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TCP

0323/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0323/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0323/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 56285-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 0090/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 796 a 801 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Armando Raúl Ferrari Artunduaga contra Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, ex Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 22 y 27 de marzo de 2023, cursantes de fs. 575 a 595 vta.; y, 601 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Suscribió dos documentos preliminares con reconocimiento de firmas y rúbricas sobre la venta de dos fracciones de 700 ha y 130 ha respectivamente, del predio rural denominado "La Esperanza" ubicado en el cantón Caiza de la primera sección de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, bajo arras penitenciales y el compromiso consignado en la Cláusula Quinta para suscribir la transacción definitiva en el plazo de quince días después de obtenido el título ejecutorial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), terrenos que en el "...marco de la ?autonomía de la voluntad'..." (sic), Casiana Soruco Garay le entregó, ingresando en pacifica, pública y continua posesión, en el que realizó una serie de mejoras; no obstante, ante el incumplimiento de la vendedora, el 29 de junio de 2021, formuló una demanda de cumplimiento de contrato en atención a la referida Cláusula Quinta; ya que, una vez obtenido el título ejecutorial no le extendieron la minuta de transferencia definitiva, siendo respondida de forma negativa por la demandada -Casiana Soruco Garay- alegando que desconocía el contenido de los documentos y contrariamente que el demandante -accionante- no cumplió con el pago, pidiendo la integración a la litis de terceras personas como José Sardina Soruco, Raúl Córdova Sardina, Walter Franco Benítez y Lucio Sardina Soruco, quienes sin acreditar interés legítimo ni personería para representarla de manera ilegal y forzada formularon una demanda reconvencional de nulidad de los Documentos Preliminares de Venta de Terreno Rural de 25 de julio y 8 de agosto de 2011, alegando que la transferencia la realizó una persona analfabeta sin la intervención de testigos presenciales ni a ruego conforme exigen los arts. 1299 del Código Civil (CC) y 18.IV de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) -Ley 1760 de 28 de febrero de 1997-.

Admitida la ilegal demanda reconvencional de "los ajenos" por el simple hecho de haber adquirido de la vendedora -Casiana Soruco Garay- las restantes acciones del predio, a pesar que las dos parcelas de 830 ha que adquirió no afectaban sus derechos ni generaban problemas ni sobreposición de límites; empero, contestó la demanda cuestionando la inexistencia de un certificado médico o resolución judicial que declare la interdicción de Casiana Soruco Garay, emitiendo la Sentencia 03/2022 de 8 de febrero, con una gravísima incongruencia interna y externa al declarar improbada la demanda de cumplimiento de contrato y probada la reconvencional; Sentencia que fue recurrida en casación y que mereció el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 038/2022 de 12 de mayo, anulando obrados y ordenando se emita una nueva sentencia, dictándose la Sentencia Agroambiental 13/2022 de 21 de septiembre, que de forma incongruente, injusta e ilegal declaró improbada la demanda de cumplimiento de contrato, probada la demanda reconvencional planteada por los litisconsortes, nulos los Documentos Preliminares de Venta de Terreno Rural de 25 de julio y 8 de agosto de 2011, extinguida la contraprestación que no cumplió, la cual ascendía a $us703.- (setecientos tres dólares estadounidenses), la restitución mutua de las contraprestaciones recibidas en el plazo de veinte días con la entrega a su persona de $us11 897.- (once mil ochocientos noventa y siete 00/100 dólares estadounidenses) más un interés del 6% anual conforme el art. 414 del CC y de su parte la entrega de las 830 ha en favor de Casiana Soruco Garay y los litisconsortes, la notificación a la Notaria de Fe Pública 1 de Yacuiba del departamento de Tarija, para que proceda a la cancelación de los referidos Documentos de 25 de julio y 8 de agosto de 2011, sin condenación de costas ni costos por ser un juicio doble.

