0329/2021-S1

Solicita que se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene:

1. a)Dentro del plazo de veinticuatro horas una vez notificado con la sentencia revoque y/o anule la Resolución del Vocal y se ordene el correspondiente mandamiento de libertad, porque se lo juzga por un delito que no cometió y porqué el quantum de la pena, no amerita la detención preventiva por el delito establecido en el art. 198 del Código Penal (CP);
2. b)En caso de que "dicho Recurso" salga improcedente, se ordene que en el día se remita su cuaderno procesal al juzgado de origen;
3. c)La nulidad de la imputación hasta que se subsane el tipo penal de falsedad material a receptación y se ponga en conocimiento a la autoridad jurisdiccional; y,
4. d)Qué el Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz de cumplimiento a las órdenes judiciales.

La parte accionante a través de sus representantes sin mandato y de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido de su demanda tutelar y ampliándola señalaron lo siguiente:

1. 1)Se presentó la acción de libertad reparadora contra el Fiscal de Materia; toda vez que, fueron aprehendidos en flagrancia el "lunes" siendo inocentes, porque no cometieron el delito penal que el Ministerio Público hizo creer, prestaron su declaración el 14 de julio de 2020 a horas 15:00, después de estar veintiséis horas aprehendidos, en vulneración del debido proceso; por lo que, no podían haber presentado la imputación formal en su contra sin haber recepcionado su declaración informativa policial, como hicieron creer al "Vocal" que presentaron vía zoom o Blackboard en la referida fecha a horas 13:40, además que de acuerdo al timbre de plataforma la imputación fue presentada por dicha autoridad el 15 de igual mes y año, a horas 08:55, después de cuarenta y cinco horas de que fueron aprehendidos; es decir, fuera del plazo establecido por los arts. "102" y 301 del CPP, cuando debió hacerlo después de veinticuatro horas de su aprehensión; en consecuencia, están indebida e ilegalmente privados de libertad;
2. 2)La Jueza a quo ordenó su detención preventiva y rechazó los incidentes de falta de fundamentación, de tipicidad del ilícito penal por el cual fueron imputados; y que en audiencia de apelación de 3 de agosto del citado año, fueron ratificados por el Vocal ahora demandado, pese a que de acuerdo al "timbre" consta que la imputación fue presentada el 15 de julio de igual año;
3. 3)Presentó recurso de apelación incidental conforme los arts. 403 y 404 del CPP y otra en virtud a lo establecido por el art. 251 del citado Código; sin embargo, el Vocal ahora demandado en el Auto de Vista de 151 de 3 de agosto de 2020 emitido realizó una sola fundamentación de ambas apelaciones;
4. 4)Corresponde la aplicación de la "SSCC 0915/2015-S2", donde se concedió la tutela en una acción de libertad; toda vez que, es un caso similar y vinculante; pues de acuerdo al art. 231 del CPP cuando la pena no excede los seis años, no procede la detención preventiva; empero, las autoridades judiciales señaladas no aplicaron esa disposición, motivo por el cual presentó esta acción tutelar en su contra;
5. 5)De acuerdo a lo establecido por los arts. 250 y 251 de la referida norma adjetiva penal, una vez que se lleva a cabo la audiencia de apelación, la misma debe ser remitida al Juzgado de origen en el plazo de veinticuatro horas, desde el día que se llevó a cabo dicho acto procesal; en consecuencia, el Secretario tenía ese término para remitirlo; asimismo, se hizo caso omiso a la orden emitida por la autoridad competente, conforme a la solicitud de 7 de agosto de 2020, mediante la cual solicitó la remisión del acta de la mencionada apelación; y,
6. 6)Corresponde la acción de libertad traslativa o de pronto despacho contra el Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, y conceder la tutela con costas contra la referida autoridad, por no haber dado cumplimiento a órdenes judiciales de la Jueza de primera instancia y del Vocal ahora demandado, quienes ordenaron el cumplimiento de su detención preventiva en el PC-4 del mencionado Centro.

Mirael Salguero Palma, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 11 de agosto de 2020, cursante de fs. 44 a 45, refirió que:

1. i)El control de la legalidad ordinaria es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, a menos que, la vulneración del derecho a la libertad que alega el ahora accionante sea groseramente contrario a la Ley y a la Constitución Política del Estado; empero, en el caso el impetrante de tutela pretende utilizar al Tribunal Constitucional como una instancia más para que revise los actos del Tribunal de alzada en materia penal, lo cual está prohibido por ley;
2. ii)El peticionante de tutela cuestiona el Auto de Vista 151 de 3 de agosto de 2020, sin señalar porqué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica, sino simplemente hace una relación de los antecedentes, sin tomar en cuenta asimismo que la labor interpretativa y decisión en cuanto a atender una apelación incidental se constituye en una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal; por lo que, ante esta falta de presupuestos no correspondería ingresar al fondo de lo peticionado por el ahora accionante;
3. iii)El Auto de Vista 151 de 3 de agosto de 2020, cumple con los requisitos exigidos en los arts. 124 y 173 del CPP; por lo que, respondiendo a la supuesta vulneración del derecho a la libertad, se tiene que el mencionado Auto de Vista declaró la improcedencia del recurso de apelación; puesto que con relación al incidente de ilegalidad de la aprehensión y nulidad de la imputación formal, de acuerdo al cuaderno procesal se cuenta con una imputación que evidentemente se encuentra incompleta, que ha sido presentada a horas 13:20 el 14 de julio de 2020, existiendo el cargo de recepción a fs. 10 del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a lo que la Jueza de ese Juzgado decreta "En atención al memorial que antecede y de la revisión del mismo se tiene que la imputación formal cursa incompleta en el Sistema Sirej, por lo que se observa la misma debiendo el Ministerio Público subsanar y dar cumplimiento a lo previsto en el art. 302 del Código de Procedimiento Penal" (sic); es decir, que hubiera sido presentado de manera incompleta la fecha nombrada; en consecuencia, no se puede manifestar que esto no es verdad, si el que está dando fe de aquello es el Secretario del mencionado Juzgado; por lo que, el suscrito no puede señalar que dicho funcionario haya faltado a la verdad, puesto que este ha dado fe que la imputación fue presentada de manera incompleta; pero dentro del plazo, lo cual se tiene como verdad material además que esa falla del sistema técnico que no descargó la imputación de manera completa no pude considerarse como una responsabilidad del Fiscal de Materia;
4. iv)Con relación a lo referido por la parte accionante en sentido que la detención preventiva es improcedente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 232.6 del CPP, esta disposición se aplica a los delitos de contenido patrimonial siempre que no afecte a otro bien jurídico tutelado; sin embargo, el delito de falsedad material afecta a la fe pública, pues se constituye en un instrumento público que da fe de la licitud del vehículo a quien la porta; por lo que, se determinó confirmar el Auto 025/2020, que rechaza el incidente de nulidad de aprehensión y actividad procesal defectuosa planteado por Miguel Dipp Blanco -ahora impetrante de tutela-; empero, el ahora accionante se niega aceptar los referidos argumentos, pese a que se encuentra acorde con lo establecido en los arts. 124 y 173 del CPP; toda vez que, se explicó los motivos por los cuales este Tribunal de alzada resolvió confirmar totalmente la Resolución señalada;
5. v)Respecto al cumplimiento de la detención preventiva, conforme lo dispuesto por la Jueza de control jurisdiccional, se emitió el Oficio 453/2020 de 3 de agosto, conminando al Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, a cumplir con la disposición de dicha autoridad judicial, debiendo el imputado cumplir su detención preventiva en el régimen abierto; y,
6. vi)En relación a la devolución de obrados a la Jueza de origen, se adjunta al presente informe el Oficio de remisión de expediente, que fue recepcionado por el Secretario de tal Juzgado el 11 de agosto de 2020, a horas 08:50; es decir, antes de la interposición de la presente acción tutelar, no siendo evidente lo manifestado por los ahora accionantes, solicitando se deniegue la tutela impetrada.

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/20 de 11 de agosto de 2020, cursante de fs. 52 a 55 vta., concedió la tutela solicitada respecto al Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, por haber incumplido la remisión del detenido preventivo -ahora accionante- al PC-4; y, al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento -ahora demandado-, únicamente con relación al pronto despacho en la remisión del acta de apelación de medidas cautelares; y, denegó en cuanto a la falta de valoración y fundamentación al resolver los incidentes formulados en audiencia de medidas cautelares; asimismo, en cuanto al Fiscal de Materia, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Efectuada la verificación de los actuados procesales, se tiene que de fs. 9 a 10 de obrados cursa la imputación formal presentada por el Ministerio Público, con cargo de recepción del Secretario de 14 de julio de 2020, posterior a ello cursa el decreto de igual fecha a fs. 11, que señala: "En atención al memorial que antecede y de la revisión del mismo se tiene que la imputación formal cursa incompleta en el sistema Sirej, por lo que se observa la misma debiendo el Ministerio Público subsanar y dar cumplimiento a lo previsto en el art. 302 del Código de Procedimiento Penal" (sic), estableciendo por ello que no existe el incumplimiento de la presentación de la imputación formal en el plazo de veinticuatro horas, pues el Ministerio Público presentó dicha imputación el 14 de julio de 2020 y subsana con el memorial de 15 de igual mes y año, complementando la misma, conforme lo establecido en el art. 130 del CPP; por lo que, para ingresar en el fondo debe haber una vulneración del derecho al debido proceso, en este caso al cumplimiento de los plazos procesales que son improrrogables y perentorios, no siendo evidente la vulneración que alegan los ahora accionantes;
2. b)En cuanto a la denuncia contra el Vocal demandado, referente a que en audiencia no tomó en cuenta los fundamentos del incidente de actividad defectuosa, incidente de ilegal aprehensión y nulidad de imputación formal planteado ante el Juez de la causa, habiendo sido rechazados por la Jueza ad quo y confirmada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 151 de 3 de agosto de 2020, al respecto la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, con relación al debido proceso establece que el Tribunal tiene la facultad para analizar y considerar infracciones en relación con la garantía del debido proceso, por vía de la acción tutelar, cuando las lesiones a este derecho y garantía a la vez se encuentran en directa relación con la restricción del derecho a la libertad física; por lo que, del análisis de los fundamentos esgrimidos en audiencia de apelación de medidas cautelares de 3 de agosto de 2020, el Vocal ahora demandado ha cumplido con el deber de fundamentación y motivación que debe tener toda resolución conforme lo descrito en el art. 124 del CPP, puesto que la imputación formal de 14 de julio del mencionado año, no reviste ninguna ilegalidad, en todo caso se tuviera que acreditar que el Secretario está faltando a la verdad en cuanto a la recepción de la imputación;
3. c)Respecto a que el ahora accionante mediante memorial de 7 de agosto de 2020, solicitó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la devolución de antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, y que recién en esta audiencia se ha tomado conocimiento de su devolución el 11 de igual mes y año, conforme se tiene el cargo de recepción del Secretario del Juzgado y el oficio de remisión, efectivamente existió una dilación, porque no fue devuelto en el plazo de veinticuatro horas, considerando que la audiencia de apelación se llevó a cabo el 3 del mismo mes y año; y,
4. d)En cuanto al Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, se evidencia que dicha autoridad no cumplió con las disposiciones de las autoridades judiciales de que el imputado debe ser remitido al PC-4 del referido Centro, máxime si el mismo asesor de esa institución señala que el ahora accionante se encuentra aislado en el PC-3 por motivo de prevención del coronavirus, el cual no viene a ser un fundamento para incumplir las órdenes judiciales señaladas.

II.3. Mediante memorial de 17 de julio de 2020, los ahora accionantes presentaron recurso de apelación contra el Auto 025/2020, que rechazó los incidentes de ilegalidad de la aprehensión y nulidad de la imputación formal, señalando que:

1. 1)Interpusieron los referidos incidentes al amparo del art. 169 del CPP, ante la errónea aplicación de la ley, tanto adjetiva como sustantiva; es así que, en lo referente a los vicios de procedimiento que han estado plagados en el presente proceso y que vulneran derechos fundamentales, se pretende someterlos a un indebido procesamiento; y,
2. 2)En "audiencia" la Jueza de la causa no le dio la oportunidad de presentar ningún incidente ni excepción; por lo que, dicha autoridad incurrió en incongruencia omisiva; pues la misma SCP 1256/2013-L de 9 de diciembre, señala que las excepciones pueden ser interpuestas tanto en la etapa preparatoria como en el juicio oral, los que están sujetas a un procedimiento particular; asimismo, el "C.P.P." y la jurisprudencia determina que se puede interponer excepciones e incidentes, por ende solicita se revoque la "Resolución de 15 de julio de 2020", que le negó la posibilidad de presentar excepciones e incidentes en este proceso y que además modificó la imputación formal del Ministerio Público, debiendo ordenar a su vez la nulidad del procedimiento defectuoso hasta la mencionada imputación inclusive (fs. 20 a 21 vta.).

