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TCP

0327/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de junio de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0327/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2019-S1 Sucre, 6 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 26896-2018-54-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 14/2018 de 27 de noviembre, cursante de fs. 223 a 228, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vivian Amparo Blanco Zeballos y Gabor Kosaras contra Zacarias Jaita Berrios, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quillacollo; Juan Heredia Alanes, Sub Alcalde de dicho municipio; Miguel Grover Valdivia Vallejos, Dirigente de la Comunidad de Águila Rancho; y, Gonzalo Foronda, todos del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 5 y 8 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 51 a 59 vta.; y, 62 a 65, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Conforme a la minuta de transferencia del inmueble agrícola de 7 de junio de 2010, debidamente reconocida ante Notaria de Fe Pública 49, se puede evidenciar que adquirieron un predio agrícola con una superficie de 7 729,80 m2, ubicado en la zona de Apote Chico, sección El Paso, sector Águila Rancho de sus anteriores propietarios Jorge Osvaldo Richter Canedo y María Elena Patricia Ríos de Richter; propiedad que sometieron a proceso de saneamiento interno en la Comunidad Águila Rancho; por lo que, cuenta con Resolución Suprema de Saneamiento 19864 de 27 de octubre de 2016, rectificada mediante Resolución Suprema (RS) 23590 de 10 de mayo de 2018, parcela que fue signada con el número 138 y que se encuentra en proceso de registro del Título Ejecutorial PPDNAL 857196 del expediente I-36869; propiedad en la cual desarrollaron sus actividades agrícolas y viven junto a sus dos hijos.

Señala que después de años de saneamiento de su propiedad, el 30 de octubre de 2018, Miguel Grover Valdivia Vallejos, dirigente de su comunidad -ahora codemandado- junto a Henrry Prado, miembro de la directiva, ordenaron a Gonzalo Foronda -hoy codemandado- proceda a echar escombros y así tapar el único ingreso a su propiedad; asimismo, procedió a colocar raíces de eucaliptos de gran tamaño en toda la plataforma de acceso a su vivienda y propiedad; acciones con las cuales lo único que pretenden es despojarlos de su propiedad y vivienda; dichas acciones fueron dadas a conocer a los funcionarios públicos del GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba a través de la Sub Alcaldía de El Paso de la referida entidad edil; sin embargo, no merecieron respuesta alguna menos la restitución del único acceso a su vivienda.

Indican que el problema comenzó el 2015, cuando quisieron empedrar la vía de ingreso adyacente a su propiedad en una plataforma de ocho metros lineales; empero, grande fue su sorpresa cuando dicho proyecto estaba asentado en casi un 30 % dentro de los límites de su propiedad afectándoles en más de 500 m2, ante lo cual acudieron a las oficinas de la Sub Alcaldía de El Paso del GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba a fin de dar a conocer lo "confiscatorio" de la ejecución del proceso de empedrado, instancia en la que se trató de mediar dicho conflicto y que se identifique con precisión los mojones emergentes del saneamiento de tierras; por lo que, se dispuso se realice el levantamiento topográfico que dio como resultado que los mojones mostrados por sus personas eran los correctos y establecidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); sin embargo, y como el resultado no les convenía desconocieron su derecho propietario y los resultados del INRA.

Refieren que el 27 de octubre de 2018, en una reunión ordinaria de la Comunidad Águila Rancho, establecieron bloquear el ingreso a su propiedad luego de ir al INRA, reunidos en dicha entidad se estableció que la dirigencia solicite mediante escrito el replanteo; siendo que de acuerdo a los datos en gabinete los mojones no se habían movido; sin embargo, los dirigentes establecieron que no harían caso a los resultados; en consecuencia, el 30 de igual mes y año, a horas "8:47" junto a Gonzalo Foronda procedieron a cerrar las vías de acceso a su propiedad descargando con su volqueta material agregado. Luego apareció Miguel Grover Valdivia Vallejos, quien dio la instrucción al pre-nombrado para que continúe con los trabajos de cierre de vía aun en la presencia del Sub Alcalde de El Paso quien indicó que: "...la Alcaldía no tiene competencia para este tipo de hechos', haciendo que el señor Gonzalo Foronda, ahora con una retroexcavadora, proceda a llevar raíces de eucalipto para que se cierre definitivamente la vía de acceso a nuestra propiedad y vivienda" (sic).

Asimismo, manifiestan que reclamado lo antes mencionado a la Asesora de la Sub Alcaldía esta indicó que se consigan un abogado, desde la referida fecha vienen peregrinando en dicha institución, la Policía Regional de El Paso y el INRA Cochabamba; empero, ninguna autoridad hizo nada para evitar la lesión de sus derechos; por lo cual, junto a sus hijos permanecen fuera de su hogar erogando gastos innecesarios para tener un lugar donde vivir, ya que no pueden acceder a su vivienda.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la propiedad privada, a la defensa y al debido proceso; y, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, reserva legal y competencia, citando al efecto los arts. 21.7, 47.I, 56, 115.II, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y la restitución de sus derechos conculcados; y, se disponga:

  1. a)La inmediata restitución de sus derechos de locomoción y acceso a su propiedad privada y vivienda, levantando los materiales con los que cerraron las vías de acceso a su propiedad y vivienda;
  2. b)Se determine la responsabilidad civil y penal de los recurridos y que concedido el recurso se remitan antecedentes al Ministerio Público a fin de que dicha instancia inicie las investigaciones y procesamientos contra los demandados por haber incurrido en hechos y acciones contrarias al orden público y subsumido con sus acciones y comportamiento a los delitos tipificados en los arts. 153 y 154 del Código Penal (CP); y,
  3. c)Determinar el pago de costas procesales, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 26 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 221 a 223, se produjeron los siguientes hechos:

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