Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0312/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 77138-2025-155-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 9 de septiembre de 2025, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Uvina Miranda, Presidente del Consejo de Administración; y, Hevertt Yupanqui Apaza, Presidente del Consejo de Vigilancia, ambos de la Cooperativa Minera El Progreso Kami Responsabilidad Limitada (R.L.); Eloy López Condori, Germán Ramos Condori, Isacc Cuaquer Aguilar, Virginia Lucas de Mamani, Maribel Fuentes Ovando y Sandra Yupanqui Apaza contra Alfredo Choque Colque, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Independencia del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 15 de agosto y 8 de septiembre de 2025, cursantes de fs. 48 a 52; y, 90 a 91 vta. los accionantes manifestaron que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Boris Quinciño Velasco Ochoa y Tito Mamani Ochoa representantes de la comunidad Jalipampa contra sus personas, por la presunta comisión del delito de avasallamiento previsto y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP), el Juez ahora accionado por Auto Interlocutorio de 27 de septiembre de 2024 resolvió dar curso a los incidentes planteados de nulidad de imputación y prejudicialidad; y una vez planteada el recurso de apelación por la parte contraria, la Sala Penal Tercera del departamento de Cochabamba dispuso la Revocatoria del indicado Auto Interlocutorio y ordenó al Juez hoy accionado a emitir una nueva resolución respecto a la excepción de prejudicialidad; sin embargo, dicho Juez a través de Auto de 12 de febrero de 2025 de manera inesperada cambió su decisión inicial, y declaró infundado la excepción de prejudicialidad, señalando que el proceso extrapenal debía ser anterior al proceso penal en curso, lo que motivó a que presenten recurso de apelación incidental dentro del plazo de los tres días establecidos por Ley; empero, los Vocales de la Sala Penal Primera del citado departamento, por Auto de Vista de 9 de mayo de 2025, resolvieron no admitir el indicado recurso de apelación bajo el argumento que la misma debía ser interpuesta de manera oral en audiencia, ante dicha determinación plantearon recurso de queja que también fue denegada por los referidos Vocales.
Agrega que, el Juez accionado si bien fue conminado mediante Auto de Vista 06/2025-RAI de 16 de enero, a fundamentar la decisión tomada en audiencia de 27 de septiembre de 2024; sin embargo, esa nueva resolución -Auto de 12 de febrero de 2025- no fue debidamente fundamentada ya que erróneamente a tiempo de señalar procedente la excepción, expresó que el proceso penal quedaba extinguido y no suspendido, tampoco fundamentó cómo es cierto que hay intereses controvertidos entre la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la comunidad Jalimpampa, ya que ambas personas jurídicas se reputan ser propietarias del terreno en conflicto, una por efecto de la nacionalización de las minas que les otorgó el derecho propietario desde 1952, no solo del suelo y subsuelo, sino de todas las construcciones, edificaciones e instalaciones mineras, y la otra por efecto de un proceso de saneamiento lleno de vicios de nulidad que se encuentra sobrepuesto a las propiedades arrendadas por la COMIBOL como titular de derechos, pero que logró un título el cual se encuentra en pugna y en controversia, lo que motivó que la COMIBOL plantee una demanda de nulidad del título ejecutorial contra la comunidad Jalimpampa.
En ese sentido el Juez demandado al emitir una resolución totalmente contradictoria a la anterior y con un fundamento que no corresponde vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales e indebida aplicación de la norma, así como la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; fundamentando su decisión en sentencias constitucionales que no son pertinentes al caso, generándoles un perjuicio en el proceso penal afectando la correcta administración de justicia confundiendo los institutos jurídicos de prejudicialidad con la litispendencia, cuando la posesión legal o ilegal de todos los imputados es uno de los elementos constitutivos del tipo penal de avasallamiento que deberá determinarse en el proceso extrapenal, a través del cual se definirá la situación de legalidad o ilegalidad de la posesión además que el hecho de que aparezca el titular del derecho propietario el 2021 de un terreno en el cual sus personas estaban en posesión pacífica y legítima en virtud a un contrato de arrendamiento minero suscrito con el Estado Boliviano por más de treinta años anteriores, no les hace autores del delito de avasallamiento.
Finalmente, en su memorial de subsanación refieren que los Vocales de la Sala Penal Primera del departamento de Cochabamba también cuentan con legitimación pasiva al emitir el Auto de Vista de 9 de mayo de 2025 quienes no se aparataron de la formalidad para tomar en cuenta que su recurso de apelación fue presentado por escrito dentro del término formal de los tres días.
I.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la seguridad jurídica y a la libertad; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 17.1 del "...Paco de San José de Derechos Civiles y Políticos..." (sic); y, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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