0315/2019-S2

Asimismo, se emitió la Resolución Administrativa (RA) 021/2016 de 12 de abril, disponiéndose su baja definitiva de la institución policial sin derecho a la reincorporación, por las supuestas transgresiones de los arts. 14 numerales 4, 12 y 17 de la LRDPB; empero, esa sanción emerge de un procedimiento lesivo al debido proceso porque:

1. a)Con total falta de objetividad, se emitió el informe de acción directa elaborado por el Investigador de la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIDIPI) de Cochabamba, quien en ningún momento fue el primer efectivo policial que llegó al lugar del hecho, dicha actuación fue viciada de nulidad; porque, claramente la supuesta víctima declaró que jamás le entregó el dinero a su persona, sino a Rufino Olmos Pandique; por lo que, armaron un supuesto operativo en su contra;
2. b)Tampoco realizaron investigación alguna sobre el supuesto hecho; toda vez que, no se investigó al "Suboficial" Marcos Tapia, a Rufino Olmos Pandique y a Franz Reynaldo Flores Mamani, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); y,
3. c)Ante la falta de motivación y congruencia de la señalada Resolución, apeló la misma; en consecuencia, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, dictó la Resolución 180/2017 de 21 de agosto, disponiendo revocar en parte la RA 021/2016 debiendo dictarse una nueva resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente; observación que no fue subsanada sino que se emitió la nueva RA 148/2017 de 30 de noviembre, subsistiendo los vicios de nulidad, confirmando su baja definitiva de la Policía Boliviana sin derecho a reincorporación; por ello, al ser la misma apelada, el citado Tribunal Disciplinario Superior Permanente pronunció la Resolución 147/2018 de 21 de agosto, confirmando en todo la RA 148/2017, sin una debida fundamentación ni motivación; y, como resultado se emitió el Memorándum E.S. 18/3467 de 19 de octubre de 2018.

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia:

1. 1)Se anule la RA 021/2016 y la RA 148/2017, emitidas por el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana de Cochabamba; así como la Resolución 147/2018 dictada por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la misma institución policial; el Auto de Ejecutoria de 18 de septiembre de 2018 y el Memorándum E.S. 18/3467; y,
2. 2)Mediante la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana; se ordene su reincorporación inmediata y la asignación de funciones.

Santiago Delgadillo Villarpando, Presidente; Juan Luis Cuevas Guagama y Ángel Guillermo Dávalos Castillo, Vocales Permanentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, a través de su representante legal, en audiencia informaron lo siguiente:

1. i)El accionante señala que el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, debió esperar el resultado emergente del proceso ordinario seguido en su contra, para que recién emita una Resolución en base a lo que la justicia ordinaria pueda dictaminar; lo cual no es evidente, por cuanto en el ámbito policial se protege la disciplina, la responsabilidad, la ética y la imagen de la dicha institución, mientras que en el ámbito penal se protege la propiedad particular y ajena;
2. ii)El impetrante de tutela, fue objeto de una investigación disciplinaria policial a denuncia de cobros de dinero, por la suma de $us2400.-, con el compromiso de hacer ingresar a un particular a la ESBAPOL; esto sin que el mismo, cumpla los requisitos establecidos por el sistema educativo que es de la Policía Boliviana; y, a denuncia de Ariel Vargas Suyo, se procedió con su detención cuando estaba cumpliendo su labor policial en el Comando Departamental de Cochabamba; en la requisa se encontró los últimos $us600.- (seiscientos dólares estadounidenses) que el denunciante entregó y cursa fotocopias en el cuaderno procesal del dinero que el mismo tuvo en su poder;
3. iii)Respecto a que no se cumplió con el art. 67 de la LRDPB, en el presente caso, el Tribunal Disciplinario de primera instancia evaluó y emitió el requerimiento y el auto inicial del proceso; y con ese requerimiento el demandante de tutela fue notificado;
4. iv)El peticionante de tutela presentó su declaración informativa y posteriormente en el juicio ante la inasistencia de su abogado, conforme al art. 55 y 56 de la LRDPB, se designó un abogado de oficio, quien presentó toda la defensa;
5. v)Sobre la vulneración del juez natural, el art. 26 de la aludida Ley, se refiere a la conformación de los tribunales, no menciona la conformación de una sala de audiencia; y en ese caso, podía en plena audiencia de juicio oral reclamar la supuesta lesión del juez natural y esperar que se conforme otro Tribunal Disciplinario, e incluso, en las apelaciones pudo reclamar pero no lo hizo y consintió dicha situación;
6. vi)El solicitante de tutela, no cumplió con la legitimación pasiva de los tribunales colegiados; toda vez que, la Resolución data de 21 de agosto de 2018 y no fueron mencionadas todas las autoridades que la emitieron, a quienes se les está colocando en estado de indefensión, porque son miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, y no fueron notificados, tal es el caso de Miguel Alfredo Villca Conde y Javier Freddy Huanca Tintaya; y,
7. vii)En la presente acción tutelar, se solicitó la nulidad de la Resolución 021/2016 de 12 de abril, dictada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba; sin embargo, dicha Resolución ya no tiene vida jurídica porque fue anulada con la Resolución 180/2017 del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la indicada institución; también pidió la nulidad de la RA 148/2017 del Tribunal Departamental de la Policía Boliviana de Cochabamba y la última Resolución -147/2018- del Tribunal Superior Permanente que fue emitida como resolución de alzada por el citado Tribunal Superior; y, del decreto de ejecutoria.