Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 64607-2024-130-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AAC-039/2024 de 23 de mayo, cursante de fs. 378 a 387, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba contra Nuria Gisela Gonzáles Romero y Ricardo Tórres Echalar, Ex Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 14 y 27 de marzo; y, 8 de abril de 2024, cursantes de fs. 68 a 79 vta.; 84 a 85 vta.; y, 90 a 91, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, suscribió un contrato con la empresa de Ingeniería y Construcciones Venecia Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) -ahora tercera interesada-, expresado en la Escritura Pública -Testimonio- "427"/2016 -siendo lo correcto 467/2016- de 24 de marzo, para la "'Construcción de la Terminal Interprovincial D-3 Quillacollo"' que se caracterizó por una serie de irregularidades e incumplimientos en complicidad del ex Alcalde y anteriores funcionarios públicos; por lo que, al constatarse del incumplimiento de alguna de sus cláusulas, se determinó no desembolsar la Planilla 9 para proceder con el pago de Bs1 122 167,51.- (Un millón ciento veintidós mil ciento sesenta y siete 51/100 bolivianos) hasta que todas las observaciones técnicas se subsanen; no obstante, el 29 de mayo de 2019, la empresa hoy tercera interesada formuló demanda contenciosa "administrativa" contra el referido Gobierno Autónomo Municipal, emitiendo los Vocales de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la Sentencia 003/2022 de 23 de mayo, declarando probada en parte la demanda en cuanto al cumplimiento del contrato administrativo referente a la indicada Planilla 9; decisión contra la que el 15 de marzo de 2023, el accionante en representación del citado Gobierno Autónomo Municipal, formuló recurso de casación, alegando una serie de agravios, pronunciando José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, el ahora cuestionado , por los siguientes aspectos:
De manera ilegal e indebida José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitieron una resolución -AS 376- sin congruencia externa ni fundamentación, distorsionando lo alegado en los diferentes memoriales y contrariando principios de rango constitucional como el pro actione y verdad material, sin explicar de manera lógica y jurídica las razones por las cuales no ingresó a resolver la totalidad de los agravios denunciados, incurriendo en una ilegalidad al pronunciar una resolución incongruente y sin fundamentación adecuada, existiendo una falta de coherencia entre lo deducido en el recurso de casación y lo argumentado en el AS 376; puesto que, niega lo resuelto por la Sentencia 003/2022, alegando que el plazo para que el municipio de Quillacollo proceda al pago de la empresa contratista -ahora tercera interesada- ya hubiese concluido, en una interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 339 y 345 del Código Civil (CC), teniendo en cuenta que para procesar el pago parcial o final de obras, bienes o servicios en una entidad municipal se deben elaborar planillas que serán revisadas por el Supervisor de Obra para su aprobación o devolución con las observaciones correspondientes, para luego el Fiscal de Obra emitir un informe; y ser remitido posteriormente la carpeta al Oficial Mayor Técnico, para luego enviarse la correspondiente planilla a la Dirección de Presupuestos, y después de ello pasarla a la Unidad de Contabilidad para la revisión de la documentación de respaldo y elaboración del cheque; no obstante, en el caso, se pudo averiguar que el motivo de la no cancelación de lo adeudado se debió a que la parte administrativa de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo observó la falta del Libro de Órdenes en el que se inserta las instrucciones y acuerdos técnicos sobre la obra, sin que ese hecho absoluto, inevitable, invencible e imprevisible constituya una causa no imputable del incumplimiento; ya que, similar situación ocurre con el tiempo que se precisa para procesar el pago en la Dirección de Finanzas del referido municipio.
En respuesta al recurso de casación interpuesto por la empresa hoy tercera interesada, alegaron que no se interpretó correctamente el procedimiento para el pago reclamado por la referida empresa contratista; por cuanto, la Cláusula Cuadragésima del contrato administrativo establecía que el procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación final debía ser preparado y aprobado por el Supervisor de Obra en el plazo máximo de treinta días calendario, para luego ser remitido al Fiscal de Obra, quien luego de aprobarlo y pedir las aclaraciones pertinentes debía enviarlo a la dependencia respectiva para procesarse el pago respectivo y al tratarse de un proyecto financiado con recursos provenientes del Programa Nacional "'BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE"' en virtud al Convenio suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo; por lo que, se hizo notar que la falta del pago reclamado no solo se debió a la ausencia del Libro de Órdenes para realizar el desembolso sino también, conforme la Cláusula "40" del contrato administrativo, al envío de los archivos a la UPRE, sin que se tenga un término especifico; por lo que, la empresa ahora tercera interesada argumento mal cuando expresó que dio cumplimiento al procedimiento.
