Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 77321-2025-155-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 067/2025 de 27 de agosto, cursante a fs. 62, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego Mauricio Mayta Arias contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Decimotercero del departamento de La Paz, Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental de La Paz; y, Lizeth Genara Carvajal Limachi, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 30 de julio de 2025, cursante a fs. 1, 32 a 44, el accionante, manifiesta que, dentro del proceso de violencia familiar o doméstica seguido en su contra, presentó objeción al rechazo de requerimientos fiscales y proposición de diligencias, dispuesto por decreto de 24 de junio de 2025 por la Fiscal de Materia, y que fue de su conocimiento el 26 de igual mes y año; habiendo solicitado la remisión de antecedentes al Fiscal Departamental de La Paz, quien debía responder dentro de las setenta y dos horas; sin embargo, de manera totalmente abusiva, éste lo hizo el 2 de julio de 2025, siendo notificado recién el 26 del mismo mes y año, lo que motiva la interposición de la presente acción de amparo constitucional por respuesta tardía y violación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, así como al art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece el plazo para la respuesta a la proposición de diligencias.
Asimismo, la citada Fiscal de Materia, demostró parcialización hacia la supuesta víctima, violando el principio de objetividad al considerarle culpable de una falacia armada por despecho, pues el 7 de diciembre de 2024, a la hora aproximada que señala la supuesta víctima que se la empujó en un barranco, no existió acercamiento a su domicilio conforme a la evidencia de videovigilancia y su declaración, mientras que el Ministerio Público no solicitó pruebas anticipadas, como los registros del teleférico, demostrando negligencia en la preservación de la evidencia.
Asimismo, se evidencia que la referida Fiscal, le respondió reiteradamente negando a su memorial de 23 de junio de 2025; puesto que, mediante decreto del 24 de igual mes y año, sin fundamentar su negativa, aludió al acta de representación de la perito Carla Gimena Miranda Martínez, pese a que la supuesta víctima no concurrió a su valoración, lo cual no justifica la omisión de la pericia psicológica, que es vital debido a las múltiples declaraciones contradictorias; así como, del certificado médico forense y la geolocalización de telefonía celular, demostrando inconsistencias en la versión de los hechos; además, de no presentarse de manera deliberada a las inspecciones técnicas oculares programadas en abril, junio y julio de 2025, alegando no haber sido notificada, lo cual contradice los registros de notificación legal, evidenciando intentos de entorpecer la investigación y reforzando la necesidad de la pericia psicológica para determinar el grado de veracidad y credibilidad de sus declaraciones.
A la luz del art. 94.II de la Ley 348, no existe flagrancia en el presente caso, por lo que es responsabilidad del Ministerio Público reunir las pruebas necesarias, y acortar los plazos de investigación en situaciones de riesgo, lo cual no se cumplió, por ello, reitera la solicitud de realización de la audiencia de la inspección técnica ocular, a fin de que la supuesta víctima documente sus ausencias; asimismo, la citada Fiscal, solo recopiló pruebas de cargo parcializadas, obviando las de descargo, lo cual vulnera los principios de objetividad, los derechos a la defensa y presunción de inocencia.
Finalmente, advierte negligencia por parte del Ministerio Público y del Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Decimotercero del departamento de La Paz, al no ejercer control jurisdiccional efectivo, como tampoco conminó ni respondió oportunamente a las solicitudes de control jurisdiccional, ni precauteló el cumplimiento de los actos investigativos y los plazos procesales, afectando gravemente sus derechos y la adecuada administración de justicia.
I.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
Considera lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos a la debida fundamentación, motivación, congruencia, al juez imparcial, a la valoración de la prueba, a la igualdad de las partes y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115.I y II, 117.I, y 119.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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