Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0316/2019-S1 Sucre, 28 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26414-2018-53-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 06/2018 de 9 de noviembre, cursante de fs. 463 a 468 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Katya Cecilia Montero Montero contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros; Roxana Orellana Mercado y Juan Orlando Ríos Luna, ex Consejeros de la Sala Disciplinaria; y, René Lizarazu Cabrera, Juez Disciplinario Primero del departamento de Beni, todos del Consejo del Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2018, cursante de fs. 131 a 162, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 24 de marzo de 2017, Guillermo Armando Mercado Aramayo, en representación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) -ahora tercero interesado-, interpuso en su contra denuncia disciplinaria sosteniendo que la señalada empresa habría sufrido sistemáticamente vulneraciones al debido proceso, a la buena fe y lealtad cometidas por su persona en su calidad de Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni, por cuanto:
- a)Dentro del proceso ordinario seguido contra la institución denunciante, se dictó Sentencia en el término de sesenta y siete días después del plazo establecido por el art. 204 del Código Procesal Civil (CPC), señalando que dicho accionar debería ser dilucidado en la vía disciplinaria de conformidad al art. 187.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ);
- b)Planteado el recurso de reposición por la institución denunciante, y siendo este corrido en traslado y contestado por la parte contraria, el 3 de marzo de 2016, se ordenó la notificación a las partes; sin embargo, dichas diligencias se practicaron recién el 13 de marzo de 2017, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución;
- c)Dentro del proceso ejecutivo seguido por ENDE contra la empresa Cooperativa de Agua de Trinidad Limitada (COATRI Ltda.), que se encuentra en ejecución de sentencia, la empresa denunciante reclamó que, habiéndose presentado tercería de derecho preferente por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y estando contestada por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.), no existe hasta la fecha resolución del incidente; y,
- d)Dentro de la apelación interpuesta corrida en traslado, no se dio cumplimiento al art. 262 -no señala de qué norma-, lo cual generó la retardación de justicia en perjuicio de ENDE.
La misma que, luego de admitida y contestada de forma coherente y enervando os hechos denunciados de su parte, fue resuelta inconsistentemente a través de la Resolución de Primera Instancia 14/2017 de 9 de mayo, determinando su suspensión del ejercicio de sus funciones por el lapso de un mes sin goce de haberes; por lo que, ante la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Resolución SD-AP 482/2017 de 31 de octubre, que confirmó el fallo impugnado.
Así, la referida Resolución, vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, pues únicamente se limitó a mencionar el art. 87 del CPC, sin realizar un análisis jurídico y específico del problema planteado.
Por otra parte también se incurrió en una omisión valorativa, por cuanto la indicada Resolución no se pronunció respecto al punto "D" del recurso de elación referente a "...la prueba no aportada..." (sic), misma que exime de responsabilidad a su persona, pretendiendo las autoridades demandadas justificar el mal actuar del Juez a quo, sin referir si las probanzas extrañadas cumplen o no con la finalidad para las que fueron aportadas, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad, pues los elementos probatorios presentados constituyen plena prueba de la verdad material ocurrida en el caso de autos que, de haber sido valorada cambiaría la dirección de la Sentencia. En ese sentido, al no referirse expresamente sobre el valor probatorio otorgado al libro de ingreso de causas, libro diario, libro de constancias y quejas, libro de tomas de razón, fotocopias de memoriales de solicitud de reposición bajo alternativa de apelación interpuesta por ENDE, y cargos de recepción e ingreso a despacho, se omitió el mandato expreso de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), así como de la jurisprudencia constitucional concerniente a motivar o fundamentar las resoluciones.
I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, así como la inobservancia de los principios a la seguridad jurídica, a la igualdad, al equilibrio, a la justicia social, proporcionalidad, justicia material y supremacía constitucional; citando al efecto los arts. 8.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, disponiendo que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, emita un nuevo fallo debidamente fundamentado que anule la Resolución de primera instancia 14/2017, para que el Juez Disciplinario, de manera exhaustiva, motive y valore la prueba aportada observando los principios y garantías protegidos por la acción de amparo constitucional.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 460 a 463; se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
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