0322/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2022-S3 Sucre, 22 de abril de 2022

SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional

Expediente: 40041-2021-81-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AAC-061/2021 de 12 de abril, cursante de fs. 178 a 181 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Ángela María Sequeiros Cardozo en representación legal de Ángel Álvarez Contreras contra "Juan Meneses Castellón, Presidente", Grover Carrasco Brañez, Vicepresidente -fallecido-, y Marcelo Mamani Ortega, Vocal, todos del Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q; y, Rolando Mamani Marín, Secretario General; Antonio Páez Orellana, Secretario de Relaciones; y, Rosmary Meneses Castellón, Secretaria de Hacienda, todos del Directorio del referido Sindicato.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante legal por memoriales presentados el 22 y 26 de marzo de 2021, cursantes de fs. 86 a 95 vta., y 100, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 14 de febrero de 2018 formó parte del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q en calidad de socio; sin embargo, pese a sus reiteradas peticiones nunca le entregaron los Estatutos y Reglamento Interno del referido Sindicato, por lo que desconoció su contenido hasta el 20 de febrero de 2020, cuando lo notificaron con el Auto de Apertura de Proceso Sindical 01/2020 de 12 de igual mes.

El proceso disciplinario instaurado contra su persona tuvo como génesis la solicitud de un certificado ante la Secretaria de Hacienda y el Secretario Ejecutivo del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, efectuada el 11 de enero de 2020, respecto a su calidad de socio y al registro del vehículo marca Volkswagen con placa de control 1185-ZDC, para proceder a la venta de dicho automotor y de la línea a una tercera persona, quien necesitaba acceder a una línea de crédito del banco para finalizar el pago. En ese sentido, su persona al momento de efectuar su petición, adjuntó certificados médicos y de otros gastos que justificaban la referida venta debido al delicado estado de salud de su hijo; sin embargo, los nombrados Secretarios manifestaron que debió seguir un procedimiento para ello, y pese a que les explicó que ya recibió parte del pago y que solo necesitaba la certificación para concluir la venta, la Secretaria de Hacienda del indicado Sindicato se negó a extenderle la certificación requerida, indicándole que sería pasible de una sanción. Vanos fueron sus esfuerzos por contactar a los miembros del Directorio para explicar lo sucedido, procediendo -a consecuencia de lo anterior- a vender únicamente el vehículo y no así la línea; por lo que tuvo que resarcir un monto al comprador por el perjuicio ocasionado. Posteriormente, fue emitido el Memorando LQ-006/20 de 14 de enero de 2020, mediante el cual el mencionado Sindicato le impuso una sanción de suspensión y ordenó que el microbús vendido no trabaje más en la Línea Q, sustentando su determinación en los "arts. 40 incs. 2) y 11) y 42" -no especifica de que norma-, coartándole todos sus derechos al imponerle una sanción previa, sin que tramitarse un proceso en el que pueda defenderse, iniciándose el proceso disciplinario que aún no concluye, perjudicándolo casi un año por afectación a su derecho al trabajo, en franco desconocimiento de los alcances de los Estatutos del mismo Sindicato, en específico del "art. 51".

Luego de un mes de la sanción previa dispuesta en su contra, fue emitido el Auto de Apertura de Proceso Sindical 01/2020 que señaló la vulneración de los arts. 27 del Reglamento Interno y 41 inc. a) del Estatuto, ambos del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, por obtener una certificación para Eugenio Vegamonte Mamani sin ser socio; puesto que, el vehículo con placa de control 1185-ZCD se encontraba habilitado a favor de su persona "'Lo que sin duda pueda que constituya una infracción, pero como manifesté supra mi persona desconocía totalmente el procedimiento que se debía seguir...'" (sic). No obstante, si bien el Directorio de ese Sindicato se refirió a la infracción, jamás se pronunció sobre la sanción impuesta sino que la mantuvo; por lo que se vulneraron sus derechos al trabajo, al patrimonio y "...a la vida de mi familia" (sic).

El 19 de febrero de 2020, respondió al Auto de Apertura de Proceso Sindical 01/2020, demostrando con pruebas y hechos que nunca le entregaron el Estatuto ni el Reglamento Interno del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, y que desconocía de los procedimientos, al margen de denunciar la transgresión de dichas normas, solicitando que la denuncia sea desestimada "...y recién en fecha 26 de febrero de 2020 se manifiestan sobre el mismo, y sin mayores explicaciones desde este actuado, no se ha vuelto a mover absolutamente nada, dentro del proceso disciplinario" (sic). Ante el silencio del Tribunal de Honor del señalado Sindicato, el 20 de igual mes y el 21 de agosto del citado año, pidió un pronunciamiento de fondo respecto al indicado proceso, sin merecer respuesta alguna; razón por la que, el 20 de noviembre de igual año, se apersonó ante el Secretario General del referido Sindicato, solicitándole permiso para vender la línea, pero tampoco obtuvo ninguna respuesta.

