Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 55162-2023-111-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 02/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 22 vta. a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Vidal Soruco Retamozo contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 25 de abril de 2023, cursante de fs. 2 a 9 vta., el accionante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Eliana Carballo Cerezo, el 24 de marzo de 2023, en audiencia de consideración de medidas cautelares, acto procesal en el que la Jueza de Instrucción Cautelar en lo Penal Primera de Villa Montes del departamento de Tarija, determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre ellas, la detención domiciliaria sin derecho al trabajo y sin escolta policial; arraigo nacional, dos garantes solventes por el monto de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) cada uno, exponiendo en sus fundamentos poco criterio y objetividad, al haber considerado la existencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Apelada dicha determinación, fue confirmada mediante Auto de Vista "32/2023" (sic) de 3 de abril, emitido por la Vocal demandada, con evidente vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, así como la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculada con el derecho a la vida, al trabajo y la salud puesto que, al otorgarle una medida cautelar tan gravosa se restringe su derecho a la libre locomoción, dando como resultado que no pueda cumplir su función docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), siendo su única fuente de ingreso durante más de treinta años y el sustento de su familia con la agravante de afectación a su salud debido a que padece de diabetes mellitus tipo II, que requiere atención médica diaria y compra de medicamentos; por último, la cancelación de sus obligaciones crediticias. Todos esos aspectos no fueron mencionados en la audiencia de apelación.
Respecto a la prueba de descargo no valorada, indicó que no fueron consideradas las siguientes pruebas:
- a)Testifical que negó en forma unánime, la existencia de algún hecho ilícito en las circunstancias y fechas denunciadas por la supuesta víctima;
- b)Memorial dirigido al Decano de la Facultad Integrada de Villamontes, de solicitud de tutoría para la denunciante y testigos de cargo;
- c)Informes policiales de 9 de enero de 2023;
- d)Certificado de trabajo;
- e)Registo Judicial de Antecedentes Penales (REJAP);
- f)Certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia en razón de Género (SIPPASE); y,
- g)Certificado médico forense que dio a conocer el deterioro de su estado de salud, al punto de requerir atención médica de emergencia, como consecuencia de su detención preventiva por tres días en la Carceleta de Villa Montes del departamento de Tarija, medida que fue dispuesta de manera injusta por una negligente valoración de la prueba, posteriormente desvirtuada.
Al no haberse valorado la prueba de descargo, la Vocal demandada omitió fundamentar y motivar el Auto de Vista "32/2023", de haberlo realizado, se habría advertido que no existe autoría en cuanto al delito denunciado; toda vez que, el hecho atribuido nunca ocurrió. Siendo de la tercera edad y cuyo estado de salud se encuentra afectado por la diabetes mellitus tipo II, es un atentado a su derecho a la vida disponer su encierro sin derecho a salir en el caso de que se produzca una emergencia médica; de igual modo, se afecta su derecho al trabajo porque su única fuente de sustento es su cargo de docente en la Universidad antes mencionada.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, así como la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculada con el derecho a la vida, al trabajo y la salud, citando al efecto, el art. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo se ordene el restablecimiento de las formalidades legales y la anulación del Auto de Vista "32/2023" (sic) de 3 de abril, así como la emisión de una nueva resolución que ordene su libertad irrestricta sobre la base de los antecedentes de la presente acción.
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