0325/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0325/2022-S1 Sucre, 1 de junio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 38781-2021-78-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 10/2021 de 3 de marzo, cursante de fs. 435 a 440, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ana Beatriz Dávalos Reynaga contra María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro; y, Ángel Prudencio Paz Quisbert.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2021, cursante de fs. 363 a 367 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que tuvo un vínculo conyugal de unión libre con Ángel Prudencio Paz Quisbert, con quien tiene dos hijos mellizos, de siete años de edad; El 30 de enero de 2019, formuló contra el nombrado el pago de asistencia familiar, lo que fue radicado en el Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del departamento de Oruro, causa que concluyó con la Resolución de 11 de julio de 2019, cuya determinación homologó el acuerdo de conciliación al que se arribó en audiencia, determinándose la guarda de sus dos hijos a su favor, sin que el padre haya pedido la reversión de esa medida.

En el mes de marzo de 2020, emergente de haberse declarado la cuarentena como consecuencia de la pandemia, se suspendieron las clases de sus hijos y estos accedieron a viajar con su padre por cuatro días, supuestamente a la "ciudad de La Paz"(sic), hasta el domingo 15 de marzo de 2020; una vez vencido dicho plazo, fue para recoger a sus hijos, pero cuando llamó al progenitor este le indicó que se encontraban en Coroico y le dijo que le devolvería a sus hijos, apenas mejore la situación, lo que lamentablemente hasta la fecha de interposición de la presente acción no ha dado cumplimiento.

Ante la imposibilidad de recuperar a sus hijos, presentó varios memoriales a la Jueza ahora demandada quien le había asignado la guarda. El 14 de septiembre de 2020, acudió nuevamente ante la mencionada Jueza, haciendo saber que acudió al "SLIM de la ciudad de La Paz"(sic), quienes le aclararon que en Coroico no habían funcionarios y que si el padre no quería entregarlos no podían hacer nada, por lo que preocupada fue hasta Coroico y pudo llevarse únicamente a su hija; por lo que pidió nuevamente a la Jueza haga cumplir sus determinaciones, debiendo disponer se le entregue a su hijo; empero, la Jueza únicamente corrió traslado del memorial, mediante decreto de 15 de septiembre de 2020.

En octubre de 2020, Ángel Prudencio Paz Quisbert, formuló demanda de tenencia y guarda de los menores, lo que fue rechazado. El 30 de octubre de 2020, solicitó a la Jueza que ordene a las defensorías de toda Bolivia, para que ejecuten la orden de rescate, y es mediante Decreto de 3 de noviembre de 2020, que la Jueza ordenó el rescate a nivel nacional a las defensorías de la niñez.

En el presente caso, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en ese sentido se tiene que la Jueza ahora demandada, no asumió el rol de autoridad, para moderar el accionar de las partes, que se excedieron y formularon solicitudes contradictorias e ilegalidades, afectando "el derecho de mi hijo en su vida en el campo de la libertad, en un justo y debido proceso"(sic), ya que si el padre de sus hijos quería la guarda, este tenía la vía expedita y pese al asesoramiento constante de la Jueza no lo hace y la misma tampoco "asume decisiones oportunas haciendo respetar sus propias decisiones"(sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante alega la vulneración de sus derechos a la vida y libertad de su hijo menor de edad y el debido proceso en su componente de celeridad, citando al efecto el art. 47 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la acción de libertad y en consecuencia se disponga que: La inmediata entrega de su hijo al estar vigente la guarda y que se ordene a "...la Señora Juez porque ella se halla obligada hacer respetar sus propias decisiones en el marco del estado de derecho en el que nos encontramos en el marco de la celeridad y sin dilaciones indebidas, antes descrito por ser que o ha observado sus obligaciones"(sic), sea con costas, costos y demás condenaciones de la Ley en contra del progenitor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública el 3 de marzo de 2021, según acta cursante de fs. 429 a 434, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado ratificó de forma íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándola señaló lo siguiente: El Juez en suplencia legal carece de legitimación o representación para que haga un informe, pues este tipo de informes son de auditoría personalísima, no podría suplir la obligación que le atañe a la demandada, por lo que pide se aparte el informe de la autoridad en suplencia legal.