Ante ese hecho, el 30 de septiembre de 2022, planteó recurso de casación por una parte en la forma, acusando la vulneración de normas procesales que vician de nulidad la tramitación y resolución de la causa debido a la errónea interpretación de los arts. 47 y 48 del Código Procesal Civil (CPC), al haber procedido a integrar a la litis a José y Lucio ambos de apellidos Sardina Soruco, Raúl Córdova Sardina, Walter Franco Benítez y, la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la improponibilidad de la reconvencional por falta de legitimación pasiva y activa de los ajenos integrados al proceso; y, por otra en el fondo, alegando la vulneración de los arts. 519 y 523 del CC, en la valoración de los Documentos Preliminares de Venta de Terreno Rural de 25 de julio y 8 de agosto de 2011; vulneración, aplicación falsa y errónea de los arts. 494, 496, 520, 521, 523, 614 y 636 del CC, debido a que el costo de las fracciones a ser transferidas fueron pagadas a la propietaria y no a los litisconsortes, desconociéndose el criterio jurídico y fundamento del juzgador para ordenar la restitución a esos últimos sin valorar el Documento Preliminar de Venta de Terreno Rural de 25 de julio de 2011, reconocido en sus firmas por el testigo a ruego y reconvencionista Lucio Sardinas Soruco, pronunciándose el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 0127/2022 de 5 de diciembre, con negativas consecuencias para el ejercicio y goce de su derecho al debido proceso en los siguientes elementos:

  1. a)Principio de legalidad vinculado a la seguridad jurídica y al valor justicia los Magistrados ahora accionados, al permitir alterar "...el marco del debate contradictorio fijado por las partes..." (sic), convalidando la integración ilegal a la litis de ajenos al proceso sin contar con legitimación para plantear la demanda reconvencional de nulidad de documentos, sin considerar que para la procedencia de esa integración la ley procesal civil exige: Que se acredite el interés legítimo en el resultado del litigio; y, en los efectos del litigio; ya que, José Sardina Soruco, Raúl Córdova Sardina, Walter Franco Benítez y Lucio Sardina Soruco, solo adjuntaron sus cédulas de identidad sin demostrar interés legítimo en el resultado de la demanda de la que no son parte y cuya sentencia no los afectaba, al constar del certificado de propiedad que el 4 de julio de 2019, transfirió a José Sardina Soruco una acción de 6,33% equivalente a una superficie de 120.2886 ha y a Raúl Córdoba Sardina el 6,6% equivalente a una superficie de 125.3441 ha, y el 5 del mismo mes y año, transfirió a Walter Franco Benítez y Lucio Sardina un porcentaje de 18.37% y 8,33% correspondientes a 348.8737 ha y 158.1819 ha, todos distintos a las 830 ha que adquirió, reservándose la vendedora Casiana Soruco Garay la superficie de 315.9437 ha del total de 1898.6320 ha, con los que contaba la propiedad "La Esperanza"; por lo que, al no existir forma alguna de vinculación ante la inexistencia de sobreposición de terrenos, su intervención debió realizarse como "terceros litisconsorte pasivos" para no generar un vicio de nulidad absoluto en la tramitación y resolución del proceso agrario de cumplimiento de contrato ante la vulneración del principio de legalidad al prever los arts. 47, 48 y 50.II del CPC, quienes son terceros o litis consortes pasivos; por lo que, al no ser los copropietarios de las acciones restantes del predio parte de los Documentos Preliminares de Venta de Terreno Rural de 25 de julio y 8 de agosto de 2011, son ajenos y carecen de legitimidad procesal para demandar la nulidad de un contrato en el que no intervinieron, incumpliendo los Magistrados ahora accionados su deber de revisar de oficio los actos del inferior debido a la ilegal integración efectuada, al no acreditar que se trata de pretensiones conexas, ni el interés legítimo en la sentencia a emitirse.
  1. b)Congruencia externa e interna; puesto que:
  2. 1)A tiempo de resolver el primer motivo del recurso de casación de forma, vulnerando la congruencia externa, al no pronunciarse con la debida congruencia y pertinencia sobre la problemática planteada alegando que lo acusado no emergía de la Sentencia Agroambiental 13/2022 y que contra ese acto procesal no procedía un recurso de casación;
  3. 2)Cuando resuelve el segundo motivo de casación en la forma, referido a la falta de legitimación activa para solicitar la nulidad de los Documentos Preliminares de Venta de Terreno Rural de 25 de julio y 8 de agosto de 2011, no se pronuncian sobre la problemática planteada, acto omisivo que configura un vicio de incongruencia omisiva al no responder una cuestión planteada por una parte;
  4. 3)Al resolver el tercer motivo de casación en la forma vulnerando la congruencia externa, al no analizar qué hechos se probaron y cuáles no, al efectuar de manera genérica y con criterio formalista una simple relación superficial de las partes de la Sentencia Agroambiental 13/2022, sin indicar en que parte se encuentra la fundamentación y motivación extrañada ni pronunciarse sobre el incumplimiento del art. 213.II.3 del CPC, o el vicio de nulidad contemplado por los arts. 3, 5, y 24.1.a; del citado Código, 76 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; y, 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ);
