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TCP

0322/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de junio de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0322/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2019-S1 Sucre, 6 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 27241-2019-55-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 1/2019 de "19" -siendo lo correcto 16 de enero-, cursante de fs. 44 vta. a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Limbert Josué Pinto Veneros, Director del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) Potosí, en representación sin mandato del menor de edad AA contra Edgar Jesús Encinas Chuquisea, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de enero de 2019, cursante de fs. 2 a 3, el menor accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Griselda Carlo Limachi, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 28 de diciembre de 2018 -en audiencia de consideración de medidas cautelares- el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí -hoy demandado- dispuso su internación en el "Centro para Menores Infractores Nuevo Horizonte" -Centro de Reintegración Social Nuevo Horizonte- de la ciudad de Potosí, cuando dicha figura no se encuentra contemplada dentro del Sistema Penal para Adolescentes, aplicándole arbitraria e ilegalmente una supuesta medida de protección prevista en el art. "168" del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-.

Así también, de manera errada la autoridad judicial demandada; mencionó, como fundamento el art. 332 inc. b) del CNNA, que indica, que el Centro de Reintegración Social es donde se cumplirá la detención preventiva; es decir que, alberga a adolescentes a quienes se les aplicó la restricción a su libertad y no a aquellos con la medida de internación; por lo que, se encuentra junto a menores con detención preventiva, sin que se le hubiese impuesto la misma.

Refiere que, el Juez demandado confundió el procedimiento establecido por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente con el Sistema Penal para Adolescentes, por cuanto la determinación de su internación debió ser en un Centro de acogida y no en uno destinado a adolescentes que guardan detención preventiva, por lo que se encuentra indebidamente privado de su libertad, sin que exista orden judicial expresa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (DADH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene al Juez -hoy demandado- que en el plazo de veinticuatro horas "...regularice el trámite de ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL O EL CONTEMPLADO EN EL SISTEMA PLURINACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE, que debía operar en el precedente caso por cuerda separada al (...) proceso penal, disponiendo la tramitación del mismo Y ASI DISPONER SU INCLUSION A UN CENTRO DE ACOGIMIENTO Y NO ASI EN UN CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY." (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública, el 16 de enero de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de demanda de esta acción de defensa; y, ampliándolo como en réplica al informe emitido por el Juez -hoy demandado-, señaló que:

  1. a)La internación como medida socio-educativa se impone a la finalización del proceso; es decir, cuando se dicta sentencia a un adolescente; por lo que, no se debe confundir con la orden de internación emitida por el Juez -ahora demandado-, quien refiere en su informe que dicha determinación se asumió el interés superior del menor, mediante una disposición de protección, pero la orden judicial dispuso que este en un centro de detención preventiva;
  2. b)De forma atentatoria la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Villazón, incumplió su labor, por cuanto al conocimiento previo de que no tenía una familia, ni quien lo guarde o custodie, debió activar la demanda respectiva para la guarda, custodia o acogimiento circunstancial por cuenta separada; quizás, por la premura o el desconocimiento de la norma se confundió el procedimiento y del acta -entiéndase de audiencia de consideración de medidas cautelares- se tiene que fue la referida institución que solicitó la disposición de protección, que no está contemplada en el Sistema Penal para Adolescentes, teniéndose el art. 288 del CNNA, que establece las medidas cautelares de carácter personal, donde no se consigna la orden dispuesta, cuando en una audiencia de esa naturaleza la autoridad judicial tiene que aplicar una de ellas en consideración al adolescente en conflicto, "mas aún (...) bajo el principio de lealtad que sí contaba con su tía aparentemente está a su tía es una persona que tal vez que no la han dejado participar, no sabe el joven porque no la han dejado participar en la audiencia de medida cautelar, si hubiera estado su tía tranquilamente se ponía la custodia de su tía..." (sic);
  3. c)Se extraña el accionar de la DNA de Villazón siendo que por el interés superior del niño es mejor que esté con su familia no en un centro de acogida, pero contrariamente solicitó una medida de protección;
  4. d)Se dispuso una orden de internación ilegal en el Centro de Reintegración Social Nuevo Horizonte, para menores infractores, corroborándose este extremo del informe evacuado por el equipo multidisciplinario, el cual señala que en dicho Centro guardan detención preventiva los adolescentes en conflicto con la ley, encerrados en un ala separada;
  5. e)Debió ser derivado al Centro de acogida Mariano Benjamín Arueta;
  6. f)Existió una omisión, por la cual se encuentra en un limbo sin conocer la figura -jurídica-, teniendo custodios policiales por el delito de robo agravado, por el cual conforme el art. 289 del citado código no procede la detención preventiva al ser un ilícito relacionado con la propiedad;
  7. g)Se vulneró el art. 262 inc. 9) de la referida norma en cuanto a la excepcionalidad de la privación de libertad;
  8. h)Se mencionó como excusa el interés superior del menor, pero en la actualidad ya no son objeto de derecho sino sujetos de los mismos;
  9. i)No se le permitió hacer una llamada a su familia o contactarla e indicaron que su tía era muy conflictiva, desconociendo cuál era el problema que tendría la DNA con dicho familiar;
  10. j)Conforme a la "" -- es inaplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se hallan involucrados menores de edad; y, la consideración del debido proceso cuando está directamente relacionado con la restricción de la libertad de acción y ante esa constante la existencia del estado de indefensión;
  11. k)En un Centro de acogida a los fines de la reinserción, será el equipo multidisciplinario, quien buscará a su familia, pero en el caso estas diligencias están "atadas", porque no está dentro de sus funciones el sistema penal para adolescentes, siendo planes de "PIE" y otros para culminar los procesos; y,
  12. l)La irregularidad denunciada quizá ha sido actuando con buena fe, pero se equivocaron y lo enviaron a un Centro para que guarde detención preventiva, cuando lo correcto era que sea remitido a uno de acogida.

