0316/2022-S4

La parte accionante solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Dejar sin efecto los proveídos 12-00231-20; 12-00274-20; y, 12-00288-20;
2. b)La nulidad de las notificaciones de los proveídos 12-00085-20 y 12-00170-20; y,
3. c)Se ordene el pago de costas daños y perjuicios.

La parte impetrante de tutela, a tiempo de ratificar el tenor de la acción de defensa interpuesta, ampliando la misma manifestó que:

1. 1)La AJ, continua reteniendo sus cuentas bancarias, más allá de lo que corresponde, emitiendo al efecto un proveído; por el que, le señalaron que no habrá ninguna devolución de dinero, en razón de haber interpuesto esta acción de amparo constitucional;
2. 2)El objeto de esta acción tutelar se encuentra vinculado estrictamente a la nulidad de notificación, siendo evidente que se le vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, porque se contravino el art. 29 del DS 2174, que regula la notificación en secretaría; puesto que los emplazamientos, notificaciones y citaciones para tener validez, deben ser practicadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del signatario, lo que no ocurrió en el caso concreto, tal es así, que incluso presentó un recurso jerárquico por silencio administrativo, ya que no tuvo conocimiento de la resolución del recurso de revocatoria planteado en una anterior oportunidad;
3. 3)Al no considerar el fondo de la nulidad incoada, bajo el pretexto de que la resolución no es un acto administrativo definitivo, se lesionaron sus derechos, puesto que, la decisión de no dar lugar a la nulidad es un acto ejecutivo que debía ser atendido conforme los recursos de revocatoria y jerárquico; por lo tanto, corresponde dejar sin efecto los proveídos 12-00231-20, 120074-20 y 12-00288-20, porque los mismos son producto de la falta de notificación de los proveídos 12-00085-20 y 12-00170-20; o en su caso, se deje sin efecto el Auto que rechaza su recurso jerárquico, ya que al ser un acto administrativo definitivo, corresponde disponer la tramitación de esa impugnación; a fin de que la autoridad competente analice el fondo de lo pretendido;
4. 4)El proceso contencioso administrativo al que hace referencia la parte demandada, cuestiona el fondo del proceso, no así de las notificaciones. Esta demanda mediante Auto de 9 de octubre de 2020, ha sido rechazada; es decir que, nunca fue admitida; por lo que, no existe otro trámite paralelo.

Jessica Paola Saravia Atristaín, actual Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego, por informe presentado el 20 de abril de 2021, cursante de fs. 387 a 399, y en audiencia manifestó lo que sigue:

1. i)La accionante no realizó fundamentación alguna sobre la supuesta lesión de sus derechos, ni identificó de manera concreta la relación existente entre la actividad desarrollada por la AJ y la manera en la que ésta vulneró sus derechos, transcribiendo únicamente Sentencias Constitucionales;
2. ii)En el apartado III del memorial de esta acción tutelar se señala que existe un nexo causal entre los hechos ocasionados con la emisión de los proveídos 12-00055-20; 12-00085-20; 12-00170-20, refiriendo de manera genérica que dichas resoluciones transgreden el art. 29 del DS 2174, puesto que no se habría considerado que la accionante sí fijó domicilio en el encabezado de sus memoriales; empero contradictoriamente en su petitorio solicitó se deje sin efecto los proveídos 12-00231-20; 12-00274-20 y 12-00288-20, sobre los cuales no demostró nexo de causalidad, con los derechos presuntamente vulnerados;
3. iii)El cómputo para la interposición de esta acción de defensa debe realizarse a partir del primer actuado que denunció la accionante de vulneratorio, es decir, a partir de la notificación practicada el 27 de febrero de 2020, con el proveído 12-00055-20, extremo que es reforzado en virtud al nexo de causalidad establecido por la impetrante de tutela, quien consideró vulnerados sus derechos con la emisión de los proveídos 12-00085-20; 12-00170-20; entendiéndose que estos son los actos que considera le causaron agravio, consiguientemente se tiene que la presente acción tutelar fue presentada extemporáneamente;
4. iv)El 14 de septiembre de 2020, la AJ emitió el Auto de Firmeza Administrativa 27-00014-20, mediante el cual se declara agotada la vía administrativa y firme la Resolución Sancionatoria que determinó la existencia de infracción; emitiéndose posteriormente el Auto 11-00014-20, de la misma fecha; por el cual, se conminó a la administrada el pago de la multa correspondiente, siendo estos actuados notificados el 18 de septiembre de 2020, prueba de ello es el memorial de 22 de septiembre por el que formula nulidad de notificación de los proveídos 12-00085-20; 12-00170-20 y Auto 11-00164-20, consecuentemente, aún de considerarse la notificación el 18 de septiembre de 2020, como la fecha en la que recién se hubiera conocido de la presunta irregularidad en las diligencias de notificación, la interposición de la acción de amparo constitucional debió efectuarse hasta el 18 de marzo de 2021; empero, ésta fue presentada el 31 del indicado mes y año, es decir, fuera de plazo;
5. v)La nulidad de notificación invocada por la impetrante de tutela, no se encuentra prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, como tampoco en el DS 2174, en consecuencia, todos los proveídos generados a partir de aquella solicitud de nulidad, no pueden ser consideradas como actuaciones de la administración que permitan el cómputo para la interposición de la acción de amparo constitucional;
6. vi)La solicitante de tutela, busca confundir el plazo que debe computarse para la interposición de esta acción de defensa, que a su criterio sería a partir de la emisión del proveído 12-00288-20; sin embargo, debe considerarse que el recurso jerárquico que mereció como respuesta el referido proveído, es el segundo recurso jerárquico presentado dentro del proceso sancionador y éste último fue interpuesto contra el proveído 12-00274-20, que responde al recurso de revocatoria interpuesto contra el proveído 12-00231-20 que atiende la solicitud de nulidad inidónea; consiguientemente, el recurso jerárquico resulta inidóneo y no puede considerarse un acto válido;
7. vii)Conforme establece la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, las cuestiones incidentales como la solicitud de nulidad presentada por la administrada, no puede ser tramitada por cuerda separada cuando ya existe dentro del proceso administrativo sancionador una Resolución firme, declarada en el Auto de Firmeza Administrativa 27-00014-20, en consecuencia los recursos de impugnación interpuestos a raíz del rechazo de solicitud de nulidad de notificaciones, fueron interpuestos al margen del ordenamiento jurídico previsto. En tal sentido, el órgano emisor de la resolución o acto cuestionado, por impero legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo;
8. viii)El 6 de octubre de 2020, la administrada presentó demanda contenciosa administrativa contra el Auto de Firmeza Administrativa 27-00014-20, y los proveídos 12-00085-20 y 12-00170-20; extremo que no fue mencionado por la peticionante de tutela, no habiéndose agotado esa vía activada; incurriendo en consecuencia en la causal inserta en el numeral 1 del art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
9. ix)La multa impuesta de UFV's10 000.- ya fue cancelada por la administrada, habiendo la misma por memorial de 24 de febrero de 2021, manifestado haber cumplido la finalidad de cobro de la multa impuesta, lo que demostró el consentimiento de la administrada; puesto que, todos los recursos idóneos e inidóneas interpuestos por la ahora accionante, tenían la finalidad de evitar la imposición de la multa por infracciones administrativas, de donde se estableció que los derechos vulnerados habrían cesado en sus efectos; y,
10. x)Dentro del proceso administrativo iniciado contra la empresa de propiedad de la accionante se ha cumplido con todas las disposiciones jurídicas aplicables, habiendo se observado el debido proceso y resguardado el derecho a la defensa.

Antonio Yader Torrico Zenteno, actual Director Regional Santa Cruz, de la Autoridad de Fiscalización del Juego, por informe presentado el 29 de abril de 2021, cursante de fs. 424 a 426, manifestó lo siguiente:

1. a)La Dirección Regional Santa Cruz a la que representa, no llevó adelante ningún proceso administrativo, ni mucho menos emitió una Resolución Sancionatoria con el numero "10-000112";
2. b)La parte actora no tiene legitimación activa para interponer alguna acción de defensa en contra de la Autoridad de Fiscalización del Juego, toda vez que, el poder es insuficiente para actuar en esta acción tutelar;
3. c)Se tiene un recurso de revocatoria que fue rechazado por no cumplir con los requisitos establecidos en el DS 2174, Resolución que supuestamente hubiese vulnerado algún derecho de la impetrante de tutela, empero, como Director Regional de Santa Cruz, no tiene la jurisdicción ni competencia para resolver los recursos de impugnación y menos para emitir algún auto o proveído que resuelva dicha impugnación, en tal virtud, su persona no cuenta con legitimación pasiva para ser demandado; y,
4. d)La parte accionante no describió el nexo causal entre los hechos y los supuestos derechos lesionados, y cómo es que estos últimos fueron vulnerados; tampoco explicó de qué forma se contravino su derecho a la defensa y en qué caso se le impidió hacer uso de algún derecho. Advirtiéndose en todo caso, que la prenombrada tuvo pleno conocimiento desde el inicio del proceso sancionador, por lo cual presentó memoriales y notas de descargo que hace el cumplimiento a su derecho a la defensa.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 89/2021 de 29 de abril, cursante de fs. 444 a 450 vta., denegó la tutela solicitada; manifestando los siguientes fundamentos:

1. 1)Con relación al principio de inmediatez, se tiene que la parte accionante fue notificada el 17 de noviembre de 2020, con el proveído que resolvió su recurso jerárquico, encontrándose en consecuencia dentro del plazo previsto por la norma constitucional para interponer esta acción tutelar;
2. 2)Respecto al principio de subsidiariedad, en el entendido de no haberse agotado la demanda contenciosa administrativa, se advirtió que por Auto Supremo (AS) de 9 de octubre de 2020, dicha demanda fue rechazada, en tal circunstancia, no se tiene activa una acción paralela;
3. 3)En cuanto a los presuntos actos consentidos, al haber la impetrante de tutela solicitado el levantamiento de sus cuentas, previo pago de la suma que ha sido fijada como sancionatoria; se tiene que dicho acto no ha sido anterior o dentro del proceso administrativo, sino posterior a la fase de la ejecución; en tal sentido, al ser posterior a la emisión de las resoluciones y de los proveídos que hoy en día son cuestionados y que no constituirían presuntamente los actos lesivos, no corresponde otorgar mérito al criterio de acto consentido;
4. 4)Ingresando al fondo de la problemática, se advirtió que tanto el Auto de Apertura de Proceso Administrativo 09-00156-19; como la Resolución Sancionatoria 10-00011-20, le fueron notificados a la ahora impetrante de tutela en su domicilio ubicado en la av. Beni 3570, zona Barrio Hamacas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con los cuales se puso en conocimiento de la administrada el inicio de apertura del proceso sancionador y las principales resoluciones señaladas con anterioridad;
5. 5)Se evidenció que Claudia Grace Ferrufino Jáuregui, fue notificada con el proveído 12-800055-20, en Secretaría de la Autoridad de Fiscalización del Juego de conformidad a lo previsto por los arts. 33.III de la LPA y 29 del DS 2174;
6. 6)El Reglamento de Procedimiento Sancionador de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego -DS 2174- sobre las notificaciones en secretaría, señala que las notificaciones de las providencias y resoluciones a los administrados que no constituyan domicilio, se practicarán en secretaría o en la oficina señalada por la autoridad del órgano o entidad administrativa los días lunes y jueves mediante diligencia sentada en el expediente. Al respecto, considerando que la accionante observa en esta acción tutelar el conocimiento de las notificaciones practicadas a su persona con los proveídos 12-00085-20, 12-00170-20 y el Auto de Firmeza Administrativa 27-00014-20 y que por tal razón hubiese presentado incidente de nulidad de notificación, que fue rechazado por proveído 12-00231-20, en virtud de haberse cumplido con el DS 2174; se advirtió que la accionante hasta después de haber presentado el memorial de 6 de noviembre de 2020, recién señaló domicilio procesal, tal cual debía haberlo hecho en su primera actuación o en su primera solicitud ante la Autoridad de Juego; vi) El recurso de revocatoria presentado por la accionante, fue observado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, mediante proveído 12-00055-20, otorgándole un plazo de cinco días a efectos de subsanar lo observado, lo que no fue cumplido por la solicitante de tutela; motivo por el cual, la referida entidad mediante proveído 12-00085-20, rechazó el recurso de revocatoria, no habiéndose resuelto el fondo de esa impugnación; razón por la que no se dio curso al recurso jerárquico que también interpuso la parte accionante; lo que generó posteriormente la formulación del incidente de nulidad de notificación por la impetrante de tutela, que dio lugar al Proveído 12-000231-20, que rechazó el mismo, no habiéndose en consecuencia lesionado el derecho a la defensa señalado por la parte accionante;
7. 7)No se advirtió en el memorial de demanda como en la audiencia de esta acción tutelar que la parte solicitante de tutela hubiese explicado el nexo de causalidad respecto a la falta de notificaciones, cuando las mismas se han realizado en su domicilio y en la oficina de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en cumplimiento de la norma señalada y prevista en el DS 2174;
8. 8)Se ha concluido con el procedimiento administrativo sancionador, el mismo que adquirió firmeza; por lo que, de dejarse sin efecto algunas notificaciones sobre proveídos, no tendría mayor incidencia por cuanto ya se procedió incluso a la ejecución de esos actos administrativos emitidos por la autoridad demandada; y,
9. 9)Una vez admitida la acción de amparo constitucional, no puede alegarse nuevos hechos y derechos, en consecuencia el memorial por el que se reclama aspectos sobre el levantamiento de cuentas, que no fueron planteados en la demandada tutelar, no corresponde ser dilucidado en esta acción de amparo constitucional.