0329/2019-S1

F.J.III.2. (...) es así que, la acción de libertad no opera en casos de haberse denunciado el procesamiento ilegal o indebido si es que los actos denunciados como ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública no están vinculadas directamente con el derecho a la libertad o no operan como causa directa para su restricción y por tanto para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos:

1. a)El acto lesivo, debe estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y,
2. b)Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. En tal sentido, del análisis del caso presente, en cuanto a la concurrencia del primer presupuesto, considerando que el acto lesivo denunciado en etapa de juicio oral contra la Jueza demandada, radica en el retiro de su defensa técnica de confianza acusándole de la comisión del delito de falsedad y responsabilizándolo por dilatar el proceso, configurándose un procedimiento irregular parcial por parte de la juzgadora; al respecto, corresponde señalar que este aspecto, no tiene vinculación directa alguna con el derecho a la libertad física del impetrante de tutela, tampoco se constituye en la causa directa para su restricción, ya que este se encuentra gozando de libertad conforme señaló uno de los demandados y no fue rebatido por el ahora accionante; por lo que, el retiro de su abogado defensor y las medidas asumidas respecto a este como la designación de un abogado de defensa pública son cuestiones procesales que no inciden de ninguna forma en una eventual amenaza del derecho a la libertad del accionante; por lo cual, no se advierte al efecto, la concurrencia de dicho presupuesto en el caso concreto. Con relación al segundo presupuesto, de igual forma, no se evidencia con prueba alguna que la parte accionante se encuentre en absoluto estado de indefensión; puesto que, si bien se retiró al abogado de la defensa de confianza, la Jueza ya había solicitado designación de abogado de defensa pública desde audiencias anteriores; por lo que, se encontraba posibilitado de efectuar la reclamación que consideraba pertinente ante la citada autoridad, a los fines de resguardo y del restablecimiento de sus derechos alegados como conculcados; circunstancia procesal por la que se constata la posibilidad del efectivo ejercicio de su derecho a la defensa que no fueron ejercidos en la presente causa; finalmente cabe enfatizar que los actos emergentes del procesamiento indebido que no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no pueden ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, correspondiendo a esos efectos denegar la tutela solicitada.