Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0313/2026-S2 Sucre, 11 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 59001-2023-119-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 103/2023 de 9 de octubre, cursante de fs. 110 a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Trujillo Caviades, Gerente Regional Oruro a.i. de la Aduana Nacional (AN) contra Rocío Celia Manuel Choque y Daniel Rolando Copa Roque, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 2 y 4 de octubre de 2023, cursantes a fs. 1 y 40 a 48; y, 51 a 53 vta., la parte accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través del Informe AN/GROR/ZIOR/I/6/2023 de 9 de enero, la responsable de Aduana Zona Franca Industrial Oruro dependiente de la Gerencia Regional del mismo departamento de la AN, informó que, tras un operativo de control realizado en los talleres ubicados en zona franca, se constató que siete vehículos, que se encontraban en supuesto proceso de reacondicionamiento (cambio de volante entre otros), asociados a las Declaraciones de Mercancías de Importación (DIM) 2022-432-2448226, 2022-432-2448406, 2022-432-2448387, 2022-432-2448384, 2022-432-2448383, 2022-432-2448381 y 2022-432-2448253, ya contaban con certificados de reacondicionamiento emitidos por la empresa COLQUE MOTORS IMPORT EXPORT Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.); sin embargo, tras la verificación in situ se evidenció que ni siquiera se había iniciado y menos aún concluido con dicho proceso de reacondicionamiento de los referidos vehículos, impidiendo que la AN concluya con los trámites de nacionalización ante la falta de cumplimiento de formalidades establecidas en el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas.
En conocimiento de dicho informe, se iniciaron dos procesos: el primero administrativo por contravención aduanera; y, el segundo penal por el delito de falsedad ideológica, en razón de la emisión de los certificados de reacondicionamiento "...1019, 1035, 1029, 1028, 1030, 1027 y 1021..." (sic), en los que se consignó que los vehículos habrían sido reacondicionados y se encontraban aptos al 31 de diciembre de 2022, cuando en los hechos tal situación no aconteció.
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