Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 56474-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 097/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 1512 a 1516 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gustavo Llanos Fernández contra Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante mediante memoriales presentados el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 1452 y 1468, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), se emitió la Sentencia JP3NA 06/2023, declarándolo culpable e imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y ocho meses; debido a que, a pesar que tiene veinticinco años, su juicio se desarrolló bajo el régimen especial de adolescentes; siendo que, los supuestos hechos que se le acusan hubiesen sido cometidos cuando su persona era menor de edad.
Determinación contra la que interpuso recurso de apelación con cuatro puntos, de los cuales solo el segundo fue acogido, siendo los demás declarados improcedentes de forma arbitraria a través del Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril de 2023, así: en el primer punto de su recurso de apelación expresó como agravio la inobservancia del art. 267.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), a momento de imponerse la pena privativa de libertad; considerando que, la misma prohíbe el cumplimiento de penas privativas de libertad cuando una persona tiene más de veinticuatro años de edad, al respecto, su persona al momento de dictarse Sentencia tenía veinticinco años; por lo que, no se le podía imponer una sanción privativa de libertad, así también lo establece el , doctrina legal aplicable que claramente establece que el juzgador a momento de imponer una sanción no solo tiene que observar el quantum de la pena sino también otras normas aplicables para fijar la pena como ser el artículo referido; en ese entendido, la fundamentación de los Vocales ahora accionados que si es aplicable la sanción privativa de libertad de una persona mayor de veinticuatro años, porque de lo contrario se incurriría en impunidad, es arbitrario y erróneo, al no acarrear impunidad, más aun cuando el art. 322 y 323 del CNNA, dispone que las medidas socioeducativas pueden ser cumplidas en libertad con restricciones al tener una función educativa y de reintegración social y no sancionatoria; siendo que, dicha normativa fue establecida para evitar perjuicios en etapa de la vida adulta -entre los veinticuatro y los sesenta años-, además tiene un hijo de cuatro años y una concubina y trabajo; y, al no existir fundamento en derecho que valide el razonamiento de los Vocales hoy accionados, el mismo es arbitrario, asimismo es aplicable el principio in dubio pro reo y de favorabilidad; es decir, que en caso de duda sobre la norma adjetiva o sustantiva se tiene que aplicar la norma más favorable a la persona.
Además, en la parte final los Vocales ahora accionados refirieron que la medida socioeducativa asumida debía ser cumplida en condiciones adecuadas, para ello debía cumplirse un recinto donde no tenga contacto con personas juzgadas y condenadas bajo el régimen del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, extremo que es absurdo e ilógico, siendo que el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, tiene tres pabellones donde no existe un pabellón donde se pueda cumplir lo dispuesto; por lo que, delegar esa función a la instancia técnica y a régimen disciplinario es absurda e ilógica al ser de imposible cumplimiento; ya que, implicaría la construcción de un nuevo pabellón lo que duraría años y al no existir espacio; por lo cual, dicha medida no puede ser materializada, siendo la misma incongruente al referir lo manifestado en la parte considerativa, pero en la parte resolutiva ratifica la Sentencia y no modifica ni complementa nada.
El tercer punto de su recurso de apelación fue fundamentado respecto a la falta de una debida determinación circunstanciada del hecho juzgado, lo que se constituye en un defecto de la Sentencia, esto debido a una defectuosa valoración probatoria; debido a que, en la Sentencia no se especifica el tiempo ni siquiera aproximado de los hechos juzgados, realizándose cálculos superficiales para determinar la data o el tiempo del hecho, es así que en el recurso fundamentó que existe prueba suficiente para determinar con meridiana precisión la data de los hechos, siendo las mismas la prueba trece que es el anticipo jurisdiccional de la prueba referente a la declaración de la presunta víctima y la declaración de Giovanna Ramírez Barja, de los cuales se concluye que el primer hecho sucedió cuando la menor tenía cuatro años y el segundo hecho cuando su persona tenía quince años, pruebas fundamentales que debieron ser tomadas en cuenta en la relación circunstanciada del hecho y no, sin ningún fundamento concluir que los hechos ocurrieron cuando tenía catorce y diecisiete años; al respecto los Vocales ahora accionados manifestaron que el Juez obro de forma correcta porque se amparó en lo que manifiestan los cuatro testigos en especial la declaración de la madre de la víctima; empero, no identificaron cuales fueron los cuatro testigos, como tampoco fundamentaron como es que la declaración de Elvira Llanos Fernández tiene mayor valor probatorio que la misma declaración de la presunta víctima, la declaración de psicóloga - testigo Giovanna Ramírez Barja.
