0326/2022-S3

Los actos ilegales o indebidos que vulneraron los derechos constitucionales de Silvina Daniela Ríos Rada, son las Notas:

1. a)AN-GRLGR-SET-OF-2608-2018 de 18 de abril, por la cual se solicitó la retención de fondos de sus cuentas bancarias;
2. b)AN-GRLGR-SET-OF-2657-2018 de la misma fecha, por la que se pidió la hipoteca legal en Derechos Reales (DD.RR.) de todos sus bienes; y,
3. c)AN-GRLGR-SET-OF-3175-2018 de 10 de mayo, requiriendo la remisión de cheque de gerencia sobre una suma de dinero retenido.

Los accionantes a través de su abogado ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestaron que:

1. 1)Silvina Daniela Ríos Rada al enterarse de las medidas de cobro coactivo dispuestas contra su persona, el 13 de junio de 2018 presentó un memorial pidiendo se deje sin efecto toda medida coactiva ejecutada en su contra, en respuesta la Administración Aduanera emitió el Proveído AN-GRLGR-SET-PROV-310-2018 que no es un acto administrativo motivado, rechazando la petición con el simple argumento de que se trata de una deuda adquirida dentro de la comunidad de gananciales, sin considerar que los ilícitos son de carácter personalísimo y no se pueden extender a la familia;
2. 2)Con la esperanza de obtener una resolución favorable en la demanda contenciosa administrativa, no se interpuso ningún recurso contra el citado Proveído; y,
3. 3)La acción de amparo constitucional no se planteó contra la AGIT que resolvió las impugnaciones en sede administrativa, ni contra los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que conocieron la señalada demanda, sino más bien contra el acto por el cual en ejecución tributaria se decidió ampliar la cobranza coactiva contra la nombrada, por medio de las Notas AN-GRLGR-SET-OF-2608-2018, AN-GRLGR-SET-OF-2657-2018 y AN-GRLGR-SET-OF-3175-2018 por las cuales se impusieron medidas de cobro coactivo, y el mencionado Proveído.

Daniel Víctor Huacani Callisaya, en representación legal de la Gerencia Regional La Paz de la AN, mediante informe cursante de fs. 860 a 867 vta., manifestó que:

1. i)En cumplimiento al Plan Anual de Fiscalización correspondiente a la gestión 2014, mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 025/2014 de 16 de abril, se inició la fiscalización al impetrante de tutela con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente para la exportación de mercancías declaradas como amalgama de oro, efectuadas durante las gestiones 2012 y 2013, cuyo alcance comprendió ocho Declaraciones Únicas de Exportación (DUE's) extendiéndose el Informe AN-GNFGC-DFOFC-058/14 de 30 de julio de 2014, que reflejó como resultados que las ocho DUE's no cuentan con la declaración jurada sobre la comercialización y exportación de minerales y metales que debió efectuarse a través del Formulario M-03 del Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) siendo obligatoria su presentación para la exportación de minerales, motivo por el cual el peticionante de tutela incurrió en contrabando contravencional conforme a lo previsto por el art. 181 inc. b) del CTB, que establece que comete contrabando quien realiza el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos previstos en la normativa aduanera o por disposiciones especiales; además de incumplir con la presentación de la boleta de pago de regalía minera y libros de control. En ese sentido se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-057/2014, la Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR-RESSAN-25-2017, que fue objeto de los recursos de alzada y jerárquico cuyas Resoluciones confirmaron la referida Resolución Sancionatoria; posteriormente, se interpuso demanda contenciosa administrativa y se solicitó la suspensión de la ejecución tributaria; sin embargo, el accionante no otorgó las garantías necesarias; por lo que, se continuó con dicha ejecución;
2. ii)El PIET AN-GRLGR-SET-PIET-335-2018 fue notificado al nombrado el 11 de abril de 2018 y mediante Nota "AN-GRLGR-SET-OF-1887-2018" se solicitó al Tribunal Supremo Electoral datos del impetrante de tutela, en respuesta se emitió la Nota SERECI JNRC-480/2018 y la Certificación SERECI-DN-RC YISZ 133/2018, ambas de 10 de abril que certifica el matrimonio del peticionante de tutela con la accionante, en virtud a esa respuesta, la Gerencia Regional La Paz de la AN emitió las notas correspondientes a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), al Organismo Operativo de Tránsito, y a DD.RR. para que se proceda a la retención de fondos y a la hipoteca legal de vehículos o inmuebles que estén a nombre de los impetrantes de tutela;
3. iii)Se incumplió el principio de subsidiariedad previsto por el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, la presente acción versa sobre la ejecución tributaria realizada contra la peticionante de tutela y no así sobre la impugnaciones efectuadas en instancia administrativa y judicial; por lo tanto, la nombrada no puede alegar el cumplimiento del principio de subsidiariedad amparada en la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; ya que en la misma, en ningún momento se discutieron los argumentos ahora planteados;
4. iv)La accionante alegó que se vulneraron sus derechos constitucionales con la aplicación de medidas coactivas, argumento que hizo conocer a la Administración Aduanera mediante memoriales presentados el 13 de junio y 17 de agosto de 2018 en los que solicitó la suspensión de las citadas medidas, en respuesta se emitieron los Proveídos AN-GRLGR-SET-PROV-310-2018 que fue notificado el 27 de junio de ese año, y AN-GRLGR-SET-PROV-378-2018 de 21 de agosto que fue notificado el 29 de dicho mes y año, los cuales en ningún momento fueron objetados o impugnados precluyendo en consecuencia ese derecho; puesto que, desde que fueron pronunciados dichos Proveídos hasta la interposición de la acción de amparo constitucional transcurrieron más de dos años, debiendo aplicarse el entendimiento establecido en la SCP 0892/2019-S4 de 9 de octubre, siendo en consecuencia improcedente la acción tutelar;
5. v)La impetrante de tutela podía presentar oposición a la ejecución tributaria, una tercería u otra acción que le permita agotar la vía administrativa o de lo contrario impugnar el Proveído AN-GRLGR-SET-PROV-378-2018 ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) mediante el recurso de alzada considerando que esa institución admite la interposición de ese recurso contra proveídos; empero, la peticionante de tutela no acudió a las vías legales existentes;
6. vi)Se inobservó el principio de inmediatez previsto en el art. 129.II de la CPE y la citada Sentencia Constitucional Plurinacional; considerando que al notificarse el Proveído AN-GRLGR-SET-PROV-378-2018 el 29 de agosto, el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional fenecía el 1 de marzo de 2019, no obstante la acción de defensa fue presentada el "18" de febrero de 2021; es decir, dos años y seis meses después de la notificación con el mencionado Proveído resultando extemporánea; y,
7. vii)Con relación a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, el proceso de contrabando contravencional evidentemente tuvo como sujeto pasivo al accionante contra el mismo se tiene el proceso concluido y ejecutoriado con la Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR-RESSAN-25-2017 que impuso la multa del 100% del valor de la mercancía equivalente a UFVs72 163 362,09.-, contra la cual ya no existe discusión y a efecto de su cobro coactivo se constituye en un pasivo que ingresó al patrimonio del impetrante de tutela cuyo cumplimiento se garantiza con la totalidad de activos que se encuentran dentro de su patrimonio conforme establece la teoría general de las obligaciones y el art. 1335 del Código Civil (CC); asimismo, el peticionante de tutela contrajo matrimonio con la accionante el 4 de abril de 2009 acto jurídico de suma importancia a efectos de la ejecución tributaria; tomando en cuenta que, desde esa fecha el patrimonio de los contrayentes formó una comunidad ganancial como determina el art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) que prevé que disuelto el vínculo conyugal se dividen en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídas durante la vigencia de la comunidad de gananciales; es decir, también comprende las deudas o pasivos que pudieran emerger dentro del matrimonio, los cuáles deben ser cumplidos por ambos cónyuges de acuerdo a lo dispuesto por el art. 177 del mencionado Código; en virtud a ello, la impetrante de tutela no puede alegar que sus bienes están siendo afectados por una obligación contraída por su esposo cuando la misma debe ser cumplida por ambos cónyuges por generarse durante la unión conyugal; ya que conforme al art. 196.II del CFPF las deudas de uno de los cónyuges contraídas durante la unión conyugal se presumen para beneficio de la comunidad ganancial; asimismo, la SCP 0695/2016 de 23 de junio, señala que el régimen de la comunidad de gananciales se considera constituido por el solo acto de haberse celebrado el matrimonio y los bienes gananciales son divisibles por igual al momento de disolverse el vínculo matrimonial, consecuentemente la AN puede ordenar medidas coactivas relacionadas con la ejecución de deudas contra el cónyuge del sujeto pasivo en virtud al art. 176.I del indicado Código, lo cual desvirtúa que las medidas de cobro fueron aplicadas sin sustento legal no existiendo vulneración de los derechos alegados.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 060/2021 de 18 de marzo, cursante de fs. 873 a 876, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)El art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo, con relación al principio de inmediatez, establecen que la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo de seis meses computables desde el momento en que ocurrió la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde que la parte afectada conoció del acto u omisión que provocó la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales;
2. b)Los peticionantes de tutela acudieron a la jurisdicción constitucional indicando que se inició y concluyó un proceso por contravención de contrabando contra el accionante, que llegó hasta la instancia contenciosa administrativa, aunque en todo el trámite administrativo no se notificó a la impetrante de tutela con ningún actuado; sin embargo, a partir de la emisión del PIET AN-GRLGR-SET-PIET-335/2018 se incluyó a la mencionada en el proceso administrativo ejecutando contra la misma medidas de cobro coactivo;
3. c)Respecto al peticionante de tutela no se alegó afectación alguna; puesto que en la acción de amparo constitucional se señaló que todos los procedimientos le fueron comunicados y el fondo del proceso aduanero tributario no está siendo cuestionado; en ese sentido, se entiende que respecto al nombrado no se cumplió con el presupuesto de legitimación activa sobre la vulneración de sus derechos conforme determinó la SC "276/2010", pudiendo concluirse que aquellas personas que no resulten afectadas directamente no pueden ejercer la acción tutelar. A partir del planteamiento del objeto procesal postulado por los accionantes, se entiende que el impetrante de tutela carece de legitimación activa para cuestionar los supuestos actos ilegales que generó la AN respecto a la peticionante de tutela considerando que los derechos se ejercen de manera personalísima salvo que por mandato legal puedan ser delegados, cosa que no aconteció en el presente caso, en tal sentido respecto al accionante corresponde denegar la tutela solicitada;
4. d)Con relación a la impetrante de tutela quien fue incorporada de manera arbitraria, injusta e ilegal en la fase de ejecución tributaria del proceso de referencia, corresponde mencionar a los principios de inmediatez y subsidiariedad; el primero, con dos elementos uno positivo, por el cual quién sufre una afectación de sus derechos debe acudir de manera inmediata a la jurisdicción constitucional, y un elemento negativo vinculado a la caducidad, al respecto los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo establecen el plazo de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional;
5. e)Conforme alegó la peticionante de tutela, los actos presuntamente lesivos decantan, inicialmente en el PIET AN-GRLGR-SET-PIET-335/2018 que dio lugar a las Notas AN-GRLGR-SET-OF-2608-2018, AN-GRLGR-SET-OF-2657-2018 y AN-GRLGR-SET-OF-3175-2018; por tal motivo la accionante el 13 de junio de 2018 solicitó se deje sin efecto toda medida coactiva ejecutada en su contra, teniendo como respuesta el Proveído AN-GRLGR-SET-PROV-310-2018, notificado a la misma el citado año. Si bien en la acción de amparo constitucional los impetrantes de tutela indicaron que desde la emisión de ese Proveído, se acogieron a una eventual respuesta favorable que podía generar el Tribunal Supremo de Justicia en mérito de la demanda contenciosa administrativa formulada; sin embargo, a través de la referida acción tutelar no se está cuestionando el fondo del proceso tanto en sede administrativa como en sede judicial, entendiendo esa Sala Constitucional que si la peticionante de tutela pretendía que esta jurisdicción efectúe un análisis respecto del alcance de la comunidad de bienes gananciales, y la misma pueda ser aplicada o no por la AN, se tiene que la nombrada se encontraba libre y llanamente habilitada para activar la jurisdicción constitucional desde que fue notificada con el mencionado Proveído donde se le hizo conocer que la deuda tributaria adquirida en la comunidad ganancial puede ser asumida de manera directa por la Administración Aduanera; y,
6. f)Si la deuda emerge o no a partir de una deuda tributaria y que en el presente caso se trata de una contravención tributaria, es un aspecto que ciertamente la jurisdicción constitucional previo agotamiento del principio de subsidiariedad podría analizar; empero, la accionante dejó transcurrir el tiempo desde el 2018, por más de dos años hasta el 2021, teniéndose en tal sentido que la acción de defensa presentada el 19 febrero de dicho año no observó el principio de inmediatez a partir de la identificación de los actos presuntamente lesivos y no se puede diferir el cumplimiento del plazo de inmediatez al hecho de notificarse recientemente con la Sentencia 128/2020 emitida en el proceso contencioso administrativo.