0316/2022-S2

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de beneficios en razón del cargo, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 245/2020 de 2 de septiembre, ordenó su detención preventiva en la Carceleta de Patacamaya del aludido departamento, determinación que recurrió en apelación incidental; empero, pese a haber desvirtuado los riesgos procesales, -alegando que cuenta con domicilio real acreditado de forma documental validada por Notario de Fe Pública-, esa decisión fue confirmada en alzada a través del Auto de Vista 382/2020 de 9 de septiembre, considerándolo como el acto lesivo de sus derechos, por ser arbitrario e "infundamentado", teniendo en cuenta que:

1. a)El Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandado-, identificó como fallo impugnado el Auto Interlocutorio 244/2020, que declaró la ilegalidad de la aprehensión, cuando el que correspondía era su similar 245/2020, que le impuso la medida extrema; sin considerar que el primer fallo ya estaba ejecutoriado;
2. b)El prenombrado sostuvo que se hubiera impugnado la calificación legal provisional de la imputación formal; sin embargo, apeló la falta de concurrencia del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en los presupuestos de probabilidad de autoría y riesgos procesales, resolviendo una cuestión distinta de forma arbitraria, sin fundamentación, basándose en prueba ilícita y presunciones indebidas; y,
3. c)Asimismo, el aludido aplicó de manera incorrecta al caso concreto los arts. 6, 7, 221, 222, 233, 234.1 y 2, 235.1 y 2, 235, 235 ter y 236 del citado Código, sin someter su decisión e interpretación de la legalidad ordinaria a los arts. 23, 25, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), lesionando los derechos al debido proceso y a la libertad en su carácter multidimensional asignado por el sistema internacional protectivo de los derechos humanos.

En uso de la réplica, luego de la lectura del informe del Vocal demandado, expresó que:

1. 1)Dicha autoridad sostuvo que, debía acreditar a través de un certificado de verificación domiciliaria, emitido por la Policía Boliviana, que tiene domicilio y sea anterior al hecho, cuando eso le incumbe al Ministerio Público;
2. 2)En cuanto al Auto de Vista confutado, pese a lo que indicó el citado Vocal resulta incongruente, pues refirió que solo necesitaba dos o tres días para tomar la declaración de "Susana"; entonces, porqué fijó cuarenta y cinco días de detención preventiva, y cuál la justificación para mantener como riesgo procesal una inspección que el mismo dijo que demoraría siete u ocho días; confirmando en parte el fallo de la Jueza a quo, y mantuvo la aludida medida extrema; ya que, solo redujo el tiempo de duración de noventa a cuarenta y cinco días; y,
3. 3)Adjuntó capturas de pantalla de las que se evidenció que solicitó al exsecretario codemandado la habilitación como presentador para subir documentos, reiterándola en cuatro oportunidades; no obstante, la autoridad demandada señaló que su persona inobservó el reglamento que cumple con el principio de reserva legal.

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito el 11 de septiembre de 2020, cursante de fs. 143 a 148, mediante el cual indicó que, en virtud al recurso de apelación incidental formulado por el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio 245/2020, pronunció el Auto de Vista 382/2020, confirmando el precitado fallo; en el marco del art. 398 del CPP, argumentando de la siguiente forma:

1. i)El nombrado sostuvo que un agravio surgió a causa de la mala aplicación del art. 233.1 del señalado Código con relación a la posible autoría, pues la autoridad a quo no hubiera considerado la SCP 0276/2018-S2; al respecto el art. 29 del Reglamento "12/2019" establece que: "...'los abogados intervinientes en la audiencia a momento de invocar o alegar o sustentar sus alegatos jurisprudencia ordinaria, constitucional o convencional deberán presentar dichos fallos en físico ante la autoridad jurisdiccional con fines de generar en la autoridad judicial convicción al emitir la respectiva resolución..."' (sic [resaltado ilustrativo]); lo cual, fue inobservado por el impetrante de tutela, quien pudo acompañar dicho fallo constitucional en físico, o a través de la plataforma Blackboard, pero al no hacerlo impidió su pronunciamiento;
2. ii)El justiciable reclamó la errónea tipificación de los hechos al tipo penal por el que se emitió imputación formal; sin embargo, no impugnó ni interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra ese requerimiento fiscal conforme estableció la SCP 1079/2016-S3 de 4 de octubre;
3. iii)El accionante formuló incidente de aprehensión ilegal, siendo resuelto a través del Auto Interlocutorio 244/2020; sino estaba de acuerdo con la determinación, pudo impugnarla, pero no lo hizo, apelando el Auto Interlocutorio 245/2020, que dispuso su detención preventiva; por lo que, su autoridad no puede pronunciarse sobre la aludida aprehensión al no haber sido objeto de recurso alguno;
4. iv)Respecto al art. 234.1 del CPP, en cuanto a la actividad laboral, advirtió que la Jueza de la causa sostuvo que, el hecho de que ya no sea el Director de Justicia Comunitaria no implicaba que no tenga un trabajo, pues señaló que ejerce la profesión de abogado, indicando que ese riesgo procesal no estaba vigente; asimismo, en lo concerniente al domicilio presentó ante la mencionada un acta notariada refiriendo como domicilio la urbanización 56 manzano 23 con superficie de 343 m2; empero, en su cédula de identidad y en la imputación formal figura la dirección av. Germán Bush calle 7 número 63; razón por la que, en el fallo de la Jueza a quo sostuvo que si bien existe domicilio; sin embargo, no demostró "habitualidad", siendo necesario un verificativo policial actualizado y congruente con los datos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y la cédula de identidad; lo cual tiene lógica, además la autoridad de control jurisdiccional orientó al encausado en este aspecto, no observando ningún agravio;
5. v)El art. 235.1 del Código Adjetivo Penal, estipula que este peligro procesal sería procedente cuando el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba, pero del fallo inferior advirtió que no se precisó en qué elementos de prueba influiría negativamente; siendo evidente el agravio por no estar claramente explicado ese riesgo procesal;
6. vi)Con relación al art. 235.2 del CPP, establece que se debe identificar a la o las personas que podrían ser amenazadas o influenciadas por el imputado; advirtiendo del Auto Interlocutorio de la Jueza de instancia que refirió: "...'el sindicado va influenciar negativamente en Susana Larrea con el fin de que sea reticente al llamado de la autoridad fiscal..."' (sic), quien juega un papel importante en el desdoblamiento del audio que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el desarrollo de una inspección técnica; por lo que, no advirtió agravio al existir el riesgo procesal;
7. vii)El art. 233 del aludido Código modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, prevé que se debe señalar el plazo de la detención preventiva para la realización de actos investigativos; en este caso, ut supra se refirió que "Susana Larrea" podría ser influida negativamente en su declaración; ya que, tendría relación con el desdoblamiento del audio y la inspección técnica ocular, para lo cual cuarenta y cinco días resultaría mucho tiempo; por ello, consideró que hubo agravio, debiendo reducirse el plazo de la detención preventiva, pues esos actos investigativos como la declaración y la mencionada inspección se pueden ejecutar en dos días y el desdoblamiento en quince;
8. viii)En lo concerniente a la salud, el accionante presentó un certificado médico particular analizado por médicos forenses, así también interpuso una acción de libertad, en el que, se estableció la no existencia de vulneración del aludido derecho, sin advertir agravio al respecto;
9. ix)Como aclaración indicó que, el día de la audiencia el sistema Blackboard tuvo fallas antes, durante y después de la misma; ahora bien, supuestamente se habría solicitado se cargue documentación a la plataforma, lo cual alegó sería falso, pues al momento de intervenir el abogado del peticionante de tutela no señaló tal aspecto, pudo incluso quejarse ante una supuesta negativa por parte del exsecretario de cámara de no permitirle subir documentación, pero no lo hizo, y su autoridad no consideró las sentencias constitucionales que mencionó el citado profesional, porque no presentó en físico ni en digital, por medio de plataforma como establece el Reglamento "12/2019"; y,
10. x)El impetrante de tutela ante la incomprensión del Auto de Vista emitido, pudo solicitar aclaración, complementación y enmienda, pero no sucedió; por lo tanto, al no haber agotado esa instancia rápida incumplió con la subsidiariedad, pretendiendo subsanar su negligencia a través de la vía constitucional; razones por las que, solicitó se deniegue la tutela.

