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TCP

0323/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0323/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0323/2026-S2 Sucre, 11 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56491-2023-113-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 120/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 271 a 287, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Amparo Carvajal Baños contra Edgar Salazar Limachi.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 31 a 34, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de junio de 2023, aproximadamente a horas 12:00, Edgar Salazar Limachi -hoy demandado-, acompañado de alrededor de cincuenta personas encapuchadas y portando palos, procedieron a tomar por la fuerza el inmueble de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), ubicado en la Avenida 6 de agosto, entre calles JJ Pérez y Aspiazu, en la ciudad de La Paz. Dicho inmueble se encontraba bajo su cargo y posesión, en su calidad de Presidenta de la APDHB, tal como se acredita mediante el Testimonio 821/2023 de 9 de mayo, expedido por Marcelo Eugenio Baldivia Marín, Notario de Fe Pública 95 de la referida ciudad.

En el interior del inmueble se hallaban pertenencias de varios funcionarios de la mencionada Asamblea, así como documentación de gran relevancia relacionada con demandas de protección de derechos humanos. Todo este material se encuentra actualmente en poder del demandado.

Tanto medios de comunicación como la sociedad en general fueron testigos de esta toma ilegal, realizada sin que el demandado hubiera tramitado un proceso de desalojo ni presentado autorización judicial alguna para tomar posesión pacífica del bien. Durante este acto, fue desalojada de manera violenta, recibiendo amenazas graves, insultos y agresiones psicológicas por parte del demandado, quien, ejerciendo justicia por mano propia, mantiene la posesión del inmueble de forma ilícita.

Lo más lamentable es que, pese a que denunció los hechos en presencia de tres diputados, la Policía Boliviana no ejecutó las acciones directas correspondientes para verificar la violencia con la que se perpetró la toma; por el contrario, al momento de interponer la presente acción de amparo constitucional, la Policía se encontraba resguardando el ingreso principal del inmueble, lo que permitió que se consolidara la medida de hecho en su contra, situación agravada por su condición de persona de la tercera edad, perteneciente a un grupo vulnerable.

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