0313/2023-S1

Juan Manuel Ruiz Moscoso y Luis Fernando Moreno Vaca, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, por Informe de 14 de febrero de 2023, cursante a fs. 249 y vta., señalaron que:

1. a)Presentaron prueba documental consistente en: Resolución 045/2020; Resolución Municipal 049/2020 que deja sin efecto y vigencia la Resolución Municipal 045/2020; Resolución 020/2021 que autoriza la realización de auditoría; Informe 15/2021 de 21 de abril sobre la solicitud de reconsideración y dejar sin efecto Resolución Municipal; nueva solicitud en el periodo 2021, emergente del informe 049/2021 de la Comisión de Desarrollo Político Municipal que también solicita, el estado de auditoría; recepción del Informe 09/2021 por el señor Edmundo Rodríguez, con CITE: 209/2021; respuesta del Ejecutivo al Informe de Auditoría que demuestra que el trámite se realizó en el marco del ordenamiento jurídico administrativo; Informe de la Comisión Política Municipal 023/2021 respecto del Informe de Auditoría en respuesta a Edmundo Rodríguez; Informe 045/2021 de 8 de diciembre, sobre la petición realizada por Edmundo Rodríguez, respecto de la reconsideración a la Resolución 49/2021; Informes de la comisión de 24 de febrero de 2020 y de 9 de diciembre de 2022, para conocimiento de Edmundo Rodríguez; Legajo del proceso contencioso administrativo en el que se declara improbada la demanda de nulidad de Resoluciones Administrativas Municipales 049/2020 de 29 de diciembre y 020/2021 "de abril"; Informe Legal N/L071/2021 de solicitud de apoyo del GAM Cobija; e, Informe de la Comisión de Desarrollo Municipal 11/2022 en respuesta a Hoja de Ruta 138/2022 relativo a la emisión de Resolución; y,
2. b)Acreditando el cumplimiento del procedimiento idóneo y la observancia de la normativa vigente para la emisión de las resoluciones, amparados en el informe de auditoría interna e informe legal L071/2021 de 30 de noviembre de 2021, solicitaron se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Pando, mediante Resolución 013/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 253 a 255 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos:

1. 1)El recurso de reconsideración no se encuentra previsto en la normativa municipal, no obstante, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que la vía idónea para impugnar una resolución pronunciada por el Concejo Municipal, es la del recurso de revocatoria, dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-;
2. 2)En ese entendido, presentada como fue la solicitud del accionante bajo el rótulo de reconsideración, en virtud del principio de informalismo, corresponde resolverla bajo la figura del recurso de revocatoria y bajo el marco normativo dispuesto por la mencionada Ley 2341;
3. 3)Siguiendo lo dispuesto por dicha ley, en el presente caso, el accionante incumplió el plazo de diez días para interponer el recurso de revocatoria, toda vez que, la Resolución 049/2020 data del 29 de diciembre y el memorial de solicitud de reconsideración del 16 de marzo de 2021;
4. 4)Pese a que no consta en antecedentes la notificación al accionante con la Resolución Municipal 049/2020, las autoridades accionadas manifestaron que se encuentra fuera de plazo, hecho que no fue desmentido por el accionante, porque no asistió a la audiencia pese a haber sido notificado legalmente; y,
5. 5)En relación al plazo para interponer la acción de amparo constitucional en virtud del derecho de petición, establecieron que la misma fue interpuesto el 11 de marzo de 2022, es decir, aproximadamente 10 meses después de conocida la vulneración del derecho que data del 25 de mayo de 2021, fecha en la que presentó memorial solicitando la reconsideración previamente descrita; lo que les impide analizar el fondo de la petición, denegando la tutela solicitada. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Municipal 045/2020 de 26 de noviembre, por el cual, el Concejo del GAM de Cobija, presidida en ese entonces por su Presidenta Ana Paula Valenzuela de Palomo, atiende y trata la complementación a la denuncia de Edmundo Leonardo Rodríguez Márquez, respecto a la denuncia de múltiples irregularidades en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro del GAM de Cobija (fs. 7 a 13 vta.). II.2. Por Resolución Municipal 049/2020 de 29 de diciembre, el Concejo del GAM de Cobija presidido por su entonces Presidente, Aurelio Valenzuela Deromedis, luego de analizar los argumentos expuestos por el Alcalde del GAM de Cobija y la normativa vigente, resuelve dejar sin efecto la Resolución Municipal 045/2020 de 26 de noviembre (fs. 14 a 20) II.3. A través de escrito de 16 de marzo de 2021, Edmundo Leonardo Rodríguez Márquez -representante legal del accionante- solicita a la Presidenta y Concejales del GAM de Cobija, se reconsidere, anule y se deje sin efecto la Resolución 049/2020 de 29 de diciembre y se mantenga incólume la Resolución Municipal 045/2020 de 26 de noviembre, interponiendo recurso de reconsideración a la referida Resolución Municipal (fs. 48 a 50). II.4. Mediante Informe CDPM 023/2021 de 6 de septiembre, con sello de recepción por el Concejo Municipal de 8 del mismo mes y año, la Comisión de Desarrollo Político Municipal del GAM de Cobija, remite para conocimiento y atención de la Alcaldesa, un ejemplar del informe de auditoría especial "UAI/AUESP/006/21", respecto de la emisión de las Resoluciones Administrativas "007/2020" y "01/2020" y posteriores, concluyendo y recomendando que:
6. i)La emisión de las Resoluciones Administrativas "007/2020" y "011/2020", se dieron en el marco del ordenamiento jurídico administrativo y demás normativa vigente;
7. ii)Consta la remisión del informe, a la Contraloría General del Estado;
8. iii)El pleno del Concejo Municipal, apruebe el informe de auditoría interna (fs. 21 a 27). II.5. Consta nota de atención con CITE: HCM/PRES 621/2021 de 9 de diciembre, dirigido a Edmundo Rodríguez Márquez, misma que da cuenta que el Presidente del Concejo del GAM de Cobija, remite para su conocimiento el informe de comisión "045/2021" de la Comisión de Desarrollo Político Municipal (fs. 158). II.6. Mediante Informe CDPM 11/2022 de 23 de febrero, La Comisión de Desarrollo Político Municipal, emite respuesta a la hoja de ruta 138/2022 por el que se pide la emisión de Resolución; concluyendo que:
9. a)El Informe 45/2021 de la Comisión de Desarrollo Político Municipal fue aprobado por el Concejo Municipal en pleno el 9 de diciembre de 2021 sin ninguna observación; y,
10. b)La Solicitud de emisión de Resolución Municipal presentada por Edmundo Rodríguez Márquez, no corresponde por cuanto los informes de comisión no son aprobados mediante Resolución Municipal, pues, están enmarcadas en lo dispuesto por la Ley 001/2013 del ordenamiento jurídico municipal y el art. 110 del Reglamento General del Concejo Municipal de Cobija (fs. 42 a 47). II.7. Cursa nota con CITE: HCM/PRES 92/2022 de 24 de febrero, dirigida al ahora accionante, por el cual, el Presidente del Concejo del GAM de Cobija, pone en su conocimiento los alcances y las conclusiones del mencionado informe de auditoría interna UAI/AUESP/006/21 de 12 de agosto; empero, no consta su recepción (fs. 41). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante considera lesionado su derecho a la petición, toda vez que; el escrito con cargo de recepción de 16 de marzo de 2021 que presentó ante la autoridad demandada, a través de la cual solicitó la reconsideración de la emisión de la Resolución Municipal 049/2021 para dejarla sin efecto y mantener vigente la Resolución Municipal 045/2021, si bien fue respondida por el Presidente del Concejo Municipal mediante nota con CITE: HCM/PRES 92/2022 adjuntando el Informe de Auditoría CDPM 11/2022 de 23 de febrero, esta no puede ser considerada como una respuesta que atienda su solicitud, por cuanto, no fue emitida a través de una resolución municipal que acoja o deniegue el fondo de su petición; por lo que, considera no haber recibido una respuesta a su solicitud hasta la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción de defensa-. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos: 1) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, 2) Análisis del caso concreto. III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. i)Contenido esencial;
2. ii)Requisitos de procedencia;
3. iii)Legitimación activa;
4. iv)Legitimación pasiva; y,
5. v)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial la 0SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:

1. a)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. b)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. c)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. d)Argumentada6, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos

Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos:

1. 1)La existencia de una petición oral o escrita;
2. 2)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
3. 3)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:

"...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión."