Asimismo, la prueba trece fue valorada de manera indebida, debido a que, el Juez de primera instancia refirió que después del segundo hecho la victima hubiera visto en su ropa interior un líquido blanquesino parecido a la "carpicola"; por lo que, se tiene acreditado el hecho citado, valoración errónea siendo ese relato de la víctima de la prueba trece se refiere a otro hecho cometido por Santiago Moscoso; por lo que, no se le puede atribuir ese hecho, es decir, que otorgó a esa prueba un valor diferente a la que demuestra, reclamo sobre el que no se pronunciaron los Vocales hoy accionados, no analizaron si es evidente o no que se incurrió en una indebida valoración, tampoco se ingresó a revalorizar dicha prueba o corregir dicha fundamentación.
En cuanto al cuarto punto de su recurso de apelación existió incongruencia omisiva; siendo que, a pesar que en el título se refirió que se estaba resolviendo el tercer y cuarto punto del recurso de apelación; sin embargo, de la lectura del Auto de Vista se evidencia que no se ingresó al análisis en absoluto del cuarto punto que es diferente al tercer punto; debido a que, el tercer punto se refiere a que el hecho juzgado no está debidamente circunstanciado en el tiempo, y el cuarto punto recursivo se sustenta en el hecho que a través del dictamen pericial médico forense realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que los hechos acusados son un delito imposible porque no podría haber existido penetración en una menor de cuatro a cinco años, sin causar graves daños en la victima; debido a que, no es posible que exista violación, pero el Juez de primera instancia no le dio ningún valor a dicho dictamen pericial, bajo el argumento erróneo que violación también se considera cuando existe introducción en los labios mayores o menores de la vagina de una presunta víctima de violación, quietándole fuerza probatoria, lo que implica una valoración defectuosa, respecto a este punto reclamado se evidencia que los Vocales ahora accionados se limitaron solamente a fundamentar el tercer punto recursivo -de manera insuficiente- pero no se pronunciaron en absoluto sobre el cuarto motivo recursivo que trato sobre si la mencionada pericia médico forense era correcta y debida, si cumplía o no con la sana crítica, con los principios del razonamiento lógico humano, si se le dio un valor diferente al que posee en realidad, si se contradicen o no con el principio de verdad material, cuando correspondía que lo declararan procedente e ingresen a analizar y revalorizar dicha prueba y declarar su absolución del hecho.
I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril de 2023, emitido por los Vocales ahora accionados, quienes deben emitir nuevo fallo siguiendo el entendimiento constitucional y con la debida fundamentación y motivación, sea con costas.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 17 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1500 a 1511 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que, en el tercer punto recursivo existió errónea valoración de la prueba trece y de la declaración testifical de Giovanna Ramirez porque estas dos pruebas demuestran que cometió el segundo hecho del supuesto delito cuando tenía quince años, tiempo en el que no estaba en vigencia del Código Niña, Niño y Adolescente, sino la anterior Código Niña, Niño y Adolescente, que prohibía la sanción de privación de libertad, en ese entonces era inimputable, pero el Juez estableció que los hechos pasaron cuando tenía diecisiete años, existiendo una total incertidumbre.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
Sonia Elena Barrón Cortez y Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 18 de mayo de 2023, cursante a fs. 1477, manifestaron que:
- a)Se presentó esta acción de defensa con la finalidad de dilatar la ejecución del fallo; y,
- b)A momento de emitir el Auto de Vista SFNA 178/2023 se pronunciaron con relación a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, la cual es clara, concreta y comprensible, motivo por el cual se ratifican de manera íntegra en los argumentos y fundamentos expuestos en la misma y solicitan de deniegue la tutela solicitada.
