Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 29 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26704-2018-54-AAC Departamento: Potosí Partes: Juan Carlos Ponce Villa contra Gonzalo Alcón Aliaga, Presidente; y, Vicente Remberto Cuellar Téllez, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirma la Resolución de 28 de noviembre de 2018, cursante de fs. 242 vta. a 250 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, deniega la tutela impetrada.
En todo caso, considera que debió REVOCAR totalmente la indicada Resolución; y en consecuencia, CONCEDER totalmente la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos del presente Voto Disidente y en los términos dispuestos en la Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 44/2018 de 26 de septiembre, de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí; y disponer el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales en favor del accionante, en el plazo de cinco días a partir de su legal notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo y a la inamovilidad laboral; toda vez que, el Consejo de la Magistratura a través de los demandados procedió al cese de sus funciones; no obstante, de ser padre progenitor de un niño menor a un año, no dieron cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 44/2018, emitida en su favor por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, pese a ser de conocimiento de los demandados.
En consecuencia, correspondía en revisión, que la , verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para ello, debió analizar las siguientes temáticas:
- a)Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores;
- b)La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores;
- c)Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación; y,
- d)Análisis del caso concreto.
II.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la de 20001 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la 2; y posteriormente, por la 3, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la 4, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del Decreto Supremo (DS) 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional.
En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la de 20015 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la 6, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la 7.
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