Raúl Víctor Fuentes Nogales, exsecretario de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 11 de septiembre de 2020, cursante a fs. 137, expuso que:

1. a)Estuvo atendiendo de forma simultánea audiencias celebradas tanto en la Sala Penal Tercera -en suplencia legal-, como en la Cuarta -titular- respectivamente, del aludido Tribunal, demostrado a través de la tablilla de audiencias de 2 de igual mes y año, concerniente a las nombradas Salas;
2. b)El accionante no se comunicó con su persona a fin de que le proporcione el enlace de la audiencia virtual correspondiente o para que le preste colaboración en la descarga de los documentos; pese a que, esa labor le incumbe al Oficial de Diligencias; y,
3. c)Por último "...dicho proceso ya se encontraba debidamente transcrito y firmado y descono[ce] si el mismo ya se encuentra en el Juzgado de origen..." (sic); puesto que, dejó de ejercer funciones.

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/2020 de 14 de septiembre, cursante de fs. 152 vta. a 154, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El accionante sostuvo que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandado-, no consideró los fundamentos y pruebas que presentó; empero, el aludido no acreditó los supuestos agravios denunciados que denunció le hubiera causado el Auto de Vista 382/2020, pues la autoridad de alzada enmarcó su labor al principio de limitación por competencia conforme establece el art. 398 del CPP, pronunciándose sobre las cuestiones expuestas por el solicitante de tutela y la respuesta al mismo en observancia del principio de imparcialidad; y,
2. 2)En cuanto a que el exsecretario codemandado no solicitó que a través del sistema Blackboard se presente o se descargue documentación, ese aspecto escapó de la voluntad de las autoridades, y no fue observado en su momento por el ahora peticionante de tutela; además, el aludido exservidor de apoyo jurisdiccional manifestó que tuvo a su cargo varias audiencias de forma simultánea y que cumplió su trabajo.

En vía de aclaración y complementación el impetrante de tutela a través de su abogado, solicitó que:

1. i)Precise desde qué momento se computa el plazo de duración de "esa medida"; si la misma tiene fecha exacta en el Auto de Vista 382/2020, o desde la aprehensión ilegal el 31 de agosto de ese año, de la imposición de la medida cautelar el 2 de septiembre de igual año, o de la emisión de dicho fallo;
2. ii)Explique cuál la valoración que efectuó el Vocal demandado de los elementos de convicción y de las conclusiones de su determinación; y,
3. iii)Por qué se deslinda de responsabilidad al codemandado y aclare que normativa le releva a un secretario de sala penal a no estar presente en las audiencias de apelación; a lo que, la Jueza de garantías resolvió que debe remitirse al señalado Auto de Vista.

El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa y a la interpretación de la legalidad ordinaria; toda vez que:

1. a)Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 382/2020 de 9 de septiembre, de forma arbitraria y sin la debida fundamentación, confirmando el Auto Interlocutorio 245/2020 de 2 de igual mes, que ordenó su detención preventiva en la Carceleta de Patacamaya del aludido departamento; y,
2. b)Raúl Víctor Fuentes Nogales, exsecretario de la Sala Penal Cuarta -en suplencia legal de su similar Tercera- del aludido Tribunal, no le permitió subir o cargar documentos y sentencias constitucionales a la plataforma virtual; lo cual, generó que el nombrado Vocal demandado no considere fallos constitucionales atingentes a su caso que incidían en el art. 235.1 del CPP, afectando de sobremanera sus derechos invocados.