2.2.3. Informe de los terceros interesados
Sandra Ortuño, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en audiencia manifestó que, como representante del adolescente en conflicto con la Ley, estaban presentes para que no se vulneren sus derechos, que están amparados en los art. 60 de la CPE y 12 del CNNA y que iba a estar a lo que dispongan.
Yovana Mercado, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Coordinación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475
Ronald Colque, Abogado del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475
Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-3 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475
Elvira Llanos Fernández, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 097/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 1512 a 1516 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:
- 1)Del análisis del Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril de 2023, se tiene que en el Considerando II se establecieron los antecedentes principales del proceso y se identificaron los cuatro motivos de apelación, luego en el Considerando III, está referido a los fundamentos jurídicos y es donde se expresó los motivos de la determinación asumida, análisis que si bien no es abundante, fundan su decisión en las disposiciones del Código Niña, Niño y Adolescente, e interpretan la finalidad de los arts. 267.II y 322 del CNNA, llegando a establecer que, la limitante de la edad, en la situación actual del accionante en el proceso de justicia restaurativa no le es aplicable, considerado el art. 267 del nombrado Código, que si bien dispone que la edad máxima para cumplir la sanción es de veinticuatro años de privación de libertad, esta disposición es para los menores que cumplen una pena de internación hasta dicha edad, lo que no ocurre en el caso concreto, por ello se entiende que este precepto legal no le resulta aplicable al accionante porque sus circunstancias resultan ser diferentes, además de haber sido sancionado con una pena atenuada, con la posibilidad incluso que el infractor pueda permanecer en prisión en un ambiente separado del resto de los reclusos adultos, imponiéndoles medidas socio educativas en la marco del art. 323 del nombrado Código, priorizando no solo el interés superior de la menor victima sino también aplicando la perspectiva interseccional a momento de ponderar los derechos del imputado sobre los de la víctima, concluyéndose que las autoridades inferiores impusieron una sanción que no contradice lo expresamente previsto en los citados artículos, exponiendo una motivación y criterio que esta sala considera que se encuentran perfectamente sustentados en derecho, en los antecedentes y las pruebas producidas, no siendo evidente la irrazonabilidad y falta de equidad;
- 2)Respecto al tercer y cuarto agravio los Vocales ahora accionados anunciaron un pronunciamiento conjunto, donde se pronuncian sobre el tercer agravio, haciendo una relación de tiempo y edad que tenía el accionante a momento de la comisión de hecho, señalando que el nombrado tenía catorce y diecisiete años, para luego concluir que las autoridades inferiores valoraron adecuadamente la prueba documental, análisis que se encuentra debidamente fundamentado y motivado; sin embargo, omiten pronunciarse sobre el cuarto motivo del recurso referido a la valoración del dictamen médico pericial, esa así que se tiene que, no obstante, dicho dictamen señala que no se habría llegado a determinar la data precisa de la agresión sexual o era imposible el acceso carnal en menores de cinco años sin causar un daño mayor, esta documental fue valorada en primera instancia como prueba parcial lo que implica que no es determinante considerando el resto de la comunidad probatoria; siendo que, el mismo dictamen referido señala que debe ser corroborado con los informes psicológicos y es lo que se hace en la sentencia; por lo que, la comunidad probatoria llegó a superar el dictamen; y,
- 3)Con tales antecedentes en caso de una eventual concesión de la tutela se hace evidente que una nueva resolución no cambiaría el resultado de la resolución; por lo que, aquello resulta inocua y carente de relevancia constitucional.
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