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TCP

0311/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0311/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 58993-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 174 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edilberto Mendoza Vaca, abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación de Jorge Guaji Noe contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 y 28 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 50 a 65; y, 68 a 78, el accionante, a través de su representante, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedentes refiere que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Sonia Luizaga Soria -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, en audiencia de consideración de medidas cautelares -personales- de 27 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días, determinación que fue ratificada a través de Auto de Vista -679- de 25 de noviembre de 2022. Posteriormente, pese a que la etapa preparatoria estaba vencida y no existía solicitud alguna de ampliación de la medida extrema, correspondía que la antes referida Jueza disponga la cesación de su detención preventiva otorgándole medidas cautelares -personales- que no sean gravosas y de imposible cumplimiento; por lo que, debió otorgarle detención domiciliaria conforme el art. 231 bis.9 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, cuando además se cumplió el plazo de su detención preventiva, circunstancias que no fueron consideradas, desconociéndose los arts. 134 y 239.2 del CPP -último modificado por la referida Ley-.

Alega que, en audiencia de 22 de mayo de 2023, la señalada Jueza a través de Auto 131-23 dispuso aplicar medidas -cautelares personales- de imposible cumplimiento, manteniendo su detención preventiva hasta que cumpla con las mismas, tal como la fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), dándole un plazo de quince días; medida cautelar personal contra la que interpuso apelación incidental.

Sin embargo, en audiencia de 15 de agosto de 2023, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado- mediante Auto de Vista -363- confirmó la Resolución 131-23, sin considerar el Informe -CITE:T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC. de 4 de agosto- "socioeconómico" -lo correcto es Informe Social- por el que se demostraba su situación económica, disponiendo quede latente la medida de fianza económica "...no fijándose en mi persona sobre la situación que me encuentro..." (sic), además de disponer otras exigencias no establecidas en el fallo recurrido, como certificaciones de Derechos Reales (DD.RR.), Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), "ALCALDIA" y Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), apartándose del art. 398 del CPP y actuando de forma ultra petita, al no circunscribir el fallo a los aspectos cuestionados de la determinación de primera instancia, como la solicitud de sustitución de la fianza económica por otra medida menos gravosa, aspecto que no fue considerado.

Sostiene que, el Vocal demandado de manera arbitraria e infunda efectuó una errónea interpretación del art. 241 del CPP, sin considerar que establece que, en ningún caso se fijará la fianza económica de imposible cumplimiento, debiéndose sustentar en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo además su finalidad, pese a haber presentado documentación que acredita su situación socioeconómica, empero, no señaló cuál sería su situación patrimonial para determinar la suma de dinero dispuesta, constituyendo la decisión asumida irracional y desproporcional.

Finalmente, enfatizó que, el Auto de Vista dictado fue más allá de los agravios que fueron objeto de apelación -incidental-, y no consideró el antes señalado Informe social, omitiendo de esta manera analizar el art. 241 del CPP; además que, tampoco verificó el plazo procesal de la causa penal en relación con los arts. 130 y 239.2 del mismo Código ni que la Jueza a quo conminó al representante del Ministerio Público para que presente acusación formal o algún otro requerimiento conclusivo; empero, que esa actuación no fue realizada dentro de plazo, habiendo sobrepasado la etapa preparatoria "...donde el suscrito Vocal debió conceder la cesación a la detención preventiva o modificar la medida que le fue impuesta por la juez aquo..." (sic); por lo que, el cuestionado fallo de alzada carece de fundamentación y motivación, efectuando la errónea interpretación de los arts. 130, 231 -bis-.9 y 241 del citado Código, manteniendo su privación de libertad por tiempo indefinido, sosteniendo que debe cumplir con las medidas -cautelares personales- dispuesta en el Auto recurrido.

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