0326/2023-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se deje sin efecto ni valor legal:

1. a)La Resolución 59/2021 y su complementaria de 21 del mismo mes y año; y, la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 03/2021, así como todos los fallos que se emitieron en ejecución de dicha Resolución; y,
2. b)Se disponga que el Juez Disciplinario Segundo del Distrito Judicial de Oruro, emita una nueva resolución, pronunciándose de manera fundamentada y motivada a todos los tópicos denunciados o en su caso, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, pronuncie una nueva Resolución, respetando los derechos y garantías constitucionales señalados como vulnerados.

Mirtha Gaby Meneses Gómez, mediante informe escrito de 25 de abril de 2022, cursante de fs. 80 a 81, así como en audiencia a través de sus abogados representantes legales, refirieron lo siguiente:

1. 1)El Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución 59/2021, resolviendo confirmar la Resolución de Primera Instancia 03/2021, que declaró probada la denuncia contra la ahora solicitante de tutela, imponiendo la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes;
2. 2)Su persona asumió el cargo de Consejera y miembro del Tribunal de Segunda Instancia, desde el 16 de agosto de 2021, en tal sentido no fue relatora o suscribiente de la Resolución 59/2021, objeto de la presente acción de amparo; sin embargo, la decisión que emane de la presente audiencia y su posterior revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional será de conocimiento y cumplimiento de su parte; y,
3. 3)Si bien no corresponde informar sobre el fondo de la decisión asumida en la citada Resolución, habiendo únicamente emitido el Auto que resolvió la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, la cual declaró no ha lugar las peticiones, al considerar que estaban vinculadas a la revisión o modificación de la decisión de fondo asumida en la referida resolución de segunda instancia, situación que resulta contraria a esa figura legal contenida en el art. 115.I del Acuerdo 20/2018 "Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental".

Marvin Arsenio Molina Casanova, mediante informe escrito de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 82 a 83, refirió lo que sigue:

1. i)La Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución 59/2021, resolviendo confirmar la Resolución de Primera Instancia 03/2021, emitida por el Juez Disciplinario Segundo del Distrito Judicial de Oruro, por la comisión disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole a la impetrante de tutela la sanción de suspensión del ejercicio de funciones, por el lapso de un mes, sin goce de haberes; y,
2. ii)Asumió el cargo de Consejero, el 29 de julio de 2021, en ese entendido no fue relator ni suscriptor y tampoco participó en el pronunciamiento del Auto de 21 de febrero de 2022; sin embargo, la determinación que emane den audiencia y de la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, será de conocimiento y cumplimiento de los Consejeros.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 51/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 104 a 114, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)La motivación de la presente acción de amparo constitucional, se origina en la existencia de un proceso disciplinario en el que se emitió una resolución sancionatoria contra la ahora accionante, sancionándole con un mes de suspensión de sus funciones sin goce de haber, por haber demorado en la remisión de un recurso de apelación, vinculado a una medida cautelar, incumpliendo el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece dicha obligatoriedad;
2. b)La impetrante de tutela discute que tanto en su informe circunstancial, presentado dentro del proceso disciplinario, así como los agravios planteados en el recurso de apelación no fueron atendidos adecuadamente en la resolución de segunda instancia; por lo que, resultaría sin motivación ni fundamentación e incongruente;
3. c)Refirió que el ahora tercero interesado hubo presentado un memorial de desistimiento del proceso disciplinario; sin embargo, la posición esta en cuestionamiento, puesto que no podría entenderse como tercero interesado aquella persona que presentó su desistimiento de un proceso disciplinario, porque el resultado de esta acción no le produciría alguna afectación, sea concediendo o denegando la tutela;
4. d)No se tomó en cuenta la obligatoriedad de la Jueza de remitir los antecedentes al tribunal de apelación invirtiendo sus propios recursos económicos y tampoco se consideró la conducta negligente o maliciosa del procesado, razón que debió ser tomada como una causal de exoneración de la acción disciplinaria;
5. e)En función a los argumentos que manifestó impetrante de tutela fueron desoídos, se debe realizar el análisis de la resolución, para verificar si es congruente, si está debidamente motivada, atendiendo los agravios de apelación para ver si fueron identificados, analizados y respondidos por la Resolución de segunda instancia;
6. f)Al analizar la Resolución de segunda instancia, efectivamente su contestación en relación a los agravios, no es exquisito, manifestándose a señalar: "...que la resolución de primera instancia pronunciada por el Juez Disciplinario N° 2, cumple con los parámetros; pues se puede evidenciar que efectuó una adecuada valoración de la prueba; consideró y otorgó el valor correspondiente a cada elemento probatorio de cargo y descargo que cursa en el proceso disciplinario, ello se desprende de la revisión del proceso y del segundo considerando de la Resolución impugnada, en el que se señala la existencia del acta de Registro de Audiencia de fs. 2 a 5 que refiere el momento de la interposición del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de Segunda Instancia y la prueba de descargo, o que el Juez Disciplinario hubiera efectuado una errónea o parcial valoración de las pruebas; asegurando el debido proceso en su vertiente de la correcta valoración de las pruebas..."(sic); si bien este análisis no resulta exquisito; sin embargo, no se observa que fuera vulneratorio;
7. g)En cuanto a la valoración de la prueba, se refiere a la existencia de un memorial de desistimiento presentado por el ahora tercero interviniente; empero debe entenderse que si nunca existió de su parte la intención de formalizar una denuncia, debió haber negado la existencia de todos los hechos, estableciendo incluso en grado de relevancia, que su firma hubiera sido falsificado, o que se hubiese hecho uso de abuso de una firma en blanco, a través del inicio de una acción penal;
8. h)Formalmente, el desistimiento de denuncia, fue aceptado por la autoridad de primera instancia, por decreto de 20 de enero de 2018, que expresamente señaló: "En atención al memorial que antecede se admite el desistimiento presentado por Evan Colque Rojas, solo con referencia a su acción y conforme dispone el art. 28-I del Acuerdo 20/2018, se procede con el proceso disciplinario hasta su conclusión con la resolución" (sic); empero, esta resolución no fue objeto de cuestionamiento alguno, vía acción de amparo constitucional o a través de recurso de apelación, al existir una providencia especifica que dispone el desistimiento;
9. i)El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha identificado que el proceso disciplinario sancionatorio no se rige bajo el principio dispositivo; es decir, que no necesariamente se activa por denuncia formal de un denunciante, pudiendo activarse incluso de oficio por las autoridades o instancias administrativas; y,
10. j)Por último, en cuanto a la legitimidad pasiva, esta acción fue dirigida no solo contra las autoridades de segunda instancia que forman parte de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, sino también contra el Juez Disciplinario de primera instancia; sin embargo, bajo el principio de dirección del proceso, consideró pertinente no convocar la intervención de la autoridad de primera instancia como parte accionada.