Asimismo, en las reuniones llevadas a cabo el 21 y 26 de enero, y 19 de noviembre de 2020, expuso su caso ante la Asamblea, que dispuso que el Directorio y el Tribunal de Honor, ambos del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, permitan la presentación de pruebas de descargo, y den una solución inmediata que le autorice vender su línea; empero, esos órganos desconociendo sus mismas normas se negaron a cumplir esa disposición.

En ese sentido, se vulneró el principio non bis in idem como elemento del debido proceso; puesto que el Memorando LQ-006/20 se constituye en una sanción al disponer su suspensión, cuando de conformidad a los "arts. 40 inc. 11) y 41 inc. 2) y 42" -no señala de que norma- las sanciones deben ser impuestas en la resolución final a ser dictada por el Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, conforme a las facultades determinadas por el art. 51 inc. d) del Estatuto de ese Sindicato, pretendiéndose la imposición de una nueva sanción a través de la apertura del proceso disciplinario.

Asimismo, si bien el Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q tiene potestad sancionadora, su ejercicio encuentra un límite en su Estatuto y Reglamento Interno; empero, no puede desconocer la normativa nacional ni supranacional sino que debe respetar el debido proceso permitiendo el derecho a la defensa, además de imponer las sanciones dentro de los plazos de ley, dando respuesta pronta y oportuna a sus socios; no obstante, esos aspectos no fueron observados en el proceso disciplinario iniciado por Auto de Apertura de Proceso Sindical 01/2020 que aún no concluyó, porque a decir de los miembros del Tribunal de Honor del mencionado Sindicato, la pandemia del Coronavirus (COVID-19) provocó un vacío en dicho Tribunal que impidió un pronunciamiento sobre el fondo de la causa, vulnerándose sus derechos hace más de un año debido a la sanción que le fue impuesta sin proceso previo, quedando claro que en el presente caso no se respetaron los derechos humanos.

De esa manera, mientras exista arbitrariedad, el principio a la seguridad jurídica se verá afectado; por lo que el Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, debió sujetarse a dicho principio establecido en la Constitución Política del Estado, y a reglas claras, precisas y determinadas que busquen materializar los derechos y garantías de la Norma Suprema. Además, se vulneró el derecho de petición; puesto que presentó dos notas el 8 de diciembre de 2020, dirigidas al Secretario General del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, para que se resuelva su situación al interior del señalado Sindicato, y que se otorgue la respectiva autorización para poder disponer de la línea, pero no recibió respuesta alguna.

También se vulneró su derecho a la propiedad; ya que desde el momento de su notificación con el Memorando LQ-006/20 que le impuso una suspensión, no puede efectuar la venta de la línea para sustentar a su familia; así, el simple hecho de no pronunciarse sobre la petición verbal y escrita de autorización de la venta de línea dirigida al Secretario General del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, implica la vulneración de sus derechos a disponer, usar y gozar de su línea, debido a que con la sanción -de suspensión- determinada sin proceso previo ya se definió el destino de la línea, cuando el derecho de propiedad debió estar plenamente asegurado, porque el resultado del proceso disciplinario puede ser el de expulsión del indicado Sindicato pero no puede ser "incautatorio"; en consecuencia, al formar la línea parte de su patrimonio, su derecho de propiedad queda sujeto a protección, y cualquier medida de hecho que implique su privación arbitraria, afecta el contenido esencial de dicho derecho en sus elementos de uso, goce y disfrute.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la información, de petición, al trabajo, a la propiedad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y defensa; y, de los principios non bis in idem y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 13.IV, 24, 56.I, 115, 117.I, 119.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1, 2 inc. d) y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 176 a 177, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que, realizó reiterados reclamos mediante memoriales de 18 de enero, 15 de febrero, 13 de marzo, 16 de agosto y noviembre, todos de 2020; así como, en enero y el 18 de febrero de 2021, que no fueron respondidos. Además, "...sostiene que se habría emitido una sanción en su contra sin ser previamente escuchado, lo que se encuentra prohibido por la Constitución Política del Estado" (sic).

I.2.2. Informe de las personas accionadas

En audiencia, los nombrados miembros del Directorio, junto a Juan Meneses Castellón, ex Presidente y Marcelo Mamani Ortega, ex Vocal, ambos del Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, reiteraron el contenido del citado informe, señalando asimismo el fallecimiento de Grover Carrasco Brañez, quien fue Vicepresidente de ese Sindicato.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Informe de 13 de enero de 2020 emitido por Rosmary Meneses Castellón, Secretaria de Hacienda del Directorio del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q -ahora coaccionada- en el que alegó la supuesta vulneración de los arts. 27 del Reglamento Interno y 41 inc. a) del Estatuto, ambos del nombrado Sindicato, por parte de Ángel Álvarez Contreras -hoy accionante- al transferir a un tercero ajeno a dicha entidad el vehículo Volkswagen con placa de control 1185-ZCD el 17 de octubre de 2019 (fs. 112).