Por su parte José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciar el cuestionado AS 376, declarando infundado el recurso de casación, alegaron que se realizó una simple mención sobre la existencia de infracción a los arts. "335" y 349 del CC; cuestionaron la interposición del referido recurso sin técnica recursiva y limitándose a copiar las Cláusulas Trigésima Novena y Cuadragésima del contrato, sin explicar cómo esos artículos hubiesen sido vulnerados; refirieron que el agravio expuesto en la impugnación sobre la existencia de trámites para proceder con el pago demandado en observancia de la Planilla 9, solo se trataba de una justificación al retraso del mismo; señalaron sobre la respuesta al recurso de casación que interpuso la empresa hoy tercera interesada, en el que se manifestó que la falta de pago se generó porque debía realizarse un trámite ante la UPRE para considerar cumplidas las obligaciones y desembolsar el pago siguiendo lo previsto en la Cláusula Vigésima, lo que no afectaría a esa empresa al no encontrarse vinculada con dichos procedimientos, incurriendo así en las siguientes ilegalidades:
Primero.- Descontextualización de los fundamentos del agravio expuesto en el recurso de casación, para concluir erróneamente que solo tenían por finalidad justificar el retraso en el pago correspondiente a la Planilla 9 consignada en el contrato administrativo con la empresa hoy tercera interesada, careciendo de sustento técnico; ya que, solo se trataría de un pretexto en la demora del pago, mas no una justificación de las razones de la no cancelación; efectuando al respecto una interpretación sesgada; puesto que, no se pretendió reconocer que existía una obligación de pago que debía ser efectivizada por el municipio de Quillacollo, sino el incumplimiento de un aspecto fundamental que no permitió su procedencia, como es la falta del Libro de Órdenes para verificar si todas las condiciones técnicas estaban cumplidas y dar su conformidad; y, por finalizada la obra y el Visto Bueno respectivo para la procedencia del pago; extremo al que se sumó que, la falta de un elemento de capital relevancia diera paso a cumplir lo determinado en la Cláusula Cuadragésima del mencionado contrato que establece que, de existir un certificado final el Supervisor de Obra debía remitirlo al Fiscal de Obra en el plazo de treinta días quien luego de aprobarlo debía enviarlo a la UPRE, situación que no era desconocida para la citada empresa demandante, al suscribir dicho contrato y que cualquier tipo de finalización para exigir el pago de una planilla se debía contar con toda la documentación respectiva y aprobación de la UPRE, aspectos que de no concurrir tornaban la pretensión en una de imposible cumplimiento, sin que sea posible ejecutar algunas acciones de no existir coordinación y el desembolso de otros niveles de Gobierno; ya que, la mencionada empresa al no estar vinculada no tenía por qué sufrir las consecuencias negativas que podían devenir del mismo, vulnerando el derecho al debido proceso sustantivo.
Segundo.- Se emitió una resolución -AS 376- con falta de congruencia externa que no guarda coherencia ni correspondencia entre los planteamientos deducidos en el recurso de casación y lo expuesto en el memorial de respuesta al recurso de casación formulado por la empresa ahora tercera interesada, en el que se alegó que no se procedió al pago correspondiente a la Planilla 9 del contrato administrativo demandado de incumplimiento por una imposibilidad sobreviniente prevista en la Cláusula Cuadragésima, al tener que dar la UPRE en revisión, conformidad con todos los aspectos técnicos sobre el desembolso del dinero y el citado Auto Supremo que se impugna; puesto que, de acuerdo con el principio de exhaustividad, el cuestionado AS 376 es incoherente y carece de sustento jurídico al dar respuestas evasivas que distorsionan lo alegado en el recurso de casación formulado y la respuesta presentada.
Sobre la relevancia constitucional manifestó que, de concederse la tutela y ordenarse se emita una nueva determinación, existirá la obligación de responder a cada uno de los agravios expresados y la existencia de un Libro de Órdenes a efectos de viabilizar un pago que se encuentra en coparticipación de financiamiento con el Gobierno central a través de la UPRE dependiente del Ministerio de Gobierno, que tiene la obligación de analizar la correspondencia o no del pago, a efectos que la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, tenga la posibilidad de iniciar la acción de repetición al nivel central por los fondos determinados en su pago o en su defecto se declare fundado el recurso de casación y se reparen los agravios.
I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados
Mostrando 17 de 85 parrafos.