0323/2023-S3

Solicitan se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto la Ley Municipal 721;
2. b)Se deje sin efecto la RA Municipal Ejecutiva 077/21; y,
3. c)Se disponga que los accionantes no sean perturbados en su actividad comercial en la Av. Luis Guardia de la Urbanización San Luis Pampa -se entiende de El Alto del departamento de La Paz-.

Los impetrantes de tutela por intermedio de su abogado, se ratificaron en el contenido de los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando los términos del mismo en audiencia, manifestaron que:

1. 1)Desde el momento en que se sancionó y promulgó la Ley 721 "...hay una sobre posición de asociaciones" (sic); y,
2. 2)Existe un Informe "...CITE GAMEA/SMD/DF/AN/ 208/2021..." (sic) suscrito por el Asesor Legal de la Dirección de Ferias y Mercados del GAM de El Alto, en el que se establece que sí se cumplió con la autorización del Jefe de calle y/o vecinos con visto bueno de la junta de vecinos; empero, no existe este requisito ya que corresponde a otra asociación.

Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto, a través de sus representantes legales en audiencia, solicitó que se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)La Ley 721 fue promulgada de acuerdo a las atribuciones que tiene el GAM de El Alto, descritas en la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, que le faculta a otorgar autorizaciones provisionales sobre las áreas públicas;
2. ii)En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso, los accionantes no precisaron qué vertiente del debido proceso fue vulnerada en sede administrativa por los órganos ejecutivos y legislativo;
3. iii)Con referencia a la vulneración de su derecho al trabajo, no existe un nexo de causalidad entre la acción u omisión que se acusa a los órganos ejecutivos y legislativos; toda vez que la accionante manifestó "...de ser afiliada a la asociación de comerciantes minoristas 23 de marzo lo cual no demuestra con documentación mucho menos el tema de la sobre posición..." (sic), además que la parte accionante no demostró con documentación fehaciente su legitimación activa; es decir, que ellos representarían a una Asociación, pues no hicieron referencia a ninguna Resolución Municipal o certificación del Gobierno Autónomo Departamental que acredite la personería jurídica de la Asociación; asimismo, no se está dirimiendo el derecho al trabajo sino el derecho al comercio, ya que no existe empleador y empleado; y,
4. iv)La pretensión de la accionante de disponer la nulidad de la Ley Municipal 721 y la RA Municipal Ejecutiva 077/21, no se encuentra dentro del alcance de la acción de amparo constitucional.

Iris Alexsandra Flores Quispe, Presidenta del Concejo del GAM de El Alto, a través de su representante legal, mediante informe escrito cursante de fs. 164 a 167, y en audiencia, solicitó que se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Los accionantes no explican de qué manera se vulneró su derecho al trabajo y otros, tampoco especificaron qué derecho constitucional es objeto de la legislación impugnada "...limitándose a realizar ideas y expresiones, pero no un desarrollo en su explicación..." (sic); y,
2. b)Si lo que se pretende es anular o dejar sin efecto una normativa municipal, corresponde que la misma se realice a través de una acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 132 de la CPE, además porque las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, y particulares.

Juan Eduardo Limachi Guillen, Secretario General de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Artículos Varios "23 de marzo San Luis-El Alto", mediante su abogado en audiencia, solicitó que se deniegue la tutela impetrada y se impongan costas a la parte accionante, señalando que:

1. 1)Los accionantes no pueden actuar en representación de una persona jurídica, debido a que no acreditaron a través de una Resolución del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, si son una asociación; asimismo, no acreditaron la representación que ostentan; por lo que, no se cumple con la demostración de la legitimación activa;
2. 2)No se probó la legitimación pasiva ni el nexo de causalidad, debido a que entre otros derechos, se denunció la lesión del derecho al trabajo de la parte accionante; sin embargo, el ejercicio de su derecho al trabajo no depende de ningún acto u omisión asumido por su parte, pues esta precisión tampoco se advirtió en los memoriales de interposición y subsanación de la acción de amparo constitucional;
3. 3)Existe incongruencia entre lo argumentado y pedido en esta acción de defensa, pues si lo que se pretende es que se deje sin efecto una Ley Municipal no puede recurrirse a una acción de amparo constitucional, ya que no es el mecanismo procesal correcto para verificar la aplicabilidad o inaplicabilidad de una norma jurídica sino a una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto prevista en el art. 73.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
4. 4)Se deben considerar los principios que rigen la actividad legislativa municipal, entre ellos el principio de legalidad y presunción de legitimidad, que implica que las actuaciones de la administración pública están sometidas a la Ley, pero se presumen legítimas en tanto no se cuestione su constitucionalidad; es decir, una Ley goza de presunción de constitucionalidad; asimismo, se debe tomar en cuenta el principio de buena fe, proporcionalidad, informalismo que rige la actividad municipal;
5. 5)La Ley Municipal Autonómica 291, hace referencia al uso provisional de espacios de dominio público municipal y pago de patentes que está reglamentada por el DM 46/2015, que tiene por objeto regir las relaciones entre los trabajadores gremiales del GAM de El Alto, el uso provisional de espacios de dominio público municipal, el pago de patentes municipales, en cuyo art. 7 inc. e) de dicho Decreto Municipal, se establece los requisitos para la autorización de asentamientos colectivos, entre ellos de manera disyuntiva exige la autorización del jefe de calle y/o la junta de vecinos; en el presente caso, se autorizó tal asentamiento por la junta de vecinos como un requisito para la obtención de la Ley en cuestión;
6. 6)Se les cuestionó que en su denominativo no se hace referencia a la palabra "San Luis", "...pero acá la aclaración es que la Urbanización San Luis Pampa en la avenida 1 San Luis Guardia es decir desde el Manzano F1 lote H manzano D1 H 16 hasta la calle G desde la avenida Cochabamba la ubicación ya nos da la noción Sr. Presidente de dónde se refiere este asentamiento o está asociación de comerciantes no se puede subjetivizar Sr. Presidente en el entendido que aquí no dice San Luis y por tanto como no dice San Luis y dice Urbanización San Luis Pampa estaría incumplido dicho requisito..." (sic); además, en el plano que verifica la ubicación del asentamiento, se hizo la consideración de todos los elementos y requisitos para la promulgación de la ley;
7. 7)Los impetrantes de tutela cuestionaron que se deje sin efecto la RA Municipal Ejecutiva 077/21; sin embargo, no se observó el principio de subsidiariedad ya que, el art. 8 inc. e) del DM 46/2015, establece que se emite un informe remitido a la Secretaría de Ferias y Mercados y que esa Resolución será notificada por Secretaría Administrativa de Desarrollo Económico para que en el plazo de diez días hábiles pueda ser objetada por quienes se consideren afectados por la misma y que acrediten interés legal; empero, en dicho plazo no se presentó reclamo alguno y con relación a ello el art. 53.2 del CPCo establece que no procede la acción de amparo constitucional frente a actos consentidos libremente e inclusive si se les negaba el reclamo podían activar los recursos de revocatoria y jerárquico;
8. 8)Se alegó la vulneración de sus derechos a la defensa; sin embargo, los accionantes no tendrían de qué defenderse en un proceso legislativo; asimismo, con referencia al debido proceso, se demostró que la Resolución Administrativa Municipal Ejecutiva fue notificada conforme a procedimiento y en el plazo de diez días no se realizó ninguna objeción, además no se precisó qué vertiente de este derecho fue conculcada;
9. 9)No existe carga argumentativa válida, suficiente e idónea para establecer la conculcación de derechos, tampoco carga probatoria, ya que inclusive al tratarse de audiencias virtuales corresponde subir elementos de prueba al sistema cisco webex a fin de generar convicción y se pueda refutar los mismos;
10. 10)En cuanto al derecho a la petición, se mencionó que el 29 de diciembre de 2021, se presentó una nota; sin embargo, sobre este aspecto no se demostró que hayan agotado la vía de reclamación, tampoco se invocó la vulneración de este derecho; y,
11. 11)Respecto de la sobreposición de asentamiento que se denuncia, la misma puede ser reclamada en la vía administrativa agotando los recursos administrativos inclusive llegando a un proceso contencioso administrativo; lo propio con el Informe del GAM de El Alto, porque la Ley de Procedimiento Administrativo prevé los mecanismos legales.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 036/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 311 a 314; denegó la tutela impetrada, imponiendo costas procesales a la parte accionante, que se definirá una vez que esta Resolución adquiera calidad de cosa juzgada constitucional; determinación asumida, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Conforme lo previsto en el art. 51 del CPCo, la SC 1643/2011-R de 21 de octubre, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0046/2012 de 26 de marzo y "785/2019-S4", la acción de amparo constitucional constituye un mecanismo tutelar de defensa de derechos que se encuentra regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez; por lo que, no puede ser considerado como un recurso de impugnación o revisión como en sede ordinaria, sino que se activa cuando se evidencia la supresión o restricción de derechos y garantías constitucionales y no exista otros medios intraprocesales de defensa donde se pueda reclamar la vulneración denunciada; asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 57 del citado Código, existen dos "dispositivos" de activación, relativos a estar en presencia de actos u omisiones de carácter ilegal o indebido a efecto de materializar la tutela, y que el mismo suprima, restrinja o amenace suprimir derechos o garantías constitucionales;
2. ii)Con respecto a la primera pretensión no corresponde otorgar la tutela por la especialidad de la acción de amparo constitucional, ya que independientemente de la cita del art. 25 de la CADH, que reconoce el derecho de acceder a un recurso sencillo, rápido, efectivo ante tribunales competentes, no corresponde al ámbito de aplicación de la acción de amparo constitucional el dejar sin efecto una Ley Municipal o norma del ordenamiento jurídico, ya que para este fin las acciones de inconstitucionalidad son los únicos mecanismos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico;
3. iii)En lo referente a la pretensión de dejar sin efecto la RA Municipal Ejecutiva 077/21, los accionantes no observaron el principio de subsidiariedad, ya que contaban con un mecanismo idóneo de impugnación, pues de acuerdo a lo establecido en el DM 46/2015, se tenía la posibilidad de cuestionar la autorización de asentamiento de comerciantes, en el plazo de diez días improrrogables a computarse desde que se toma conocimiento de este hecho; además de advertir que está Resolución hubiese incurrido en la consideración de documentación incorrecta, el legislador ordinario también diseñó recursos de impugnación contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo; y,
4. iv)Finalmente, en lo concerniente a la actuación del Secretario General de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Artículos Varios "23 de marzo San Luis-El Alto", no se pudo advertir, cómo o de qué manera la entidad de carácter privado a la que representa hubiera generado la afectación de los derechos al trabajo, debido proceso y a la defensa que denuncia la parte accionante, más cuando no tuvo intervención alguna y/o participación en la toma de decisiones de la Ley Municipal 721 y RA Municipal Ejecutiva 77/21; por lo que, en lo que concierne al referido Secretario General este carece de legitimación pasiva.