  5. 4)Al resolver el primer motivo del recurso de casación en el fondo, con relación a la inobservancia de los arts. 519 y 523 del CC, referido a la valoración de los Documentos Preliminares de Venta de Terreno Rural de 25 de julio y 8 de agosto de 2011, con un criterio extremadamente ritualista y formalista del art. 274.3 del CPC, se negaron a ingresar al examen de fondo de la problemática expuesta, advirtiéndose un desajuste en la Sentencia Agroambiental 13/2022 y los términos en que se formuló la pretensión;
  6. 5)Vulnera la congruencia externa al resolver el segundo motivo de casación en el fondo, referido a que los documentos de transferencia estaban sujetos a condición y arras, cuando se encontraban en posesión de los terrenos que fueron objeto de mejoras y al haber ocultado la vendedora la emisión del título ejecutorial para suscribir el contrato definitivo, vulnerándose a tiempo de emitir sentencia los arts. 494, 496, 520, 521, 523, 614 y 636 del CC, desconociendo el criterio del juzgador para ordenar a los litisconsortes restituir las contraprestaciones recibidas, emitir un criterio parcial e irrazonable sobre el incumplimiento del saldo de la contraprestación de $us703, sin emitir un criterio jurídico respecto de las disposiciones señaladas, la restitución a terceros ajenos y el formulario de reconocimiento de firmas en el que participó como testigo a ruego uno de los litisconsorte y reconvencionista; y,
  7. 6)El cuestionado Auto Agroambiental Plurinacional S2a 0127/2022, vulnera la congruencia interna sobre el primer y segundo motivo del recurso de casación en el fondo; puesto que, en la declaratoria de infundado el recurso no existe relación de coherencia y logicidad de la parte considerativa con la resolutiva del citado Auto Agroambiental Plurinacional al ser contradictorios entre sí.
  1. c)Falta de fundamentación y motivación, al evadir pronunciarse sobre los cinco motivos de casación y no controlar los actos del inferior vinculados a la revisión de oficio que deben realizar los Magistrados ahora accionados por la ilegal integración de ajenos al proceso, los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del Auto Agroambiental Plurinacional S2a 0127/2022, carecen de una debida fundamentación y motivación con relación a cada una de las cuestiones planteadas, al no haber examinado adecuadamente cada una de ellas, emitir alegaciones generales, evasivas e incluso como en el recurso de casación en el fondo, realizar exigencias formalistas fuera de lo previsto por la Constitución Política del Estado, arbitrariedad sobre la que radica la relevancia constitucional al desconocer los motivos concretos que generaron los incongruentes argumentos expuestos en la resolución impugnada que incumple el estándar interamericano sobre el deber de motivar, desconociendo los hechos, motivos y normas en los que se basaron los Magistrados ahora accionados al resolver el recurso de casación formulado.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al principio de legalidad, congruencia externa e interna y falta de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 8, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:

  1. i)Dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 0127/2022 de 5 de diciembre y se ordene emitir un nuevo auto agroambiental plurinacional debidamente congruente, fundamentado, motivado en sujeción al principio de legalidad y constitucionalidad que prohíba la integración ilegal de ajenos a la litis, generando incongruencia en las decisiones judiciales;
  2. ii)Se condene con costas y costos, así como la reparación del daño integral ocasionado a causa de la ilegal integración de personas ajenas al proceso; y,
  3. iii)Se exhorte al Tribunal Agroambiental que a tiempo de integrar al proceso a los litisconsortes o terceros, observen la procedencia conforme los arts. 47, 48 y 50.II del CPC, en el marco de los parámetros de interpretación conforme a la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 780 a 795, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Ángela Sánchez Panozo, entonces Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 655 a 661 vta., ratificado en audiencia por sus apoderados conforme el Testimonio de Poder 311/2023 (fs. 654 y vta.) manifestó que:

  1. a)La acción de defensa, no refiere con claridad cuáles son los actos ilegales y omisiones indebidas en las que se incurrió al dictar el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 0127/2022; es decir, no señala de manera precisa la relación de hechos e identificación de derechos que se consideran vulnerados, menos las pruebas en que se apoya la acción tutelar y la petición; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada;

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