Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0312/2019-RCA Sucre, 14 de octubre de 2019
Expediente: 31043-2019-63-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión, la Resolución de 12 de septiembre de 2019, cursante de fs. 153 a 155, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roger Fred Encinas Schoster y Néstor Julio Enríquez Quiroga en representación legal de Mario Mariscal Rodríguez contra Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General; Aldrin Fernando Barrientos Vargas, Director; y, Ruthiar Vásquez Aguirre, Inspector de la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, todos de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 3 y 11 de septiembre de 2019, cursante de fs. 128 a 141 vta.; y, 114 a 150 y vta., los representantes del accionante manifiestan que, en el mes de febrero del año en curso, se llevaron adelante dos inspecciones sin ser comunicados o notificados, en la Fiscalía de Punata y la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Estación Policial Integral (EPI) Norte de la ciudad de Cochabamba, habiendo emitido la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, doce Informes de Inspección, de los que tuvo conocimiento el 28 de marzo y 10 de abril, ambos del año en curso, y ante la recomendación que contenían, se le iniciaron doce procesos sumarios, por la comisión de las faltas, grave prevista por el art. 120.3 y muy grave contenida en el art. 121 que tiene como única sanción la destitución, ambas de la Ley 260, del Ministerio Público (LOMP).
Añade que con la finalidad de que sea la misma institución, quien repare estos actos arbitrarios y ante la ausencia normativa que regule dichas inspecciones, respaldado en el art. 64 de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), interpuso un recurso de revocatoria contra los doce informes originados en esa Dirección, con dificultad, ya que la Secretaria de dicha oficina se negó en dos oportunidades a recibir el memorial y en su intento de enviarlo por fax, los funcionarios se negaron a darle tono, habiendo logrado presentarlo el 5 de julio del año en curso con la suma "Se tenga presente y solicita remisión de recurso de revocatoria ante la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación", pero lamentablemente, sin enviarse a esa Dirección requerida, de manera directa y sin competencia el Fiscal General del Estado interno mediante proveído de 11 de julio de 2019, dispuso sea devuelto el escrito y toda la documentación aparejada, en consideración a que los referidos informe de inspección no podían ser objeto de impugnación a través de ningún medio legal, por no constituir en sí mismos actos administrativos de acuerdo con el art. 27 de la LPA y por ende no podían ser susceptibles de impugnación en sede administrativa.
Aclaran que su mandante y los otros fiscales co responsables de la Fiscalía de Punata y ex Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de la EPI Norte inspeccionadas, no fueron notificados con esos informes lesionando derechos y principios, habiéndose llevado adelante actos administrativos sin contar o encontrarse vigente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación pese a que la existencia de dicho documento está previsto en el art. 101 de la LOMP, ocasionando incertidumbre e indefensión pues al no estar reglado este instituto, resulta por sí misma inoperable o inejecutable la atribución conferida por el art. 103.9 de la misma Ley, habiendo omitido el Fiscal General del Estado instruir previamente la elaboración de la norma reglamentaria que otorgue competencia a la citada Dirección, para realizar inspecciones, violentándose la voluntad del legislador al asumir decisiones ineficaces y si bien la doctrina y jurisprudencia han modulado la aplicación directa de la ley sin necesidad de reglamentación, esta únicamente fue establecida cuando se trata de derechos, por lo que los doce procesos disciplinarios que tienen su origen en las inspecciones realizadas, han quebrantado el elemento de legalidad y derecho a la defensa, pues si este es un mecanismo de verificación, cumplimiento de deberes y mejora del servicio en el Ministerio Público, debe estar programado en un plan anual donde se consignen inspecciones ordinarias y extraordinarias; las primeras a ser aprobadas por la máxima autoridad del Ministerio Público, y, las segundas, por el Director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, debiendo contener una metodología, etapa de desarrollo, características y efectos de los resultados a obtenerse; constituyendo corolario de las arbitrariedades cometidas el Of. CITE: FGE/DGFSE 313/2019 de 3 de mayo, a través del cual el Director e Inspector codemandados reconocieron no requerir de reglamentación para desarrollar esta actividad, rompiendo el orden obligatorio de la ley y la delegación constitucional legislativa otorgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional al Fiscal General del Estado prevista en el art. 158.I.3 de la Constitución Política del Estado (CPE), omitiendo también el imperativo contenido en la Disposición Final Única de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece un plazo de ciento ochenta días a partir de la posesión de la o el Fiscal General, para elaborar los reglamentos establecidos en la misma.
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