Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0313/2019-S2 Sucre, 29 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 22487-2018-45-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 006/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 454 a 460, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wendy Marisol Reyes Mendoza y Eliana Raquel Zeballos Yugar, en representación legal de la Administración de Aduana Interior La Paz contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 9 de octubre 2017, cursante de fs. 151 a 167, la entidad accionante a través de sus representantes expresaró los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Administración Aduanera inició sumario contravencional contra el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por la presunta contravención aduanera de incumplimiento de regulación de la declaración de mercancías de despacho inmediato IMI: 4 2007/201/C-6528 de 18 de mayo de 2007, concediéndole el plazo de veinte días para la presentación de descargos y ofrecimiento de pruebas.
La entidad sumariada al contestar, señaló que a partir de la promulgación del Decreto Supremo (DS) 102 de 29 de abril de 2009, asume la responsabilidad de regularizar los despachos inmediatos sobre los tractores "veniran"; puesto que, en la gestión 2010, la Embajada de Venezuela recién emitió el certificado de donación en cumplimiento al referido Decreto Supremo; a tiempo de hacerse cargo de las regularizaciones, los plazos ya habían vencido y la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar sanciones prescribió, por ello solicitó declarar improbada la comisión de la contravención aduanera. A cuyo efecto se emitió la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 046/2016 de 22 de agosto, declarando probada la comisión de contravención aduanera conforme establece el art. 186 inc. c) de la Ley General de Aduanas (LGA) y "el numeral 3 de la ley del Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente, por incumplimiento de regularización dentro del plazo respectivo del Despacho Inmediato de la DUI (IMI4) 2007/201/C-6528 de fecha 18 de mayo de 2007...", sancionando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la multa de UFV200.
Habiendo el referido Ministerio, interpuesto el recurso de alzada, se emitió la Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0069/2017 de 16 de enero, que revocó la Resolución recurrida, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, respecto de la DUI-C6528 de 18 de mayo de 2007; contra esa determinación la Aduna Nacional Bolivia (ANB) interpuso recurso jerárquico, mismo que fue resuelto por la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0322/2017 de 3 de abril, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0069/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 046/2016 inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto, considerando la intención del sujeto pasivo.
Consideran que dicha determinación es ultra petita; puesto que, al anularse obrados existió un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación, contraviniendo lo establecido en el Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en cuanto al procedimiento para la emisión de las resoluciones del recurso de alzada y jerárquico; además, dicha resolución pretende que los recursos sean resueltos en base a la "real intención" (sic) del sujeto pasivo, beneficiándolo de forma ilegal al mismo; actuación que vulnera el debido proceso en relación a la igualdad de las partes; finalmente, indican que el recurso jerárquico no cuenta con la debida fundamentación y congruencia, al no haber evaluado y analizado los aspectos observados por la Administración Aduanera. Asimismo, al emitirse el Auto Motivado AGIT-RJ 0061/2017 de 19 de abril, en la vía de aclaración y complementación, simplemente se limitó a señalar que la incongruencia se originó en el proceso por causa de la propia Administración Aduanera, sin realizar ninguna aclaración ni complementación.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; y a la igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
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