Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0314/2019-RCA Sucre, 15 de octubre de 2019
Expediente: 31069-2019-63-AAC Acción amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 71 "A"/2019 de 19 de agosto, cursante de fs. 69 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Simón Limachi Quispe contra Carmen del Río Quisbert Caba, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Gustavo Iván Espejo Espejo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Mediante memoriales presentados el 31 de julio y 16 de agosto de 2019, cursantes de fs. 58 a 63 y 66 a 68; el accionante refirió que, a mediados de febrero del indicado año, se enteró del fraude procesal que en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, cometido en su contra, dentro de la demanda ordinaria de mejor derecho propietario seguido sobre su lote de terreno, dirigida contra Grover, Inchauste y Nany, todos Limachi Dorado, quienes no eran los verdaderos dueños, dictándose posteriormente sentencia a favor del demandante Rodrigo Pio Limachi Dorado, con quien efectivamente realizó un contrato privado de compra-venta con reconocimiento de firmas de una fracción de terreno de 200 m2, ubicado en Alto Lipari, el cual tiene una dimensión total de 2735 m2, registrado legalmente en Derechos Reales con número de partida 01243549, cantón Mecapaca, provincia Murillo del aludido departamento; en cuanto a su entrega, fue el resultado de mutuo acuerdo entre partes, y no de manera alevosa, dolosa y con apropiación ilegal de su propiedad, tomando posesión de los cuartos que él habita.
Afirmó que, el mencionado proceso civil de mejor derecho propietario, empezó el 19 de agosto de 2010; sin embargo, se enteró de ello cuando le notificaron con la sentencia en la puerta de su casa, sin que la autoridad jurisdiccional haya verificado los suscribientes del indicado documento de compraventa; en cuyo mérito, se apersonó al litigio para aclarar lo referido; empero, recibió como respuesta de la autoridad jurisdiccional "...ESTE A PROCEDIMIENTO..." (sic); por ende, se negó el derecho de poner en conocimiento tal irregularidad, dejándolo en indefensión para responder lo que en derecho correspondía.
Asimismo alegó que, Rodrigo Pio Limachi Dorado, no tenía capacidad jurídica para demandar, por no de ser propietario del bien inmueble objeto del proceso civil, actuando por ello con dolo, pues conocía que él era el dueño absoluto del indicado terreno; por tanto, la acción de mejor derecho propietario tenía que ser dirigida en su contra, conforme se tiene establecido en el art. 73 del Código Procesal Civil (CPC). En mérito a todo lo expuesto, solicitó en consideración de ser persona de tercera edad y formar parte de los grupos vulnerables, se flexibilice a su favor el principio de subsidiariedad.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Alegó, la lesión del derecho al debido proceso, en sus elementos de la necesidad de comunicación con la demanda y a la defensa, citando los arts. 115.I, 117.I, 119.I y II, 120.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.3. Petitorio
Solicitó, medidas cautelares conforme al art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ordenando al Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, abstenerse de efectuar el desapoderamiento mientras se inicie proceso civil por fraude procesal.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución de 1 de agosto de 2019, cursante a fs. 64, ordenó al accionante subsanar en el plazo de tres días, las observaciones realizadas, bajo advertencia de tenerse por no presentada la acción de amparo constitucional, con las siguientes consideraciones:
- a)No se identificó, el acto u la omisión que considera como el elemento vulneratorio de sus derechos y garantías constitucionales; precisando la relación de los hechos presuntamente lesivos, en atención del art. 33.4 del CPCo;
- b)No se estableció, el nexo de causalidad existente entre el citado acto o la omisión presuntamente lesivo y los derechos cuya supresión se alega;
- c)La pretensión constitucional en relación a la legitimación pasiva no es clara; y,
- d)La petición debió estár enmarcada en los alcances previstos por los arts. 33.8 en relación al 57.II del aludido Código.
Mostrando 15 de 71 parrafos.