Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0318/2026-CA Sucre, 23 de junio de 2026
Expediente: 84915-2026-170-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución de 20 de abril de 2026, cursante de fs. 3 a 5, pronunciada por el ex Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Carmen Alicia Ortiz Hoyos, demandando la inconstitucionalidad del art. 47.II. inc. b) del Reglamento Interno del Personal del GAM de Santa Cruz aprobado mediante Decreto 57/2022 de 26 de enero, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y IV, 24, 109, 115, 116, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 6 de abril de 2026, cursante de fs. 8 a 14 vta., dentro del proceso administrativo que le sigue la Autoridad Sumariante del GAM de Santa Cruz de la Sierra en su contra; sostiene que, el art. 47.II. inc. b) del Reglamento Interno del Personal de ese municipio, con relación a las faltas gravísimas con destitución: señala: "b) Incurrir en las prohibiciones establecidas conforme el presente Reglamento cuando éstas no se encuentren sancionadas en normativa específica", lo que permite la imposición de sanciones administrativas aun cuando la conducta no se encuentre previamente tipificada en una norma específica, habilitando una cláusula sancionadora abierta e indeterminada; en consecuencia, no se conoce anticipadamente qué conducta será sancionada, dejando a la discrecionalidad del sancionador; motivo por el cual, se vulnera el art. 14 de la CPE, al permitir imponer consecuencia jurídicas sin mandato legal previo.
La ausencia de tipificación concreta debilita la motivación administrativa, convirtiendo la respuesta estatal en arbitraria y contraria al estándar constitucional de fundamentación exigido por el art. 24 de la Norma Suprema. La norma reglamentaria excede su potestad normativa y contradice el art. 109 de la Ley Fundamental. La aplicación de la norma denunciada afecta estructuralmente el debido proceso protegido por el art. 115 de la CPE. La amplitud normativa genera un espacio de discrecionalidad incompatible con el estándar constitucional de imparcialidad exigido por el art. 120 de la citada Norma Suprema. La norma impugnada vacía de contenido práctico el derecho a recurrir, vulnerando el art. 180 de la Ley Fundamental.
La jurisprudencia constitucional en las , y 0394/2014 de 25 de febrero, establecieron que el derecho administrativo sancionador se encuentra sometido a las garantías esenciales del derecho penal; así, debe respetar los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, culpabilidad y proporcionalidad.
En aplicación del test de proporcionalidad, si bien la finalidad aparente de la norma es preservar la disciplina institucional; sin embargo, la ausencia de reglas claras impide orientar la conducta de los servidores públicos, únicamente amplía la capacidad sancionadora posterior de la administración; por ello, la medida resulta deficientemente idónea. En cuanto a la necesidad, existen medios menos restrictivos plenamente constitucionales para alcanzar el mismo fin, la administración optó por sancionar sin tipificación previa; en consecuencia, la medida no supera el juicio de necesidad. Respecto a la proporcionalidad, en sentido estricto, el equilibrio constitucional se rompe al privilegiar la discrecionalidad administrativa sobre las garantías fundamentales.
Mostrando 10 de 50 parrafos.