0314/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0314/2019-S1 Sucre, 28 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 26412-2018-53-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 13/2018 de 7 de noviembre, cursante de fs. 292 a 295 vta.; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Andrea Oporto Rios contra Oscar Javier Barriga Arteaga, Presidente Ejecutivo a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 23 y 30 de octubre de 2018, cursantes de fs. 106 a 108 vta.; y, 112 a 113, respectivamente, la accionante manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de Gerente de Contrataciones Corporativas de YPFB, fue procesada administrativamente, supuestamente por haber aprobado el Documento Base de Contratación (DBC) y sus modificaciones, pese a existir limitaciones identificadas en el contenido de dicho documento, la Enmienda 8 (Enmienda 54) y la inadecuada redacción del requisito de presentación del poder legal, en el proceso de contratación del proyecto "SERVICIO FEED-EPC DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE PROPILENO Y POLIPROPILENO -CODIGO DRCO-CFE-GGPQ-126-16", sosteniendo que el mismo tendría conceptos oscuros e indefiniciones en la redacción, proceso que derivó en la sanción de suspenderla de sus funciones a través de la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000063 de 5 de abril de 2018.

Señala que, la citada Resolución lesiona su derecho a la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación, cuando dicha resolución sostuvo que la Unidad Legal de YPFB no tenía competencia, ni atribuciones para definir los documentos legales a ser incorporados en el DBC y Documento de Contratación Directa (DCD) indicando que ello era atribución de la Unidad de Contrataciones; por lo que, cuestionó la alegación, señalando que conforme al art. 6 inc. nn) del Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del DS 26688 y sus modificaciones, relacionado con el art. 18 incs. b), c), d) y f) del mismo Reglamento, definen a la Unidad Jurídica, como la Gerencia Legal Corporativa (GLC) responsable de brindar asesoramiento jurídico en los procesos de contratación de bienes y servicios especializados; sin embargo, no existe pronunciamiento sobre la normativa referida, sin responder porque es la Unidad de Contrataciones de YPBF y no la Unidad Jurídica la que debe atender a la redacción de los documentos legales de un DBC.

Alega que, la resolución impugnada carece del más mínimo contenido argumentativo en relación a un aspecto esencial, ya que no explica cómo su persona pese a no ser abogada, ni contar con abogados en la unidad, era la encargada de efectuar el control de legalidad del acto, bajo el entendimiento que esa no sería supuestamente una función de la unidad legal, concluyendo que la redacción legal del DBC debía efectuarse por personas con formación legal; por otro lado, concretamente en su recurso jerárquico requirió la valoración de la nota, por la cual la Unidad Jurídica solicitó las modificaciones a los documentos legales a ser insertos en los DBCs, presentando al efecto dos notas, la primera con la que el Analista de Contrataciones elabora el DBC, incorporando los documentos legales definidos por dicha unidad y la segunda con la que se gestiona la Enmienda 8, cuyo informe se encuentra avalado por la Gerente Legal Corporativa de YPFB; empero, solo se hace referencia a la segunda; y, si fue la Unidad Legal compuesta por abogados la que expresamente solicitó la modificación de los documentos legales y participó de la gestión de la Enmienda 8, no es lógico que una unidad de profesionales diversos observe la labor de la misma, de esa forma debió ser considerada la prueba; por lo que, al no haberlo hecho así lesionaron su derecho a la defensa e incurrieron en falta de fundamentación.

Asimismo, no realizó un análisis ni valoración de todos los aspectos y procedimientos inherentes al proceso de contratación, como la hoja de ruta del proceso de contratación; sobre la falta de un documento que demuestre la aprobación del DBC; las competencias de la GLC y sus unidades dependientes establecidas en el Manual de Organización y Funciones tanto en el objetivo como en las funciones, habiéndose limitado al análisis de una sola de sus funciones; la definición del DBC de forma inextensa contenida en el art. 6 inc. k) del mencionado Reglamento, limitándose a valorar quien elabora el DBC sin tomar en cuenta que contiene el mismo, ya que si se analiza el art. 22 inc. c) del reiterado Reglamento la responsabilidad se encuentra en la Unidad Validadora, en este caso la GLC; -Organigrama/personigrama de la GLC-, la Resolución del Recurso Jerárquico realizó una copia fiel de la Resolución Sumarial de Revocatoria, no habiendo realizado un análisis y valoración de los argumentos expuestos en el oficio de 5 de abril de 2018, presentado por su persona, a partir del acápite titulado "ANALISIS".

Finalmente, alega que se lesionó la garantía del debido proceso en su elemento derecho a la defensa y al principio de legalidad, este último en el entendido de que nadie puede ser sancionado en vía penal o administrativa sin que su conducta esté expresamente tipificada en el ordenamiento jurídico, ya que para sancionarle se citó normativa genérica que obliga a los funcionarios tener el debido cuidado en la elaboración de sus informes y actos; empero, también dicha normativa obliga a las autoridades a actuar en el marco de sus competencias; por lo que, al no ser abogada ni ser la unidad que dirigía de carácter legal, no se precisó cómo ejercía la competencia del control de legalidad en la redacción de los documentos legales incorporados al DBC y por lo tanto no incurrió en la falta de 'Compromiso personal por hacer lo correcto' (sic), lo cual tampoco cumple en lo mas mínimo una tipificación racional, pues la norma utilizada para sancionarla no expresa la forma en la que incumplió la misma; es decir, debió especificarse mediante otra norma, que en su calidad de Gerente de Contrataciones de YPFB, era la responsable de la redacción y el control de legalidad de los documentos legales a ser incorporados en el DBC todo ello, pese a no ser abogada y no contar con ningún abogado en su unidad.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela alega como lesionados sus derechos a la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación, a la defensa y al principio de legalidad, sin citar norma alguna.