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. i)La existencia de una petición oral o escrita;
2. ii)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. iii)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la 0SC 0275/2003-R de 11 de marzo7, para posteriormente referenciar las 0SSCC 0310/2004-R8, 00560/2010-R9, 1995/2010-R10; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril11, 2051/2013 de 18 de noviembre12; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre13, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición:

1. a)Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y,
2. b)Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento:

1. 1)En el término establecido por ley14; y,
2. 2)Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable15.

De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser:

1. a)Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable;
2. b)Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa;
3. c)Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y,
4. d)Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del por qué se da o no curso a la petición. Por su parte, en cuanto a las peticiones efectuadas dentro un trámite administrativo o proceso judicial que tengan relación con el fondo de la pretensión jurídica; incumbe añadir a lo razonado en la SCP 0112/2020-S1 que fue descrita, las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0340/2020-S1 de 17 de agosto16, que resolvió una acción de amparo constitucional en la cual se denunció que no se hubiese dado respuesta a un memorial y a un recurso de revocatoria, se sostuvo que respecto al memorial no se evidenciaba una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho a la petición que responda a la solicitud; además, en lo concerniente al recurso de revocatoria se estableció que no se resolvió dicho recurso de forma positiva o negativa, ni se explicó por qué no corresponde su resolución o por qué no es posible atender ese reclamo, en tal sentido, al no darse una respuesta oportuna tanto al memorial como al recurso de revocatoria se concedió la tutela. Asimismo, la SCP 0430/2021-S1 de 15 de septiembre17, resolviendo una acción de amparo constitucional en la que se denunció que no se dio respuesta a su solicitud de medidas de protección, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional sostuvo que dicha solicitud no mereció respuesta precisa dentro del plazo razonable, omitiendo considerar que el accionante merece una respuesta pronta y oportuna ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado; consecuentemente, se concedió la tutela al conculcarse el derecho a la petición. Ahora bien, de ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se advierte que en los casos que se denuncien la falta de resolución de un recurso o medio de impugnación, o de una solicitud vinculada a una pretensión específica, es posible que este Tribunal ingrese a analizar si es evidente o no que la parte demandada omitió responder a su solicitud.

Posteriormente, el entonces Presidente en ejercicio del Concejo del GAM de Cobija, junto al Secretario del mismo Concejo, atendiendo los argumentos del entonces Alcalde del mismo ente municipal, emitieron la Resolución 049/2020 de 29 de diciembre, por la cual, dejan sin efecto la Resolución 045/2020 (Conclusión II.2.); Frente a estas circunstancias, el accionante presenta escrito de 16 de marzo de 2021 pidiendo a los Concejales del GAM de Cobija, se reconsidere, se anule y se deje sin efecto la Resolución 049/2020 y se mantenga incólume la Resolución 045/2020 (Conclusión II.3.); Seguidamente, la Comisión de Desarrollo Político y Municipal del propio Concejo del GAM de Cobija, emitió el Informe CDPM 023/2021 de 06 de septiembre sobre la auditoría especial UAI/AUESP/006/21 a la emisión de las Resoluciones Administrativas 007/2020 y 011/2020, la misma que fue remitida a conocimiento y atención de la Alcaldesa y, en la que se concluye y recomienda que:

1. 1)La emisión de las Resoluciones Administrativas 007/2020 y 011/2020, se dieron en el marco del ordenamiento jurídico administrativo y demás normativa vigente;
2. 2)Consta la remisión del informe, a la Contraloría General del Estado;
3. 3)El pleno del Concejo Municipal, apruebe el informe de auditoría interna (Conclusión II.4).