II.5. Contra la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia, la ahora accionante interpuso recurso de apelación, solicitando su anulación, en aplicación del art. 114.3 Acuerdo 020/2018, señalando los siguientes agravios:

1. 1)Existieron defectos de la Resolución recurrida, sobre la falta grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ, con relación a la subsunción del hecho denunciado a la falta disciplinaria;
2. 2)La Resolución impugnada, incurrió en vulneración del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación con relación a la prueba ofrecida, vinculada al principio de seguridad jurídica; es decir, la mala aplicación objetiva de la ley;
3. 3)El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem; es decir, que es el apelante que en su propio interés, debe proveer los recaudos correspondientes, hasta antes del vencimiento del plazo;
4. 4)Al encontrarse frente a un delito de relevancia social (tráfico de sustancias controladas), siendo víctima la sociedad en su conjunto, no se puede hacer privilegios, a efectos de obligar a su autoridad a correr con los gastos inherentes a una apelación, ya que es de conocimiento los distintos instructivos y las limitaciones a los que están sujetos los operadores de justicia;
5. 5)Habiéndose puesto a conocimiento el memorial de desistimiento, en el que el sentenciado Evan Colque Rojas, detallo e la verdad histórica de los hechos, no siendo valorados en su tenor integro en la resolución impugnada;
6. 6)En la Resolución de primera instancia, se expresó la vulneración del principio de celeridad; empero, el 16 de noviembre de 2020, se dictó auto de apertura de juicio oral, llegando a dictarse sentencia condenatoria el 2 de diciembre de 2020, habiéndose cumplido lo dispuesto por el art. 393 bis y siguientes del CPP, por lo que no se advierte dicha vulneración;
7. 7)en cuanto al principio de eficiencia, se le atribuyó demora procesal, cuando en los de la materia, no existe resolución alguna que se encuentre pendiente en el caso de autos;
8. 8)Se señaló la vulneración del principio de inmediatez, al acceso pronto y oportuno a la justicia; empero, su autoridad emitió toda resolución en tiempo y forma oportuna; y,
9. 9)De conformidad a la LOJ y el Acuerdo 020/2018, que rigen la función judicial, no se advierte la obligación de tener que proveer los recaudos, para remitir el testimonio de apelación por parte de su autoridad y menos del personal e apoyo judicial; por lo que la demora es única y exclusivamente atribuible a la parte apelante (fs. 30 a 32).

II.6. Mediante la Resolución 59/2021 de 16 de abril, el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de Magistratura, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Fanny Huanaco Flores, contra Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 03/2021 de 18 de febrero, confirmando dicha Resolución bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Corresponde establecer si es evidente que la Resolución recurrida, agravió el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación con relación a la prueba ofrecida;
2. ii)Es imperioso considerar el contenido del art. 74 del Acuerdo 020/2018, norma que impele a las autoridades disciplinarias asignar "el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y fundamentando el valor que les otorga en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida" (sic);
3. iii)Asimismo, el artículo 23 señala que "las resoluciones emergentes del proceso disciplinario serán fundamentadas, expresaran los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba aportadas en el proceso" (sic);
4. iv)Se tiene entonces que, toda resolución debe exponer las justificaciones, fundamentos y razones por las que se otorga determinado valor a cada medio de prueba, esto con la finalidad de resguardar el debido proceso; y,
5. v)"En el marco de la señalada disposición normativa y la jurisprudencia constitucional, la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia pronunciada por el Juez Disciplinario 2, cumple con tales parámetros; pues se puede evidenciar que efectuó una adecuada valoración de las prueba; consideró y otorgó el valor correspondiente a cada elemento probatorio de cargo y descargo que cursa en el proceso disciplinario, ello se desprende de la revisión del proceso y del Segundo Considerando de la Resolución impugnada, en el que se señala la existencia del acta de Registro de Audiencia de fs. 2 a 5 que refiere el momento de la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal de Segunda Instancia y la prueba de descargo que no desvirtúa la denuncia en el fondo, por lo que no se advierte conducta omisiva, o que el Juez Disciplinario hubiera efectuado una errona o parcial valoración de las pruebas; asegurando el debido proceso en su vertiente de la correcta valoración de las pruebas" (sic) (fs. 38 a 40 vta.).

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son:

1. 1)El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y,
4. 4)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: