0326/2019-S2

Solicita se conceda la tutela, ordenando que:

1. a)El Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; los Alcaldes de los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto; y, el Director Técnico del SEDES La Paz: Garanticen el acceso continuo a todos los servicios de salud en los hospitales públicos de primer y segundo nivel del departamento señalado; y, que los médicos servidores públicos dependientes de la instancia departamental y municipal, se mantengan brindando atención de forma normal; que las cirugías programadas, no se suspendan ante un eventual paro médico convocado por instancias no estatales; en caso de verificar que los médicos dependientes de los Gobiernos Departamentales o Municipales precitados acaten un paro -de la naturaleza descrita-, se inicien los procesos internos para su desvinculación o descuentos por incumplir sus funciones, además de remitir los casos ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad de los servicios públicos; para el caso de servidores públicos dependientes del Ministerio de Salud que acaten el paro, se disponga la remisión de antecedentes ante dicho Ministerio a efectos de iniciar las acciones pertinentes; por otra parte, impetró se ordene al Gobernador y al Director Técnico del SEDES La Paz, supervisen que los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto presten los servicios de salud de forma continua; y,
2. b)Al Ministro de Salud: Realizar el seguimiento a las acciones de los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz y de El Alto para garantizar el acceso continuo a todos los servicios de salud en los hospitales públicos bajo su dependencia; y, verificar que los servidores públicos de La Paz cumplan con sus labores de forma normal durante los días en que se declaren paros por entes que no pertenecen al aparato estatal (como los sindicatos y colegios médicos); de evidenciarse omisión en el seguimiento y sanción de los médicos o personal de apoyo por parte de los citados Gobiernos Autónomos Municipales, remitir antecedentes a la instancia pertinente para determinar la responsabilidad de las autoridades; y, en caso de recibir la información sobre la paralización del servicio de salud o la resistencia de los servidores dependientes del Ministerio de Salud, remitir los antecedentes ante el Ministerio Público, por incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción tutelar planteada y ampliándola refirió:

1. 1)El 90% de sus afiliados no contaban con un seguro; por lo que, la amenaza de paro les afectaba;
2. 2)La medida señalada se concretizó el 3 y 4 de enero de 2019; y,
3. 3)La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron que las huelgas no podían poner en riesgo la continuidad del servicio de salud, la salubridad pública y la prestación permanente de los servicios, para garantizar una vida digna a las personas.

Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Ministro de Salud, a través de sus representantes legales; mediante informe escrito de 10 de enero de 2019, que cursa de fs. 265 a 280 vta.; y, en audiencia señaló que:

1. i)El Sistema de Salud se encuentra orgánicamente dividido incluso antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado y la implementación de las autonomías; categorizando los centros de salud, hospitales e institutos en niveles de atención que son el primero, segundo, tercero y cuarto; y, cada nivel es caracterizado a través de normas técnicas aprobadas por el Ministerio de Salud;
2. ii)La gestión administrativa, financiera, técnica y legal de los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel, se ejerce por las Entidades Territoriales Autónomas según sus competencias concurrentes establecidas en los arts. 299.II.2 de la CPE y 81.III.1 y 2 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010-; mientras que, los establecimientos de salud de cuarto nivel quedaban bajo la administración del Ministerio de Salud -empero en la actualidad no existían-;
3. iii)Resaltó que el Sistema Público de Salud se encontraba dividido en tres subsectores: El público, el privado y el de la Seguridad Social de Corto Plazo; y, en ese sentido la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó la distribución de las responsabilidades emergentes de la competencia -según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"-, limitándose las facultades del nivel central del Estado -representado por el Ministerio de Salud- a lo establecido por el art. 298.II.17 de la CPE;
4. iv)Cada establecimiento de salud resultaba trascendental para brindar un servicio adecuado, pues si uno dejaba de funcionar, se daba lugar a condiciones de disminución de la calidad y seguridad en las prestaciones; incrementándose las situaciones de incertidumbre, peligro y vulnerabilidad; además, considerando que el servicio de salud -según los arts. 35.I de la CPE, 12 del PIDESC y la Observación General 14 de 11 de agosto de 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)- guardaba una relación directa con los principios de continuidad, integridad, eficacia y eficiencia, universalidad y confianza legítima; y, elementos como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad;
5. v)A nivel nacional, ningún establecimiento de salud se encontraba bajo la gestión administrativa, técnica, financiera o legal del Ministerio de Salud; sino que, tales atribuciones respeto a los establecimientos de salud de tercer nivel correspondían al Gobierno Autónomo Departamental y el SEDES La Paz; mientras los Gobiernos Autónomos Municipales, tenían dichas competencias respecto a los hospitales de primer y segundo nivel;
6. vi)Aclaró que los Gobiernos Autónomos Departamentales y el SEDES, asumiendo su rol de autoridad en salud dentro de su territorio -incluyendo el primer, segundo y tercer nivel- contaban con atribución de fiscalizar la inasistencia de los servidores públicos -en ejercicio de la autonomía en la reglamentación y gestión ejecutiva sobre el Sistema de Salud departamental-, pudiendo además imponer las sanciones pertinentes según la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-;
7. vii)La SCP 1104/2017-S2, se refirió a la tuición del Ministerio de Salud, que incluye a los entes gestores del Sistema de Seguridad a Corto Plazo de forma expresa; empero, la acción tutelar en consideración se encontraba limitada al subsector de salud cuyos actores de fiscalización eran los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales respectivamente; por lo que, el paro de 29 de noviembre de 2018 que fue acatado por establecimientos de primer, segundo y tercer nivel, correspondía ser atendido por las señaladas instancias;
8. viii)Según la doctrina, las normas nacionales e internacionales, en casos donde existía contraposición de los derechos a la huelga y a la salud, éste último tiene prevalencia por su relación directa con el derecho a la vida; consecuentemente, según establece el art. 38.II de la CPE, correspondía garantizar a quienes reciben los servicios de salud (determinada atención o tratamiento médico) que dicho servicio no sea interrumpido, bajo el entendido de que tal suspensión implicaba una amenaza potencial de su derecho a la vida respecto a su propia subsistencia física, existiendo jurisprudencia que razonó de igual forma como la contenida en las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0004/2001, 1805/2010-R y 1441/2011-R y la SCP 0443/2015-S1 de 8 de mayo; y, en la jurisprudencia comparada;
9. ix)La OIT definió como servicio público esencial a aquel cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o parte de la población; por lo que, ha previsto un límite a la huelga cuando afecte a un servicio público esencial, para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo en condiciones de seguridad de las instalaciones; y,
10. x)De lo referido, concluyó que la interrupción del servicio público esencial de la salud, así sea de forma parcial -considerando el funcionamiento de los servicios de emergencias- involucraba una lesión a la salud en su doble connotación (como servicio público y como derecho); consecuentemente, era objeto de la acción popular como entendió la SC 1970/2011-R de 7 de diciembre; razones por las que en suma, solicitó se declare "probada en parte" (sic) la acción popular, respecto a las funciones que debían cumplir los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto; e, "improbada" (sic) respecto al Ministerio de Salud, considerando el ámbito de sus competencias. En audiencia observó que los terceros interesados, únicamente podían actuar en la acción respecto a derechos que les fueran vulnerados, sin que corresponda que ingresen a mayores argumentos.

Félix Patzi Paco, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de informe escrito presentado por sus representantes legales el 10 de enero de 2019, que cursa de fs. 301 a 307 vta., refirió que:

1. a)Si bien la jurisprudencia constitucional estableció que los entes colegiados como Colegios Médicos, no tenía tuición sobre las entidades públicas; empero, sí tenían facultades sobre disposiciones tomadas en ampliados, asambleas y convocatorias que alcanzaban a su gremio; por lo que, eran ellos quienes directamente lesionaban derechos colectivos como la salubridad pública;
2. b)Sobre la supervisión pretendida según el petitorio de la acción popular, corresponde establecer que en aplicación de los arts. 272, 300 y 302 de la CPE, tanto los Gobiernos Autónomos Municipales como Departamentales tienen atribuciones y competencias propias; por lo que, no se encontraba facultado para ejercer ningún tipo de tuición en relación a la solicitud de supervisión a los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto, a efectos de que presten atención de salud de forma ininterrumpida en los centros hospitalarios de primer y segundo nivel; pues los niveles estatales contaban con autonomía e independencia respecto a sus instituciones; y,
3. c)Respecto al acceso continuo de todos los servicios de salud y la garantía para que los médicos que trabajaban como servidores públicos en hospitales dependientes de la instancia departamental; se tuvo que cada centro hospitalario contaba con una estructura y organización independiente, de forma que cada institución regulaba su actividad según sus manuales y reglamentos internos que determinaban las acciones a tomar en casos de inasistencia o incumplimiento;
4. d)El SEDES La Paz constituía un órgano desconcentrado del Gobierno Autónomo Departamental señalado, contaba con su propio Reglamento Interno de Personal aplicable para todos sus dependientes; y, el Gobierno Departamental supervisaba que el SEDES aplique lo establecido en el precitado Reglamento y la normativa aplicable; por lo que, debía considerarse que como entidad estatal, todas las funciones y su actuar se encontraban regidos por diferentes normas de carácter general y especial;
5. e)Sobre la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes y atentado contra los servicios públicos, evidentemente así era como debían proceder pues de lo contrario incurrirían en incumplimiento de deberes convirtiéndose en encubridores del hecho; sin embargo, existían competencias enmarcadas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"; y, el control se efectuaba mediante el SEDES sin que ello implique un descuido;
6. f)El accionante en el memorial de la acción popular interpuesta ni en el de subsanación, identificó el acto u omisión en que incurrieron las autoridades demandadas; y, debió considerar que el Gobernador del Gobierno autónomo Departamental de La Paz, no convocaba a paros o huelgas; consecuentemente, se evidenciaba una ausencia de objeto y causa respecto a los actos, supuestos, transgresiones u omisiones que causaron la lesión del derecho a la salubridad pública; y,
7. g)Como Gobernador, tampoco contaba con ninguna facultad de imponer a los servidores públicos la adopción de medidas de presión como paros o huelgas; y, asimismo, carecía de facultades o mecanismos para suspender o dejar sin efecto las medidas adoptadas por representantes sindicales de los hospitales públicos que tenían dependencia directa del Ministerio de Salud; por lo que, la acción debió interponerse contra las entidades o representantes sindicales, o en su defecto contra el Ministro de Salud, quien ejercía autoridad sobre las entidades y servidores públicos involucrados en los paros; por lo que, impetró que se deniegue la tutela.

Isaac Felipe Fernández Cano, Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, en audiencia a través de su abogado y representante legal, manifestó que:

1. 1)El accionante carecía de legitimación activa pues no demostró objetivamente -mediante documentos o memoriales- "...la condición de ser personas que no cuentan con un seguro de salud alterno..." (sic), además debió considerarse que de conformidad con el art. 136.II (no indicó de qué cuerpo legal), el defensor del pueblo "...tiene por carácter obligatorio la interposición y promoción de instituciones tutelar de acción popular..." (sic);
2. 2)No se evidenció la existencia de nexo de causalidad, particularmente en lo concerniente a identificar los hechos lesivos en los que aparentemente incurrió la entidad edil a la que representaba, o cómo se causó perjuicio al demandante de tutela; toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal no tuvo participación o intervención respecto a las medidas de presión alegadas;
3. 3)Se remitió un proyecto de Ley del Sistema de Salud ante la Asamblea Legislativa Plurinacional pues no existía normativa suficiente para reglamentar aspectos que fueron referidos en la acción popular; y, debía considerarse que las instituciones públicas no podían realizar actos de manera discrecional pues sus funciones se encontraban reguladas por la Ley;
4. 4)Sobre la solicitud de ponderar varios derechos constitucionales como a la huelga, a la salud, "...las competencias concurrentes, inclusivas" (sic), señaló que no se le brindó suficiente tiempo; no obstante, la normativa pertinente se aplicaba a todos los servidores públicos estableciendo responsabilidad administrativa a través de un juez sumariante y garantizando el derecho a la defensa y debido proceso; por lo que, no podían presumir la culpabilidad en ésta acción y remitir antecedentes al Ministerio Público; y,
5. 5)Según el art. 225 de la CPE, la acción popular excedía su petitorio pues la competencia para calificar conductas delictivas era potestad de la Fiscalía y la jurisdicción ordinaria; por lo que, impetró que se deniegue la acción popular.

Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; a través de su representante legal en audiencia, señaló que:

1. i)Se adhería a lo manifestado por su homólogo de Nuestra Señora de La Paz, en relación a las atribuciones, funciones y competencias de los municipios;
2. ii)Uno de los requisitos de la acción popular según el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), era presentar la prueba o indicar donde se encontraba; sin embargo, se planteó la acción con base en hechos pasados y una pretensión preventiva sin demostrar objetivamente cuál era la amenaza futura;
3. iii)La acción popular "...contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto se la dirige contra su representante legal; es decir, se acciona también contra una institución municipal pública..." (sic) y no obstante a que se solicitó subsanar la acción respecto al nexo de causalidad, el accionante brindó una respuesta general sin establecer tal vínculo sobre cómo el municipio amenazaba el derecho colectivo a la salubridad pública;
4. iv)Según la configuración de la acción popular, -a su criterio- el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público tenían la obligación de plantear la acción; y, así ocurrió, pues el precitado Defensor ya interpuso una anterior demanda tutelar que fue denegada por aspectos formales;
5. v)El tema objeto de la problemática, involucraba al Ministerio de Salud, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales; y, en el marco de sus competencias ya se pidió informe del caso a la Secretaría Municipal de Salud;
6. vi)Su competencia de administración se reflejaba en brindar el personal; y, proveer insumos, medicamentos e infraestructura; empero, existían profesionales médicos, personal de enfermería y de salud en general que no tenían dependencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; pues en algunos casos dicho personal dependía de forma directa del Ministerio de Salud; y,
7. vii)No existía un elemento objetivo ni idóneo que permita determinar una eventual amenaza, tampoco se estableció un objeto claro o determinado; por lo que, impetró que se "declare la improcedencia" de la acción.

Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico del SEDES La Paz, a través de su abogado y representante legal, en audiencia indicó que:

1. a)En los centros de salud existían tres tipos de personal: los pertenecientes al Ministerio de Salud, a los Municipios y al SEDES; cualquiera de dichos servidores, respondían funcionalmente a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la que dependían; y, organizacionalmente pertenecían a gremios; y,
2. b)El Ministerio de Salud, solicitó informe al SEDES detallando el número de profesionales que acataron el paro convocado el 3 y 4 de enero de 2019 -según establecimiento y tiempo-; en respuesta el mismo día se ha instruido que cada centro de salud remita la información pertinente a efectos de aplicar la Ley 1178, el Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998 -Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud-, el DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992; y, el Reglamento Interno de Personal; agregó que con base en lo determinado, se iba a proceder según corresponda.

David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante informe escrito presentado el 10 de enero de 2019, que cursa de fs. 404 a 408 vta., señaló que:

1. 1)El art. 14.15 de la Ley del Defensor del Pueblo -Ley 870 de 13 de diciembre de 2016-, lo facultaba para actuar como parte o coadyuvante en las acciones de defensa denunciando la transgresión de derechos; y en ese marco, anteriormente presentó una acción popular que generó el pronunciamiento del entonces Tribunal de garantías que estableció que los paros médicos de 17 y 18 de mayo de 2017 afectaron a la población; por lo que, el derecho a paralizar actividades debía ser restringido cuando vulnere el derecho de la colectividad a la salud;
2. 2)Quien no tiene seguro en el Sistema de Seguridad Social, tiene necesidad de acceder al sistema público, así la acción popular presentada evidenció que los paros médicos se llevaron a cabo en desmedro de la población; asimismo, lo evidenciaban las publicaciones de prensa correspondientes a las fechas de los paros aludidos;
3. 3)No solo se afectó a los residentes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz o El Alto; sino que también se actuó en desmedro de las personas que habitan en el interior del país; y, en tal sentido se observaron diferentes casos como el de un paciente con cáncer a quien se le privó de atención durante el paro de 19 de diciembre de 2018, entre otros que fueron de conocimiento público pues se publicaron en diferentes medios de prensa;
4. 4)Mediante diferentes intervenciones e informes, determinó que el tercer nivel dentro del Sistema de Salud Integral, en condiciones normales, no tiene capacidad para atender la demanda de todos los pacientes; tal situación se agrava cuando ocurren los paros de servicios médicos que anulan casi toda la atención médica a la población;
5. 5)En todos los paros médicos, se podía establecer que el Estado no asumía ninguna acción para frenar el efecto de dicha medida de presión, limitándose a realizar diálogos a nivel central, a través del Ministerio de Salud; mientras que, el nivel departamental no asume ninguna acción con el fin de lograr un servicio ininterrumpido, no obstante al art. 81.III.1 de la LMAD que otorga al SEDES la potestad de ejercer control en el funcionamiento y atención con calidad de todos los servicios públicos, privados, sin fines de lucro, seguridad social y prácticas relacionadas con la salud;
6. 6)Consiguientemente, la omisión del SEDES La Paz para asumir acciones en contra de servidores públicos que atentan contra un servicio básico, lesionaba el derecho de la colectividad a contar con un servicio de salud y permitir un paro, equivalía a no garantizar lo establecido en los arts. 8, 18.1, 35.I, 37; y, 38.II de la CPE;
7. 7)La acción popular presentada tenía la finalidad de evitar que servidores públicos acaten paros médicos dejando sin atención a hospitales públicos y de conformidad con pronunciamientos de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical sobre la posible exclusión del ejercicio de la huelga de los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado;
8. 8)Por lo mencionado, el derecho de huelga de los funcionarios de ministerios, del "poder" (sic) judicial y demás organismos gubernamentales similares, podía ser objeto de restricciones importantes o incluso de prohibición;
9. 9)Los servicios esenciales en los que se consideraba admisible prohibir el derecho de huelga, fueron objeto de varios pronunciamientos de la OIT, así en 1983 la Comisión de Expertos los definió como aquellos servicios cuya interrupción podía poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o parte de la población; y, habiéndose entendido en igual sentido por el Comité de Libertad, la OIT determinó que el derecho a la huelga puede ser prohibido respecto a un servicio esencial como el sector hospitalario o salud;
10. 10)Las autoridades demandadas intentaban evadir su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud, refiriendo que no existía ningún daño, ni amenaza y que por su parte tampoco generaron ninguna lesión; empero, no demostraron que asumieron algún tipo de acción tendiente a garantizar el derecho durante los paros médicos; y,
11. 11)Se pretendía confundir al Juez de garantías con temas competenciales, dejando de lado que todo paro médico se constituía en lesivo para el derecho a la salud de las personas; y, la existencia del daño era evidente a partir de numerosas publicaciones en medios de comunicación como la prensa escrita y redes sociales, sobresaliendo que incluso el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social señaló que en una sola gestión existían setenta y dos días de paro médico; y, a ello debían añadirse los quince días de vacación que tenían los profesionales del área, con lo que sumaban nueve meses de actividad laboral al año; hecho que evidentemente afectaba el derecho a la salud; razones por las cuales solicitó conceder la tutela.

Luis Orlando Larrea García, Presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, en audiencia indicó que:

1. i)La acción popular se basaba en hechos pasados pues al momento de realizar la audiencia de consideración, no se realizaba ninguna medida de presión; más bien, se encontraban en un cuarto intermedio entre el sector médico y los representantes del Ministerio de Salud; por lo que, se tenía evidenciada la inexistencia de amenaza alguna o supresión del derecho a la salud;
2. ii)No tenía certeza sobre la incidencia del 80% del paro médico a nivel nacional; y, el accionante no demostró con prueba idónea la existencia de amenaza o peligro;
3. iii)Se demandó a autoridades que no eran idóneas para asumir tal condición;
4. iv)No pretendían oponerse a la implementación del SUS, es más el 5 de febrero de 2018, convocaron a los distintos colegios médicos para plantear y tratar un seguro; y, -lo que en primera instancia se denominó- la ley general de salud; asimismo, el 7 y 29 de mayo, 10 de septiembre, 15 y 23 de octubre y 19 de noviembre, todos de 2018, se efectuaron nuevas convocatorias al sector, pues lo único que se pretendía era la sostenibilidad para tal implementación;
5. v)El art. 36 de la CPE, hacía referencia al SUS; y, dicha denominación iba a generar un conflicto que debía analizarse en la vía constitucional en lugar de -a través de la acción popular- generar un conflicto de competencias entre municipios, gobernaciones y el nivel central del Estado;
6. vi)No podían oponerse a algo que no existía, considerando que se buscaba implementar un Sistema de Salud inexistente y carente de respaldo en una ley; toda vez que, actuar así sería inducir a servidores públicos a la comisión de delitos relativos a la disposición de bienes del Estado en una forma en la que no estaban destinados; y,
7. vii)En relación a la jurisprudencia de Colombia, no era posible que dicho país se pronuncie sobre una huelga solidaria que tenía el propósito de actuar en favor de la colectividad brindándole un servicio de salud óptimo; tomando en cuenta que Bolivia -según una publicación del periódico Página 7- ocupaba el puesto cuarenta y ocho (no especificó los parámetros de clasificación) entre cuarenta y nueve países, a diferencia de Colombia; por lo que, en suma solicitó se deniegue la tutela.