En uso de la palabra el menor accionante señaló que:

  1. 1)Su tía se presentó después de su audiencia, no sabía nada porque no le dejaban hablar ni darle conocimiento a la misma, "...creo que la conocida es la de defensoría con mi tía y ella le había dicho que me llame y ella no respondía de ese modo me [ha] dicho que ella no se va hacer cargo así siempre es la Jovana con esa palabra y otras palabras vulgares más que a ella ya no le importa que no se presente y por eso el juez agarraba y me ha llevado directamente al módulo..." (sic);
  2. 2)Al día siguiente a las 22:00 fueron sus tíos, retornando al sucesivo día y reclamándole por qué no dijo nada, a lo que respondió que no le dejaron llamar;
  3. 3)"...y el día lunes me dijo que iba a hablar con el juez para desembocar mi caso cuando vuelven al mediodía a dejarme la comida me dicen que el juez les dijo que dejen que haga lo que él está haciendo que por lo menos recapacite y me rehabilite un mes, dos meses en el Centro Nuevos Horizontes y por eso mi tía me dijo no dejaban que me revoque que ella iba a entrar en vacaciones o si no me iban a tener guardado un mes en el módulo hasta que vuelva de vacaciones y se iba a llevar la segunda audiencia..." (sic); y,
  4. 4)El Juez habría proporcionado el dinero para que sea trasladado, porque quería que recapacite y rehabilite "...porque dicen que yo soy jodido y eso que dicen 2015 y 2016 estaba de estudiante, 2017 y 2018 ahí me han reconocido..." (sic).

Ante las preguntas del Juez componente del Tribunal de garantías, el representante sin mandato del menor impetrante de tutela, manifestó que:

  1. i)Pese a no proceder su detención preventiva se le remitió a un centro donde cumplen dicha medida los adolescentes, y esto bajo la figura de la internación, confundiendo procedimiento, siendo que era un trámite distinto para disponer una medida de protección y no asumirla dentro de una audiencia de medidas cautelares;
  2. ii)El art. "268" del CNNA, determina todas la medidas que puede imponer un juez, incluso poner en "guardia" y custodia a una persona que no tenga problemas y demás situaciones, en el caso tenía a su familia y se desconoce las razones por las que no se consideró este aspecto y se toman medidas un poco drásticas tanto por el Ministerio Público, la DNA y el propio Juez -hoy demandado-, cuando se tiene que velar por el interés superior del niño, el cual conforme a los Tratados y Convenios Internacionales siempre es estar con su familia; y,
  3. iii)La autoridad judicial demandada, estaba imposibilitada de imponer una medida de protección en una audiencia de medidas cautelares tramitada conforme el art. 288 del citado Código.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Edgar Jesús Encinas Chuquisea, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, presentó informe cursante de fs. 21 a 23, refiriendo que:

  1. a)Es evidente que el 28 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares del menor peticionante de tutela, en la cual ordenó como medida de protección su traslado al Centro de Reintegración Social Nuevo Horizonte, pero no en calidad de detenido preventivo, toda vez que conforme a la normativa los menores de dieciocho años no pueden cumplir esta medida, tal cual establece el art. "289" del CNNA; y,
  2. b)Por las circunstancias que estaba atravesando el referido infractor, al encontrarse pernoctando en las calles, bajo el puente internacional o en otros lugares, en compañía de jovenzuelos que también se dedicaban al consumo de alcohol y drogas, no podía dejarlo en libertad simple y llana, devolviéndolo a las calles en las cuales corría el riesgo de volver a cometer delitos o ser víctima, exponiéndolo a situaciones de peligro como estuvo durante todo este tiempo, desde el 2015 al 2018, teniendo apenas quince años, constituyéndose en una persona vulnerable e indefensa ante la sociedad; por lo que, siendo su obligación como Juez de la Niñez y Adolescencia prevenir en el art. 147.I del CNNA y ejercer la protección prevista en el art. 148.I del citado Código, en base a los antecedentes expuestos y las certificaciones emitidas tanto por el Ministerio Público como por la DNA, a los principios contenidos en los arts. 12 incisos a), b), d) ; y, k); y, 193, ambos del antes referido precepto legal; además, de los principios establecidos en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, dictó Resolución conforme a dichos argumentos fácticos y jurídicos tomando en cuenta la conducta demostrada durante estos tres -últimos años- como también la situación en la que se encontraba el menor -hoy accionante-, ordenando de acuerdo a los arts. 168, 169 y 170, todos del CNNA la medida de protección antes indicada, como una forma de precautelar el bienestar del nombrado y que tampoco influencie de forma negativa en un centro de acogida como se pretende; por lo que solicita se deniegue la tutela, al haber cumplido con los arts. 8, 9 y 60 de la CPE.

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