Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0312/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 58997-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 175 de 6 de octubre de 2023, cursante a fs. 494 a 496, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Hurtado Medina y Pastor Wilson Peña Echeverría contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21 de septiembre y 2 de octubre de 2023, cursantes de fs. 443 a 455; y, 460 a 465, la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En un proceso penal iniciado en su contra por Luis Orlando Aliaga Herbas -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, a la conclusión de la etapa preparatoria, Thania Oropeza Villca, Fiscal de Materia, pronunció la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2022; y, ante el recurso de impugnación presentado por el nombrado, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado- emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22 de 5 de septiembre de 2022, en la que dispuso revocar la referida Resolución Fiscal de Sobreseimiento; en la indicada Resolución Fiscal Departamental, lesionó la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, y razonable valoración de los elementos de prueba, por los siguientes motivos:
- a)En el apartado II, la citada Resolución Fiscal Departamental, señaló que, por la multiplicidad de pruebas no era posible valorar todas y cada una de ellas; en específico, no se valoró los siguientes elementos de prueba:
- 1)El Informe Legal DDSC-R.E.INF 900/2019 de 16 de septiembre;
- 2)Informe Técnico Legal DDSC-SAN.-INF. 1099/2020 de 28 de octubre;
- 3)Certificado DDSC.SG.CERT.NRO. 091/2020 de 30 de noviembre;
- 4)Informe Técnico Jurídico DDSC-UDAJ-INF. 21/2021 de 19 de febrero;
- 5)Informe Legal DDSC-SAN-INF. 261/2021 de 29 de marzo;
- 6)Informe Técnico Legal DDSC-SAN-INF. 315/2021 de 31 de marzo;
- 7)Informe Técnico - Legal DDSC-SAN. INF. 234/2021 de 23 de marzo;
- 8)Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-525/2020 de 6 de noviembre, emitida dentro el caso FIS-SCZ1900989;
- 9)Copias legalizadas de la Resolución Fiscal de Rechazo de 28 de abril de 2020, con número de causa FELCC- 662/2019 SCZ-PLA 1901004;
- 10)Copia legalizadas de documento de transferencia de 7 de diciembre de 1990 (compra venta);
- 11)"...copias legalizadas del Plano de Ubicación Original (Primer Plano de ubicación) extendido por el IGM..." (sic);
- 12)Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021; y,
- 13)Copias legalizadas de Planos Catastrales 070101103057 SAN-SIM y 070101103058 SAN-SIM levantados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA);
- b)La citada Resolución Fiscal Departamental, identificó las pruebas de descargo descritas en su apartado III bajo los numerales 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 47 y 51; sin embargo, no se realizó ningún tipo de valoración razonable. De forma específica:
- i)Informe Técnico - Legal DDSC-SAN.INF. 1299/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA;
- ii)Informe DDSC-SAN INF. 1292/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA;
- iii)Informe DDSC-SAN INF. 1290/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA;
- iv)Informe DDSC-SAN INF. 1291/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA;
- v)Informe Técnico - Legal DDSC-SAN.INF. 233/2021 de 23 de marzo;
- vi)Informe Técnico Legal DDSC-SAN- 231/2021 de 23 de marzo;
- vii)Informe Técnico Legal DDSC-SAN.INF. 0229/2021 de 23 de marzo;
- viii)Informe DDSC-SAN.INF. 465/2021 de 7 de mayo; y,
- ix)Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021. Sostuvieron que, las señaladas pruebas, pese a ser citadas no fueron valoradas de forma razonable para demostrar la insistencia del hecho denunciado; y,
- c)La indicada Resolución Fiscal Departamental, en sus apartados I, II, III y IV subtitulado: "Antecedentes y Consideraciones Previas", "Valoración de los elementos de convicción en relación con el hecho", "Fundamentación Probatoria descriptiva e intelectiva" y "Fundamentación jurídica" presentaban incongruencias; toda vez que, en el primer apartado romano, segundo considerando, la autoridad fiscal demandada sostuvo que analizaría la legalidad o no de un rechazo y para ello debe valorar los elementos de convicción, que sin embargo, decidió no valorar todos los elementos de prueba de cargo y descargo, bajo el argumento de multiplicidad de pruebas; señaló también que, la incongruencia se presentaba porque la referida autoridad fiscal sostuvo que el terreno sindicado de avasallado se encontraba en proceso de saneamiento, pero no valoró el Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021.
Indicaron de forma textual que: "...la incongruencia e ilegalidad (taxatividad) entre el contenido y razonamientos emitidos en La RESOLUCIÓN FISCAL DEPARTAMENTAL RRMM N°165/2022, de fecha 05/09/2022 se presenta en el hecho de que la autoridad accionada manifiesta que el terreno sindicado de avasallado se encuentra en proceso de saneamiento ante el INRA, e idéntica la INFORME EN CONCLUSIONES -SANEAMIENTO (SAN-SIM) POSESIÓN de fecha 16 de agosto de 2021, pero no es valorado en cuanto a su pertenencia, idoneidad y utilidad por el mismo consiste en un informe de conclusión de saneamiento simple de oficio determinando que sobre la parcela N°57, es el Sindicato Agrario Villa Viana y Jorori, quien tiene derecho de posesión y en cuanto al Sr. Luis Orlando Aliaga, determina que los documentos que presento que son los mismos de los cuales se vale para presentar la denuncia penal no corresponden a los terrenos de la parcela N°57 y asimismo concluye que el Sr. Luis Orlando Aliaga no tiene ningún derecho de propiedad y menos de posesión..." (sic); y, por último, refieren que no se realizó una adecuada subsunción de los hechos denunciados al tipo penal de avasallamiento.
I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada
Denunció la lesión de la garantía al debido proceso, en sus garantías de debida fundamentación y motivación, congruencia, legalidad (taxatividad), razonable valoración de elementos de prueba, "lógica", "tutela legal efectiva", seguridad jurídica y acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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