago de cada cliente y que su retiro fue voluntario; toda vez que, dejaron de asistir a su fuente laboral por seis días continuos; asimismo, no se consideró el memorial de 20 de junio de 2018, a través del cual las denunciantes adjuntaron sus cartas de renuncia de 18 de octubre de 2017, indicando motivos personales; tampoco se observó la falta de movimiento en el proceso, por más de un año, debiendo por ello extinguirse por inactividad procesal; por otra parte, en un sobre cerrado se adjuntó recibos firmados correspondientes a las gestiones 2013 a 2017 y registros de pagos efectuados a las ahora terceras interesadas, demostrando la inexistencia de una relación laboral de dependencia; agravios que permiten inferir que, durante todas las etapas del proceso laboral generó los medios disponibles, fehacientes y objetivos para desvirtuar la demanda; sin embargo, la autoridad jurisdiccional incurrió en las acciones y omisiones denunciadas, que constituyen el primer acto lesivo de sus derechos fundamentales.

En el marco de su derecho a la doble instancia, a través de memorial de 10 de agosto de 2020, interpuso recurso de apelación, señalando como agravios, la ausencia de fundamentación y motivación en las conclusiones de la autoridad jurisdiccional al momento de fundar su determinación, así como la falta de consideración de la prueba presentada por las partes; puesto que, sostener que la relación laboral terminó por un despido indirecto debido a una renuncia emergente de un maltrato que recibieron las demandantes es errónea, implica una valoración incorrecta de las cartas de renuncia adjuntadas; otro aspecto que cuestionó fue que, a pesar de que no se demandó el desahucio, el referido Juez de manera extra petita determinó su pago, omitiendo además la inexistencia de una norma que prohíba la presentación de pruebas en sobre.

Emergente del recurso interpuesto, la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 265/2020 de 16 de diciembre, confirmó la Sentencia 35/2020; ante tal determinación, el 21 de julio de 2021, interpuso recurso de nulidad al considerar que el pronunciamiento de alzada constituye el segundo acto lesivo de sus derechos fundamentales; entre los argumentos de su recurso, sostuvo nuevamente que a "...fs. 31 y 32..." (sic), cursan las renuncias expresas de las referidas terceras interesadas, extremo que no fue considerado por el Tribunal de apelación, vulnerando el principio de verdad material, al determinar la existencia de un despido indirecto, tergiversando más bien la relación laboral al omitir el rubro y la actividad que desempeñaban las referidas demandantes dentro del señalado proceso laboral; asimismo, el Juez a quo y el Tribunal ad quem, se basaron en simples manifestaciones de un supuesto acoso laboral, desconociendo la existencia de prueba fidedigna como las cartas de renuncia y la inobservancia del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) que instituye la renuncia voluntaria como causal para la extinción de la relación laboral.

No obstante, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, a través del , declaró infundado su recurso, basando su determinación en un análisis superficial y en los "absurdos" argumentos vertidos por las demandantes en el proceso laboral.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a no sufrir ningún tipo de violencia como persona adulta mayor, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la tutela judicial efectiva, a la valoración de la prueba y a la defensa, citando al efecto, los arts. 15, 67, 68, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)La nulidad del , del Auto de Vista 265/2020 y la Sentencia 35/2020; y,
  2. b)Que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emita un nuevo Auto Supremo teniendo en cuenta los razonamientos y fundamentos a esgrimir por la Sala Constitucional, en la respectiva Resolución de la presente acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 264 a 267 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que:

  1. 1)Presentó un memorial indicando que no existió subordinación y horario fijo de trabajo; además que, las trabajadoras cobraban por porcentaje; y, a través de una nota de 27 de junio de 2017 se hizo conocer a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que las ahora terceras interesadas dejaron de asistir al trabajo por seis días continuos, demostrando que era una causal de despido inmediato; además que, son las mismas denunciantes quienes a través de un memorial de 20 de junio de 2018 presentaron ante el Juez a quo las cartas de renuncia voluntaria después de ausentarse seis días;
  2. 2)En la audiencia de conciliación de 2 de octubre de 2018, la abogada de Martina Suxo Carazani de Medrano señaló que ya se pagó el total de sus beneficios sociales;
  3. 3)De manera posterior a la audiencia de conciliación, a través de un Auto Interlocutorio, el Juez a quo, abrió el periodo probatorio, pese a que durante más de un año el proceso judicial no tuvo ningún movimiento, a pesar de la solicitud de extinción por inactividad;
  4. 4)Para demostrar la inexistencia de un horario de trabajo y la falta de subordinación, presentó recibos de pagos que firmó desde la gestión 2013 a 2017, además de un cuaderno de la gestión 2013, mediante el cual demostraba que las referidas terceras interesadas asistían regularmente a su fuente laboral sin un horario fijo, además introdujo el nombre de cuatro testigos, dos de ellos adultos mayores a objeto de acreditar esos extremos; sin embargo, existen ciertas irregularidades en la apertura de dicho sobre, que finalmente no fue abierto por el Juez de origen, ni puesto en conocimiento de la parte contraria;
  5. 5)El Juez de la causa, emitió sentencia de primera instancia, sin la declaración de los testigos de descargo, quienes debido a la pandemia no pudieron atestiguar suspendiéndose sus declaraciones desde el 21 de febrero de 2020; toda vez que, hizo caso omiso a las solicitudes de reprogramación que hicieron por encontrarse impedidos de asistir a declarar debido al "...Decreto Municipal 021..." (sic) que regulaba la libre circulación de los ciudadanos, además no considero la situación de adultos mayores de dos de ellos;
  6. 6)En el recurso de apelación se señaló que no se llevó adelante la declaración de los testigos, la inexistencia de una solicitud de desahucio por la parte denunciante y que se dio por no presentada la prueba que adjuntó en el sobre cerrado;
  7. 7)A través del recurso de casación, de igual manera manifestó que no se valoró la prueba presentada, es decir no se abrió el sobre adjunto, que no se recibieron a los testigos e inobservaron las normas dispuestas a través del referido Decreto Municipal, por el COVID-19 y que la parte demandante dentro del proceso laboral no había reclamado el desahució; sin embargo, fue otorgado por la autoridad jurisdiccional;
  8. 8)Al encontrarse el proceso laboral en fase de ejecución, su deuda asciende a $us14 000.- (catorce mil dólares estadounidenses), suma de dinero que está muy por encima del capital que tiene en todo su salón de belleza; además que, en el proceso judicial se está a nada de emitir una orden de aprehensión en su contra y que todo ello deviene de la vulneración de sus derechos fundamentales; y,
  9. 9)Se debe considerar su estado de persona adulta mayor y el derecho que tiene a ser protegida por el Estado y a no sufrir ningún tipo de violencia.
I.2.2. Informe de la parte demandada

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