Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0315/2019-RCA Sucre, 15 de octubre de 2019
Expediente: 31077-2019-63-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 17/2019 de 15 de agosto, cursante de fs. 283 a 284, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Callisaya Quispe contra Walter Jaime Caba Rubín de Celis, Presidente, Freddy Martin Iporre Ferrufino, Secretario, Rolando Guillermo Montecinos Vera, Rosa Dayan Saravia Avalos, María Angélica Calderón Vásquez, y Juan Pablo Mollo Layme; todos de la Comisión Disciplinaria Sumariante del Centro de Formación Técnico Superior (CEFOTES) La Paz de la Policía Boliviana.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 25 de julio y 14 de agosto de 2019, cursantes de fs. 44 a 47 vta.; y, 279 a 282, la parte accionante refiere que se instauró un proceso disciplinario en su contra por la presunta falta establecida en el art. 9.9 del Reglamento Disciplinario del CEFOTES, dictándose la Resolución 01/2019 de 24 de mayo, contra la cual interpuso el recurso de revocatoria; resaltando que, hasta esa fecha las notificaciones se efectuaron de manera personal, ya que se encontraba todos los días pasando clases en dicha institución de formación policial. Habiendo sido convocado a la Secretaría de la Comisión Disciplinaria, donde lo notificaron de manera directa con el Auto de ejecutoria de 10 de junio del mismo año, sin que se haya corrido la diligencia de notificación con la referida Resolución.
Señala que, de acuerdo a la diligencia de notificación de 5 de junio de igual año, habría sido notificado con la Resolución 02/2019 de 4 de junio, que resolvió el recurso de revocatoria; sin embargo, dicho actuado no se encuentra en antecedentes, aspecto que considera un error no sólo de forma, también de fondo, dado que, le imposibilitó tener conocimiento cierto del contenido de dicha determinación; por ello, solicita su notificación con dicho actuado, a fin que se garantice su derecho al debido proceso en su elemento a la defensa y a la impugnación.
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