Fernando Remigio Romero Alanez, Secretario General del SIRMES a través de su abogado y representante en audiencia señaló que:

1. a)No se determinó ningún hecho futuro que ponga en riesgo manifiesto el derecho a la salud; por lo que no se observaron los arts. 135 y 136 de la CPE;
2. b)Se pretendía coartar el derecho al trabajo, pretendiendo que las instituciones destituyan a los funcionarios por ejercer sus derechos a la protesta y a la igualdad;
3. c)Se aludieron Resoluciones de la OIT sin considerar que Bolivia no fue un país signatario;
4. d)El paro no tenía índole político ni se oponían al SUS, al contrario se reclamaban condiciones en beneficio de la población, las que no se cumplieron por parte del Ministerio (no indicó de qué cartera del Estado);
5. e)"...el sector médico no se encontraba comprendido en la Ley del Trabajo, ni la Ley del funcionario público" (sic), aspecto que a pesar de ser reclamado causó que muchos profesionales fueran destituidos; y, ante tales vulneraciones correspondía que el Sindicato actúe;
6. f)Hace trece años atrás no se implementaba nada respecto a hospitales, no obstante a que no alcanzaban para cubrir las necesidades de la sociedad; y, se trabajaba en las mismas condiciones desde hacía mucho tiempo; es decir, sin insumos, sin lugar para atender a los pacientes que incluso reposan en el suelo por falta de camillas, usando infraestructura que prácticamente "se estaba cayendo" (sic); por lo que, dichos reclamos tenían índole social; y, además ya habían sido observados hace muchos años, cuando se pedían hospitales nuevos;
7. g)No se afectó la continuidad de la prestación del servicio, pues si un paciente llegaba a emergencias pero requería ser trasladado a quirófano, se le brindaba ese servicio o era internado; en tal contexto, el accionante no demostró la interrupción del servicio;
8. h)La Defensoría de Pueblo -según alegó- no actuó en defensa de los derechos de la ciudadanía cuando se les solicitó -mediante nota- para que intervenga en el conflicto antes de que se produzcan las huelgas; e,
9. i)Los paros realizados no podían considerarse políticos; sino que, su pedido era legal con fines legítimos dentro del marco del art. 53 de la CPE; en ese contexto, a través de la acción popular se pretendía lesionar permanentemente su derecho a la protesta; por lo que, impetró declarar "...improcedente éste recurso..." (sic).

El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 09/2019 de 10 de enero, cursante de fs. 542 a 549 vta., por la que concedió la tutela solicitada y dispuso que:

1. 1)Los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto, en el marco de sus competencias garanticen el acceso continuo a todos los servicios de salud en los centros médicos, hospitales públicos de primer y segundo nivel de ambos municipios; garantizando que la atención sea normal; y, en caso de verificarse su interrupción o falta de servicio, incumpliendo de sus deberes correspondería aplicar las normas pertinentes para instaurar los procesos internos administrativos y legales correspondientes a cada entidad municipal;
2. 2)El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el SEDES, supervisen que los Gobiernos Autónomos Municipales demandados, presten la atención de salud de forma ininterrumpida en los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel; según sus competencias legalmente establecidas;
3. 3)El Ministerio de Salud, realice seguimiento a las acciones que ejercen el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el SEDES para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud en hospitales públicos de su dependencia; y,
4. 4)Con la aclaración de que la Resolución emitida no limitaba ni restringía el derecho a la "huelga protesta" (sic); sino que disponía que para su ejercicio se observe el art. 53 de la CPE.

Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Sobre la legitimación activa, de conformidad con el art. 136.II de la CPE; y, la SCP 1104/2017-S2, la acción popular podía interponerse por cualquier persona natural o en representación de una colectividad; y, en el caso de análisis, se tenía que la Resolución Suprema (RS) 21575 de 30 de junio de 2017 y Resolución Ministerial (RM) 801/18 de 3 de agosto de 2018, reconocían -respectivamente- la existencia del SINTRAPREN y la condición de Secretario General del accionante; por lo que, contaba con legitimación activa;
2. ii)Sobre la legitimación pasiva, en relación a que los demandados no eran responsables de los hechos vulneratorios, según lo señalado por el art. 18.II de la CPE, corresponde aclarar que el deber del Estado de garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, se ejerce también a través de los gobiernos subnacionales, quienes tienen la tuición de administrar los servicios de salud en el marco de sus competencias; por lo que, no carecían de legitimación pasiva;
3. iii)No hacía falta acreditar una "amenaza", cuando existían hechos materializados como el paro de los días 3 y 4 de enero de 2019; además, considerando que dicho actuar constituía una circunstancia aceptada por toda la colectividad, aspecto que lo convertía en un hecho notorio que puede traducirse en folletos, revistas, artículos de prensa y otros, circunstancia que impedía controvertir el hecho;
4. iv)La amenaza a los derechos invocados como lesionados en el presente caso se constituía en un hecho materializado pues de forma previa a las fiestas de fin de año 2018, existió la advertencia de paro; y, la misma se plasmó en la suspensión de actividades médicas los días 3 y 4 de enero de 2019, resultando ilógico pretender que el hecho consumado hizo desaparecer la amenaza;
5. v)El derecho a la huelga como manifestación del derecho a la protesta, debía ejercerse dentro de los mandatos establecidos por la Ley y no de forma discrecional o arbitraria, aspecto tan evidente que el propio representante de la Caja Nacional de Salud (CNS) presentó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la solicitud de su pronunciamiento respecto a la legalidad de la declaratoria de huelga;
6. vi)Se tuvo por demostrado que el paro médico de 3 y 4 de enero de 2019, se produjo sin que el Estado de forma preventiva hubiera garantizado el derecho a la salud y su continuidad en desmedro de la colectividad por su inacción notable, considerando además que las autoridades demandadas no acreditaron que asumieron medidas preventivas ni posteriores a los acontecimientos;
7. vii)El derecho a la salud no se limitaba al trabajo del sector involucrado (profesionales y personal de apoyo) sino que, imponía obligaciones al Estado respecto a infraestructura, equipamiento e insumos, en el ámbito de sus competencias; y,
8. viii)Respecto a la cosa juzgada alegada con base en la SCP 1104/2017-S2, se tuvo que no era evidente tal extremo pues en aquella ocasión se dirigió la acción contra el Colegio Nacional de Médicos de Bolivia, estableciéndose que dicha instancia no tenía competencia ni tuición para determinar un paro a nivel nacional; sino que, las instancias Estatales ahora demandadas tenían la obligación de garantizar el acceso a la salud y su continuidad; además, a través del indicado fallo constitucional, no se ingresó al análisis de fondo de la problemática; razones por las cuales correspondía concederse la tutela, con la aclaración de que la Resolución no limita ni restringe el derecho a la protesta o a la huelga; sino que, únicamente establece que para su cumplimiento se observe el art. 53 de la CPE.

En la vía de la complementación aclaró que:

1. a)El cumplimiento del fallo debía realizarse en la medida de las competencias de las instancias gubernamentales demandadas; y,
2. b)En relación al ejercicio del derecho a la huelga en observancia al art. 53 de la CPE; es decir, de acuerdo con la Ley, estableció que las normas "laborales" tenían distintos ámbitos de aplicación -el privado y el público- y, regulaciones especiales que regían a cada entidad; por lo que, el ejercicio del derecho a la huelga estaba reconocido en el margen de dicho ámbito.