I.2.2. Informe de la parte demandada

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Ana Beatriz Dávalos Reynaga, demandó de asistencia familiar a Ángel Prudencio Paz Quisbert (fs. 15 a 16 vta.).

II.2. Mediante Auto de 11 de Julio de 2019, la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, dispuso en el numeral 2, que "En relación a la guarda de los menores (...) se otorga la misma en favor de su progenitora ANA BEATRIZ DAVALOS REYNADA"(sic) (fs. 171 vta. y 172).

II.3. El 6 de julio de 2020, Ana Beatriz Dávalos Reynaga, presentó un memorial a la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, poniendo a conocimiento el incumplimiento de la parte del demandado, y solicitó que se conmine a Ángel Prudencio Paz Quisbert a que cumpla el acta de conciliación (fs. 192 y vta.). La Jueza emitió el proveído de 8 de julio de 2020, mediante el cual ordeno el traslado del memorial y exhortó a las partes a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto mediante Auto, bajo alternativa de Ley, también ordenó ponerse en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 193)

II.4. El 14 de julio de 2020, la ahora accionante, aclaró petitorio y señaló que se rescate a sus dos hijos (fs. 197). La Jueza, dispuso que se notifique a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con el memorial de 6 de julio de 2020, decreto de 8 de julio del mismo año y memorial que antecede más decreto (fs. 198).

II.5. El 25 de agosto de 2020, Ángel Prudencio Paz Quisbert, respondió negativamente a memorial, negó el incumplimiento del acuerdo conciliatorio y solicitó a la Jueza que sus hijos permanezcan con el de manera temporal, mientras perdure o disminuya sustancialmente la Pandemia COVID-19 (fs. 203 a 204 vta.). La Jueza, mediante decreto de 27 de agosto de 2020, señaló: "Se tiene presente lo manifestado. Alternativamente, el impetrante a objeto de hacer valer sus derechos deberá acudir a nueva pretensión cumpliendo los requisitos exigidos por el art. 259 de la Ley N° 603 debiendo hacer su ingreso por plataforma del Órgano Judicial y no así dentro del caso de autos"(sic) (fs. 205).

II.6. El 14 de septiembre de 2020, Ana Beatriz Dávalos Reynaga, presentó memorial ante la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, haciendo conocer que el 11 de septiembre de ese año, con la intención de rescatar a sus hijos fue a Coroico y que cuando fue a buscar a Ángel Prudencio Paz Quisbert, vio a su hija y se la llevó. Por lo que pidió, que el demandado cumpla con lo dispuesto en la Sentencia que se emitió, para entregarle a su hijo y que está incumpliendo el exhorto (fs. 220 y vta.). Mediante decreto de 15 de septiembre de 2020, la autoridad jurisdiccional exhortó a las partes a dar estricto cumplimiento con lo dispuesto por auto de 11 de julio de 2019 (fs. 221).

II.7. Mediante informe psicológico realizado por el Jorge Paniagua Peña, Psicólogo-Clinico-Familiar, respecto del menor de 7 años de edad, se advierte que el citado profesional diagnostico depresión moderado a grave por la situación que atraviesa con su progenitora con quien no desea volver, mencionando que se siente bien con su progenitor (fs. 424 a 427).

II.8. El 18 de septiembre de 2020, Ana Beatriz Dávalos Reynaga, presentó memorial ante la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, solicitando conminatoria a la "DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGIONAL DE ORURO"(sic) el rescate de su hijo (fs. 225); el 21 de septiembre del año indicado, la Jueza ordenó la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a objeto de realizar las acciones necesarias con relación a los menores AA y BB (fs. 226); el 29 de septiembre de 2020, la defensoría hizo una representación a la Jueza, señalando que es inviable el rescate del menor, por cuestiones de jurisdicción y competencia, sugiriendo la intervención de la defensoría de la Niñez y Adolescencia de Coroico del departamento de La Paz (fs. 230).

II.9. El 5 de octubre de 2020, Ana Beatriz Dávalos Reynaga, presentó memorial ante la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, y solicitó se conmine a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridad competente de la localidad de Coroico del departamento de La Paz a efectos de realizar el rescate de su hijo (fs. 235). La Jueza mediante decreto de 6 de octubre de 2020, dispuso la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Coroico del mencionado departamento, y se proceda al rescate del menor BB y sea restituido al hogar materno (fs. 236).

II.10. El 22 de octubre de 2020, el Investigador de la FELCV, hizo acta de representación indicando que fueron al domicilio de Ángel Prudencio Paz Quisbert, a objeto de realizar el rescate y que el mencionado no se encontraba y cuando se comunicaron por el mediante celular, les indicó que se encontraba en la ciudad de La Paz junto al menor (fs. 251).

II.11. El 23 de octubre de 2020, Ángel Prudencio Paz Quisbert, solicitó a la Jueza la tenencia y guarda de los menores (fs. 241 a 242); la Jueza mediante decreto de 23 de octubre de 2020, indicó que debe acudir a una nueva pretensión de guarda cumpliendo los requisitos exigidos por el art. 259 de la Ley 603 (fs. 243); el 27 de octubre del mismo año, el nombrado denunció actos de violencia que ejerció Ana Beatriz Dávalos Reynaga, contra sus hijos (fs. 247 a 249).

II.12. El 30 de octubre de 2020, Ana Beatriz Dávalos Reynaga, presentó memorial ante la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, solicitando el rescate de su hijo, y se conmine a las defensorías de la niñez y adolescencia o cualquier autoridad hábil y no impedida de todo el Estado Plurinacional de Bolivia a objeto de proceder con el rescate del mismo (fs. 271); el 3 de noviembre del año citado, la Jueza, ordenó la notificación a cualquier autoridad hábil y no impedida de cualquier defensoría de la Niñez y Adolescencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a objeto del rescate del menor y sea restituido a la brevedad al hogar materno (fs. 272).

II.13. El 14 de diciembre de 2020, Ana Beatriz Dávalos Reynaga, presentó memorial ante la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Oruro, solicitando que ordene al demandado, se presente al estrado judicial a objeto de lo dispuesto que es entregar a su hijo al seno materno y se practique la correcta liquidación de pensiones; para lo que debe señalar día y hora de audiencia (fs. 337 a 338); por decreto de 15 de diciembre de 2020, la Jueza, ordeno se señale de forma clara y precisa su petitorio conforme a procedimiento (fs. 339).

II.14. Ángel Prudencio Paz Quisbert, demandó la guarda de sus hijos ante el Juez Público de Familia de Turno, demanda que fue contestada por la ahora accionante el 15 de diciembre de 2020 (fs. 347 a 353, 409 a 411 y 414 a 416).

II.15. Ángel Prudencio Paz Quisbert, formuló querella por violencia física y psicológica sistemática intra-familiar contra Ana Beatriz Dávalos Reynaga (fs. 418 a 423). El Fiscal de Materia del departamento de Oruro, determinó medidas de protección refiriendo en el numeral 4 que: "Se prohíbe a la agresora ANA BEATRIZ DAVALOS REYNAGA ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, cualquier otro espacio que frecuente la persona que se encuentre en situación de violencia" (fs. 417 y vta.); también existe denuncia por parte de Ángel Prudencio Paz Quisbert contra la ahora accionante, pidiendo a la Fiscal de Materia del departamento de Oruro, el rescate de su hija (fs. 406 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Las normas de protección y la jurisprudencia sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, reiterada por la SCP 0746/2020-S1 de 18 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.