0317/2019-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0317/2019-RCA Sucre, 15 de octubre de 2019

Expediente: 31094-2019-63-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro

En revisión la Resolución de 17 de septiembre de 2019, cursante de fs. 129 a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Daniel Arancibia Bracamonte contra Osvaldo Fernández Quispe y Filimón Condori Calizaya, Presidente y Vocal de la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Antonio Menacho Aillón, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2019, cursante de fs. 118 a 128, el accionante señala que el 18 de igual mes de 2013, la Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AB-GROGR-ULEOR 066/2013, misma que declaró probada la infracción administrativa del concesionario de depósito de Aduana -Depósitos Aduaneros Bolivianos- (DAB), por haber incumplido las obligaciones establecidas en el art. 60 del Reglamento para la concesión de depósitos de Aduana; asimismo, en aplicación de los arts. 83.23 y 85 inc. c) del Reglamento para la concesión de depósitos de Aduana, se aplica la multa de 19698.63 UFVs al concesionario de depósito de Aduana D.A.B.

La Resolución Sancionatoria precedentemente citada, fue confirmada por la Resolución de recurso de revocatoria AN-GROGR ULEOR 035/2013 de 17 de octubre y la Resolución de recurso jerárquico R.D. 03-012-14 de 27 de marzo, en tal antecedente, mediante Nota con CITE: AN GROGR ULEOR 074/2014 de 21 de abril, se conminó a Depósitos Aduaneros Bolivianos al pago de la multa respectiva dentro del plazo de 10 días computables a partir de la recepción del requerimiento de pago, advirtiendo al mismo tiempo que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución coactiva en sede judicial, conforme a lo previsto por el art. 114 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 -del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo-; empero, pese a su requerimiento, el concesionario de DAB, no contestó al requerimiento en sentido alguno, ni efectuó el pago de la cantidad adeudada, obligando a la ANB, a acudir a la vía judicial para el cobro de la multa impuesta, a raíz de una infracción administrativa cometida por el concesionario.

No habiendo dado cumplimiento a la conminatoria de pago efectuada mediante Nota al concesionario de recinto aduanero DAB, la Administración Aduanera planteó demanda coactiva fiscal por memorial de 20 de abril de 2015, que posteriormente a través de memorial de 19 de mayo de 2015 fue modificada como demanda de ejecución de cobro coactivo, la cual fue admitida por el Auto 57/2015 de 25 de mayo, emitido por el Juez codemandado, por el cual se resolvió la admisión de la demanda, habiéndose emitido la respectiva Nota de cargo.

Contestada la demanda de ejecución de cobro coactivo, y respondida la misma por parte de la Gerencia Regional de Oruro de la ANB, el Juez de la causa, emitió el Auto 51/2016 de 27 de septiembre, que resolvió declarar probada la nulidad de obrados y consiguientemente la "incompetencia en razón de materia", formulada por la entidad demandada, entre otros puntos.

Habiéndose notificado la Administración Aduanera con el Auto 51/2016, dentro del plazo legal establecido, interpuso recurso de apelación, por considerar que dicho fallo vulnera los derechos y garantías constitucionales de la referida entidad, al pretender desconocer su competencia para la sustanciación del presente caso, cuando en el estado procesal del mismo, ya se encontraba para la emisión del Informe Técnico y posterior Sentencia.

De esa manera, en apelación, la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista AV-SECCA-SA 28/2019 de 15 de marzo, confirmó el Auto 51/2016 concluyendo que el fallo impugnado se encontraba debidamente fundamentado.

I.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de resoluciones judiciales, al juez natural y competente, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 24, 115.2, 179.1, 178.I, 180, 202 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).