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TCP

0325/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0325/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0325/2026-S2 Sucre, 11 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57083-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 128 de 19 de julio de 2023, cursante de fs. 386 a 389, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Parada Reyes en representación legal de AGROINDU GROUP Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Julio Gerardo Rosado Rojas, Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de julio de 2023, cursante de fs. 343 a 353, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ejecutivo civil, en ejecución de sentencia y en su calidad de demandante contra ALFA NATURA S.R.L -ahora tercero interesado-, Julio Gerardo Rosado Rojas, Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, emitió la Sentencia Inicial de 16 de junio de 2016, que declaró probada la demanda y ordenó como medida precautoria la retención de fondos que poseyera ALFA NATURA S.R.L., a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); con posterioridad, Seyer Reyes Rojas -tercero interesado-, ajeno a dicho proceso, presentó una acción de amparo constitucional en la que obtuvo la concesión de tutela y se determinó anular obrados hasta "'el auto de admisión de demanda'" (sic), así lo refiere la "...la Sentencia de 7 de abril de 2021..." (sic) dictada por el "...Juez Público Mixto de Portachuelo..." (sic), que en esa oportunidad se constituyó en Juez de garantías.

Posteriormente, el Juez demandado emitió "resolución" de 14 de junio de 2021, ordenando el levantamiento de las medidas precautorias que se habían dispuesto en la causa, e inmediatamente, pronunció "resolución" complementaria de 10 de agosto de igual año, por la cual ordenó se restituya el monto cobrado a ALFA NATURA S.R.L., en la suma de Bs673 960.-(seiscientos setenta y tres mil novecientos sesenta bolivianos); y, mediante decreto de 29 de noviembre del mismo año, conminó al cumplimiento de sus resoluciones. Pese a haber sido quien interpuso la acción ejecutiva por una deuda de $us110 742,73.- (ciento diez mil setecientos cuarenta y dos 73/100 dólares estadounidenses), se le otorgó la calidad de deudor, debido a que, por decreto de 5 de enero de 2023, todas sus cuentas bancarias fueron retenidas, además, del Oficio 429/2023 de 21 de marzo, que ordenó la retención de fondos a la ASFI; ante lo cual, el 5 de mayo de igual año, presentó memorial denunciando el perjuicio ocasionado con la retención impuesta, cuyo monto total superó el adeudo pretendido para su devolución, alcanzando aproximadamente Bs1 099 291,09.-(un millón noventa y nueve mil doscientos noventa y uno 09/100 bolivianos); y, $us168 428,51.-(ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho 51/100 dólares estadounidenses); las cuentas bancarias congeladas eran para el pago de salarios de trabajadores y el cumplimiento de otras obligaciones inherentes al giro de la empresa, entre ellas, la venta de granos; sin embargo, la autoridad demandada dictó el decreto de 5 de mayo de 2023, denegando la petición de descongelamiento de cuentas; y, profundizó la ilegalidad al seleccionar una cuenta, la del Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) y, ordenar la remisión de sus fondos a disposición del juzgado a su cargo, mediante decreto de 12 de junio de igual año.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad, "igualdad", al salario y a la garantía del debido proceso; citando al efecto los arts. 56, 46, 48.IV y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

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