0318/2019-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0318/2019-RCA Sucre, 15 de octubre de 2019

Expediente: 31095-2019-63-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro

En revisión la Resolución de 17 de septiembre de 2019, cursante de fs. 129 a 131, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Daniel Arancibia Bracamonte, Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra Osvaldo Fernández Quispe, Presidente, Filimón Condori Calizaya, Vocal, ambos de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia Oruro, Antonio Menacho Aillón, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2019, cursante de fs. 118 a 128; el accionante menciona que previo trámite administrativo la Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) emitió la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULFOR 026/2013, misma que declaró probada la infracción administrativa al concesionario de Depósito de Aduana "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por haber incumplido las obligaciones establecidas en el art. 83.2 del Reglamento para la Concesión de Deposito de Aduana, disponiéndose también la aplicación de una multa que asciende a 3.939.72 UFVs (Tres mil novecientos treinta y nueve 72/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), confirmada mediante Resolución de Recurso de Revocatoria AN GROGR ULEOR 018/2013 de 19 de junio y Resolución de Recurso Jerárquico R.D 03-036-13 de 6 de noviembre de 2013; con esos antecedentes mediante nota AN GROGR ULEOR 020/2014 de 20 de enero, se conminó a DAB al pago de la multa respectiva dentro del plazo de diez días computables a partir de recibir el requerimiento de pago, advirtiéndoles que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución coactiva en sede judicial conforme lo previsto por el art. 114 del Decreto Supremo (DS) 27113 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Ante el incumplimiento a dicha conminatoria interpusieron la demanda coactiva fiscal el 20 de abril de 2015, modificada el 19 de mayo de igual año, como demanda de ejecución de cobro coactivo, admitida mediante Auto 31/2015 de 22 de mayo, por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, emitiéndose la correspondiente nota de cargo por la suma de UFVs. 3.939.72.- contestada la demanda y respondida por la Gerencia Regional de Oruro de la ANB, el Juez de la causa dictó el Auto 39/2016 de 22 de septiembre, declarando probada la nulidad de obrados planteada y consiguientemente la incompetencia en razón de materia formulada por la entidad demandada DAB, disponiendo la remisión de la causa al Juez competente de turno en materia civil y comercial; determinación que la Administración Aduanera apeló, por considerar que al pretender desconocer su competencia para la sustanciación de la demanda, cuando según el estado procesal del mismo ya se encontraba para la emisión del Informe Técnico y posterior Sentencia; recurso que fue resuelto por los Vocales de la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitiendo el Auto de Vista AV-SECCASA 27/2019 de 14 de marzo, en total desacato al marco constitucional y jurisprudencia, vulnerando la garantía del debido proceso y el principio de seguridad jurídica al resolver confirmar el auto apelado, el cual no cuenta con un análisis debidamente fundamentado, motivado y congruente.

I.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega la vulneración de los derechos de la entidad a la que representa al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia y los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio