0326/2019-S1

El peticionante de tutela a través de su abogado, reiteró y ratificó los argumentos expuestos en su demanda de acción de defensa y ampliando los mismos en audiencia, manifestó que:

1. a)El informe presentado por el actual Fiscal General del Estado, falsamente sostuvo que se aplicó la detención preventiva al denunciado por los agravantes inmersas en la imputación formal de 31 de mayo de 2017, lo cual no resulta cierto; toda vez que, la misma fue dispuesta por la gravedad del hecho y la existencia de riesgos procesales;
2. b)Su destitución y retiro, se fundó en una valoración probatoria que se apartó de los marcos de la razonabilidad y la equidad respecto al contenido de la imputación formal al calificar este simple error en una falta muy grave;
3. c)La Resolución que confirmó la determinación de primera instancia, denota una marcada distorsión de la normativa aplicable, esto es respecto al art. 121.18 de la LOMP;
4. d)El señalado artículo contempla una serie de requisitos, entre ellos la actuación ilegal de la resolución, la actuación con dolo, que se cause daño o perjuicio, los cuales no encuadran al caso de autos;
5. e)Para que haya una sanción de esta naturaleza, primero debía demostrarse la existencia de pruebas que comprueben el supuesto dolo, no cursando en el proceso ni una sola prueba de la concurrencia de este elemento, pues como único medio probatorio se tenía a la imputación formal;
6. f)Se estableció que se causó daño y perjuicio al denunciado por haberse determinado su detención preventiva, decisión que no fue dispuesta por el Fiscal, quien solo la solicita y demuestra la concurrencia de riesgos procesales; y,
7. g)La acción de amparo constitucional, se la dirige por la vulneración de derechos y garantías, habiéndose mencionado "...los principios de legalidad, de reserva legal y de seguridad jurídica, de derecho a la igualdad y la defensa, pero también se ha vulnerado el derecho a la justicia y tutela judicial..." (sic).

Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, por informe escrito cursante de fs. 671 a 678, manifestó que:

1. 1)No correspondía modificar o sustituir a la autoridad demandada, sino solamente ampliar la demanda constitucional contra la nueva autoridad; aspecto por el cual, solicita que la presente acción de defensa sea declarada improcedente;
2. 2)La imputación formal, resulta ser incoherente al aplicar la Ley 348, cuya vigencia es posterior a la supuesta comisión del hecho delictivo denunciado, vulnerándose el art. 123 de la CPE;
3. 3)La imputación formal de 31 de mayo de 2017, se constituye en una resolución indebida emitida en perjuicio del denunciado, al haberse quebrantado previsiones legales descritas en la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la agravante de haber calificado la conducta del imputado a sabiendas que no era legal por ser contrario al ordenamiento jurídico, consumándose con la imputación formal emitida en perjuicio al imputado, quien resultó ser detenido preventivamente, no pudiéndose de modo alguno aducirse que se trató simplemente de un error en la emisión de la referida imputación;
4. 4)La Resolución cuestionada, fue dictada dando respuesta a todos y cada uno de los posibles agravios, no advirtiéndose ningún quebrantamiento de derechos y garantías constitucionales;
5. 5)El accionante, no desarrolló ni especificó qué aspectos fueron motivo de omisión de pronunciamiento o que la resolución sea incongruente y falta de motivación, tampoco identificó que pruebas no merecieron la valoración probatoria o si hubo omisión o defectuosa estimación de las mismas, sí estuvieron fuera del marco de razonabilidad y equidad; asimismo, no citó qué disposiciones legales fueron probablemente inobservadas o erróneamente aplicadas, ni refirió la aplicación pretendida, debiéndose considerar que no solo basta mencionarlas, resultando ello llanamente en una disconformidad genérica y referencial; y,
6. 6)El proceso disciplinario seguido contra el hoy impetrante de tutela, se sustanció en estricto cumplimiento de las previsiones legales aplicables a procesos disciplinarios en franca observancia de los principios de legalidad, debido proceso, tipicidad, seguridad jurídica, igualdad de las partes, informalismo, derecho a la defensa técnica y material, presunción de inocencia, dejando claramente establecido que la falta disciplinaria muy grave está descrita en el art. 121.18 de la LOMP, determinando los elementos configurativos del tipo disciplinario y la sanción única de destitución definitiva del cargo y retiro de la carrera fiscal, conforme prevé el art. 122.3 de la referida Ley, no existiendo por consiguiente la supuesta errónea aplicación de la falta disciplinaria al señalar su responsabilidad por el desempeño de sus funciones, evidenciando que compulsadas las fechas de la declaración del denunciado y la emisión del requerimiento de aprehensión, resultaron incongruentes e impertinentes, con la agravante de incorporar las modificaciones incluidas por la Ley 348.

Asimismo, en audiencia los abogados apoderados de la mencionada autoridad, refirieron que:

1. i)La Ley Orgánica del Ministerio Público establece un catálogo de faltas entre las que de forma expresa se señala en cuáles de ellas se encuentra inmerso el elemento del dolo, en el caso del numeral 18 del art. 121 de la LOMP, por el que fue procesado el hoy peticionante de tutela, dicho elemento se encuentra contemplado;
2. ii)El motivo del proceso disciplinario iniciado contra el nombrado, no fue por la determinación de la detención preventiva del imputado, sino por la imputación formal emitida contra el mismo, siendo esta analizada por la "Sala Penal" que advirtió la vulneración del art. 123 de la CPE;
3. iii)La imputación formal, es indebida porque incluyó dos incisos que no correspondían al hecho que se estaba investigando; y,
4. iv)"...por la prueba que ha presentada el denunciante del proceso disciplinario que ha referido que ha hecho una pericia de genérica forense de ADN, en la cual se ha establecido que no es coincidente el hijo nacido de la supuesta víctima de violación con el ADN del imputado, razón por cual se ha de sobreseer al imputado al no encontrar ningún elemento de prueba en su contra, con lo que el proceso penal habría concluido..." (sic).

Jacinto Nina Cárdenas -denunciante dentro del proceso disciplinario-, en audiencia manifestó que:

1. a)Sufrió una persecución terrible por el simple hecho de nacer en Potosí, no permitiéndole asumir la dirección de una unidad educativa, la cual se agravó cuando ganó las elecciones para ser ejecutivo de la Federación de la Chiquitanía, iniciándole varios procesos administrativos en su contra;
2. b)Cuando se enteró de la denuncia de violación, personalmente se aproximó a la Policía, notificándole para que declare el 31 -se entiende de mayo de 2017-, pero la imputación ya estaba con "30 de mayo", un día antes de que fuera detenido;
3. c)Le tuvo declarando desde horas 9:00 a 21:00, no permitiendo la participación de sus cuatro abogados sino solo de uno, no siendo suficiente referir que aplicó mal el art. 123 de la CPE, cuando todo se realizó bajo la Ley 348, incluso habiendo hecho declarar a un discapacitado;
4. d)El Fiscal procesado festejó su detención con el "Alcalde", existiendo videos donde se registra lo indicado; empero, los periodistas les negaron su entrega por disposición de la señalada autoridad edil quien es la que ejerce su persecución;
5. e)"...sales a los medios de comunicación indicando de que yo era un violador en serie cuando no había ningún indicio o elemento y si se investigado era sobre un delito, yo por eso personalmente yo me he apersonado, porque no podía creerlo (...) yo he perdido mi trabajo, no simplemente mi cargo, a la fecha no puedo trabajar, porque hay un decreto supremo que también es inconstitucional, que manifiesta que con solo la imputación se debe suspender del cargo, a raíz de eso se adhiere a la denuncia la defensoría y le pide al señor Fiscal que me impute para que me suspenda, no puede decir el señor Fiscal que no ha actuado dolosamente, tenía pleno conocimiento estaba a pleno contacto con el alcalde, el alcalde se lo pagaba todo, se lo pagaba el alquiler donde vivía, se lo paga de todo aquello, por eso perdido la profesión, perdí mi dignidad como profesional, mi ética profesional, yo podía, con lo poco que ganaba suministrar los gastos de medicamentos de mi mamá, lo cual después de la suspensión, yo, ya no podía, es un simple error señor Juez, lo que ha cometido? ha violentado una constitución y a matado mi vida..." (sic); y,
6. f)"...después de tanta exigencia después de más de 25 memoriales que he presentado para que salgan las peritajes y eran para que no se esclarezca la situación y yo pueda permanecer, tengo el sobreseimiento que me han dado y la prueba más importante que es el ADN y es prácticamente negativo, el quinto elemento que se tenía como prueba que después del hecho hay sido mi hijo pero sale negativo (...) ahora califican ese simple error intrascendente, como el daño enrome que me ha causado es irreparable, posiblemente mi madre podría vivir unos cuantos años más tomando sus medicamentos, ahora no puedo volver a mi cargo, gracias a estas actuaciones en Robore me dicen que soy un violador en serie, prácticamente me cuesta recuperarme psicológicamente y emocionalmente de esta situación, que le costaba investigar un poco más, que le costaba hacer una investigación de peritaje, acaso yo me estoy escapando yo fui personalmente..." (sic).