II.2. A través de la Nota con CITE LQ 022/2020 de 3 de febrero, el Directorio en Pleno del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q planteó denuncia contra el accionante, ante el Tribunal de Honor de esa institución (fs. 113 a 114) adjuntando el Sumario Informativo de la misma fecha (fs. 115 a 118), emitiéndose en consecuencia el Memorando LQ-006/20 de 14 de enero de 2020, mediante el cual, el indicado Directorio suspendió el microbús Volkswagen con placa de control 1185-ZCD (fs. 12); razón por la que el accionante solicitó la reconsideración de la determinación asumida mediante Nota de 23 del mismo mes y año (fs. 13 y vta.).

II.3. Mediante Auto de Apertura de Proceso Sindical 01/2020 de 12 de febrero, Juan Meneses Castellón, Presidente, Grover Carrasco Brañez, Vicepresidente -fallecido-, y Marcelo Mamani Ortega, Vocal, todos del Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q -hoy accionados-, iniciaron un proceso interno contra el accionante por la supuesta infracción de los arts. 40 inc. 11), 41 incs. a), i) y l), 42 inc. d) del Estatuto Orgánico; y, 8 inc. a) y 27 del Reglamento Interno del referido Sindicato, disponiendo la notificación personal del accionante con la denuncia y el Sumario Informativo, para que en el plazo de cinco días conteste el mismo o se apersone para prestar su declaración informativa voluntaria (fs. 14 a 16); fallo que fue notificado al nombrado el 14 de febrero de 2020 (fs. 17).

II.4. Por memorial de 19 de febrero de 2020, el accionante respondió al Auto de Apertura de Proceso Sindical 01/2020 y formuló recusación contra Juan Meneses Castellón, Presidente del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q -ahora coaccionado- (fs. 20 a 24); solicitando respuesta a través de memorial de 20 del mismo mes y año (fs. 25 y vta.); en ese orden, fue emitido el Auto de 26 de ese mes y año, que se allanó y aceptó la recusación planteada, aperturando el término de prueba común a las partes de diez días hábiles (fs. 26); fallo que fue notificado al accionante el 3 de marzo del señalado año (fs. 27); sin embargo, mediante Auto de 25 de dicho mes y año, se declaró la nulidad de la referida diligencia y los actuados posteriores, disponiendo que se proceda a la notificación de las partes con el Auto de apertura del término de prueba (fs. 149); determinación que fue notificada al accionante el 1 de abril de 2021 (fs. 151), por lo cual este último presentó memorial de 5 del indicado mes y año, ratificando la prueba y solicitando resolución sindical (fs. 152 a 153); asimismo, el actual Directorio del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, a través de Nota LQ. CITE 089/21 de 7 del citado mes y año, se ratificó en todas las pruebas acompañadas al Sumario Informativo (fs. 154).

II.5. Por memorial de 10 de marzo de 2020, el accionante solicitó, entre otros, que se le permita la venta de la línea de su propiedad (fs. 29 a 30), emitiéndose la Nota con CITE LQ 62/2020 de 13 de marzo que en cuanto a ese punto indicó que para autorizar la venta de su línea se debe concluir el proceso sindical disciplinario seguido por la supuesta infracción al art. 27 del Reglamento Interno del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, que establece la sanción de expulsión, y por ende, la pérdida del derecho de línea, debiendo concluir dicho proceso para que los miembros del Directorio hoy coaccionados puedan determinar una respuesta favorable o contraria (fs. 31 a 34).

II.6. A través de memorial de 13 de marzo de 2020, dirigido al Tribunal de Honor del Sindicato Mixto de Transportistas "Urkupiña" Línea Q, el accionante solicitó ampliación de plazo del periodo de prueba (fs. 35 y vta.); asimismo, por memorial de 21 de agosto de ese año, pidió respuesta y solución inmediata al proceso sindical (fs. 36 y vta.), reiterando su petición mediante Notas de 20 de noviembre de igual año, agregando la petición de una orden expresa para la venta de su línea (fs. 37 a 38). De igual manera, por medio de las Notas de 28 de enero de 2021, requirió fotocopias legalizadas del proceso sindical y de las Actas con CITE LQ-009-20 de 21 de enero y LQ-0211-20 de 19 de noviembre, ambas de 2020; y, LQ-Q25-21 de 26 de enero de 2021 (fs. 39 a 41).

II.7. Mediante memoriales presentados el 22 y 26 de marzo de 2021, el accionante planteó la presente acción de amparo constitucional (fs. 86 a 95 vta., y 100), emitiéndose el Auto de Admisión de 29 del mismo mes y año (fs. 101) que fue notificado a los ahora accionados el 7 de abril de ese año (fs. 104 a 111).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1 El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El art. 129.I de la CPE establece que: "La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados" (las negrillas son nuestras). Asimismo, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que la citada acción tutelar: "...no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo".

III.2. Sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en las acciones de amparo constitucional