II.4. A través de Auto 151 de 3 de agosto de 2020, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró:

1. i)Admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Miguel Dipp Blanco y Pamela Espinoza Lozada -ahora accionantes- contra el Auto Interlocutorio 025/2020, que resolvió rechazar los incidentes de ilegalidad de la aprehensión y nulidad de la imputación; y,
2. ii)Admisible e improcedente parcialmente el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 026/2020, manteniendo la detención preventiva de Miguel Dipp Blanco -ahora accionante-, por concurrir los arts. 233.1, 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del CPP, con relación a la coimputada -ahora impetrante de tutela-, modifica la detención domiciliaria impuesta, la que ahora debe ser cumplida de horas 20:00 hasta las 06:00, con posibilidad de ejercer sus funciones laborales durante el día, en base a los siguientes argumentos:
3. a)Con relación a los incidentes: a.i) En cuanto a la ilegalidad de la aprehensión existe una imputación incompleta, que fue presentada a horas 13:20 el 14 de julio de 2020, según el cargo de recepción realizado por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del mencionado departamento, que cursa a fs. 10 vta. del referido cuaderno y que la Jueza de la causa decretó señalando "En atención al memorial que antecede y de la revisión del mismo se tiene que la imputación formal cursa incompleta en el sistema Sirej, por lo que, se observa la misma debiendo el Ministerio Público subsanar y dar cumplimiento a lo previsto en el art. 302 del Código de Procedimiento Penal" (sic); por lo que, la referida imputación fue presentada de manera incompleta la fecha señalada; dando fe de aquello el referido Secretario; de ahí que, tuviera que existir algún elemento para indicar que el mismo está falseando su testimonio; en consecuencia, la imputación se presentó de forma completa el 15 de igual mes y año, a horas 09:00, pero dentro del plazo, lo cual se tiene como verdad material además que esa falla del sistema técnico que no descargó la imputación de manera completa, no puede considerarse como una responsabilidad del Fiscal, en este entendido la mencionada autoridad judicial actuó correctamente; a.ii) Con relación a la nulidad de la aprehensión, en cuanto a que no procede la detención preventiva solicitada en la imputación formal, de acuerdo a lo señalado en el art. 232.6 del CPP, esta disposición se aplica a los delitos de contenido patrimonial siempre que no afecte a otro bien jurídico tutelado; empero, el delito de falsedad material afecta a la fe pública, es así que, la placa se constituye en un instrumento público que da fe de la licitud del vehículo a quien la porta; por lo que, no puede ser alterado, modificado o suplantado, no pudiendo circularse con placa falsa; consiguientemente, no es un delito patrimonial; en consecuencia, se confirma el Auto 025/2020, que rechaza el incidente de nulidad de aprehensión y actividad procesal defectuosa planteado por Miguel Dipp Blanco -ahora impetrante de tutela-;
4. b)Respecto de las medidas cautelares:
5. b.1)Con relación a la probabilidad de autoría del delito de falsedad material, establecida en el art. 233.1 del CPP, la Jueza de la causa señaló que la placa falsa se adecúa al delito de falsedad material; toda vez que, hay un celular donde se encontró un listado de placas y de documentos, que no es casual; asimismo, la coimputada -ahora accionante- no fue acompañante accidental, ya que fue parte de ese acto delictivo, porque ayudaba a depositar o recoger los materiales-, por lo que, no puede ser sustraída por el hecho de ser esposa o concubina, concurriendo la probabilidad de autoría;
6. b.2)Respecto a los riesgos procesales establecidos en el art. 234. 1 y 2 del CPP, en lo concerniente al elemento familia, se dio por acreditado, porque tiene un hijo en común; asimismo, el elemento de trabajo también fue acreditado; y respecto al domicilio, no se puede observar en el certificado alodial la titularidad de dominio, tampoco la dirección exacta del mismo, no siendo exigible que sea propietario; empero, debe demostrarse la dirección exacta del domicilio, no siendo evidente lo manifestado por el ahora accionante en sentido que la coimputada hubiera desvirtuado este elemento, tampoco se puede observar la dirección exacta en las facturas de cobranza que fueron presentadas en fotocopias, pues solamente señala "Uv, la Manzana"; por lo que, concurren ambos riesgos procesales, al no haber acreditado domicilio y el numeral 2 por no tener un arraigo natural; y,
7. b.3)Con relación a los riesgos procesales establecidos en el art. 235.1 y 2 del CPP, en cuanto al primero no solo se trata de una placa sino de varias y de otra documentación que presuntamente es falsa y que puede ser comercializada; consecuentemente, se pude modificar, alterar y suprimir los referidos elementos de prueba, persistiendo dicho riesgo; y respecto al art. 235.2 del citado Código, el Fiscal de Materia señaló a cuatro partícipes y menciona a alguien con el sobrenombre de "El toro", quien probablemente sea quien enviaba a la ciudad de Cochabamba, con el cual se puede influir de manera negativa, coincidiendo con la Jueza en el sentido de que concurren ambos riesgos procesales;
8. c)En cuanto a la coimputada -ahora accionante- no se aplicó medidas sustitutivas a la detención preventiva porque hubiera desvirtuado todos los riesgos procesales, sino por tener un hijo menor bajo su cuidado-;
9. d)Con relación a la flagrancia, si la Policía se encuentra con algo imprevisto o sospechoso y es un hecho que empieza a investigar, no puede exigirse primero que se haga la denuncia pues al ser flagrante primero corresponde dar ese hecho y luego presentar la denuncia, caso contrario se estuviera desnaturalizando el mismo;
10. e)Se observa que dentro de la imputación no se refiere al plazo de la detención preventiva; sin embargo, puede ser subsanado en audiencia, tal como lo hizo el Fiscal de Materia; es así que, la Jueza de primera instancia fijó el plazo en ciento ochenta días;
11. f)Respecto a la solitud de que el coimputado guarde detención preventiva en régimen abierto, este fue dispuesto por la Jueza a quo, correspondiendo conminar al Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz que se cumpla con lo ordenado;
12. g)De acuerdo a la complementación y enmienda solicitada por el imputado -ahora accionante- respecto a que la imputación fue presentada el 15 de julio de 2020, horas antes de la audiencia, lo que se demostraría con el informe del Secretario, quien señala que la imputación fue presentada el 14 de igual mes, un día antes y que fue copia incompleta; así también, que su declaración policial se recibió esa fecha, a horas 15:00; por lo que, el Fiscal de Materia no pudo haber presentado dicha imputación antes de su declaración, solicitando que dicha autoridad muestre su declaración, por cuanto una vez verificado ese extremo corresponde que declare procedentes los incidentes planteados y ordenar su libertad inmediata, además porque se encontraban en posesión de la placa, a lo cual se responde que no puede comprobar esa declaración porque no se encuentra en el cuaderno procesal, encontrándose en el mismo la imputación incompleta, el informe de acción directa, el informe del policía y la imputación formal; en consecuencia, solo puede remitirse a dicho cuaderno; consiguientemente, no ha lugar y por otra parte atendiendo que se conmine al Gobernador dentro de las veinticuatro horas se cumpla lo ordenado por la Jueza, se dispone que en ese plazo la referida autoridad cumpla con ese traslado al PC-4 de régimen abierto; y,
13. h)Antes de finalizar la audiencia el Fiscal de Materia señaló que tiene la declaración del imputado -ahora accionante- el cual "...ha sido a horas 09:30 del martes 14 de julio y pido que conste en acta" (sic), a lo que el Vocal ahora demandado manifestó que se tiene presente dicha aclaración y que conste en acta a la hora en la que se tomó la mencionada declaración (fs. 38 a 42 vta.).

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material, señala que las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades:

1. 1)El Vocal demandado:
2. i)Mediante Auto de Vista 151 de 3 de agosto de 2020; i.a) Declaró improcedente la apelación planteada respecto a los incidentes de ilegalidad en la aprehensión (ante una imputación emitida fuera de término) y la nulidad de la imputación, convalidando respecto de este último la errónea aplicación de la ley en cuanto al procedimiento y falta de fundamentación al no proceder la detención por el quantum de la pena y no subsumirse al tipo penal de falsedad material, sino al de receptación; i.b) Ratificó la Resolución que dispuso su detención preventiva, vulnerando los arts. 171, 173, 221.7, 222 del CPP;
3. ii)Hasta el planteamiento de esta acción tutelar no remitió el cuaderno procesal a la Jueza de primera instancia, generando retardación de justicia;
4. 2)El Fiscal de Materia, presentó la imputación formal después de dos días que se encontraba aprehendido; es decir fuera del plazo de veinticuatro horas, haciendo creer que fue presentado vía zoom (blackboard); y,
5. 3)El Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, no dio cumplimiento a lo dispuesto por la Jueza de la causa, quien determinó la detención preventiva del ahora accionante en el PC-4 (Régimen abierto) del mencionado Centro de Rehabilitación; de igual forma, incumplió la conminatoria del Vocal ahora demandado, en sentido que, debía acatarse la determinación de la Jueza a quo y trasladarle a esa sección en el término de veinticuatro horas.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)Sobre el trámite de las excepciones e incidentes;
2. b)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP;
3. c)Sobre la valoración de las pruebas que deben realizar las autoridades judiciales a momento de resolver la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, cesación de detención preventiva y en apelación;
4. c.1)Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones;
5. d)Sobre la activación simultánea de la justicia ordinaria y constitucional;
6. e)El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución;
7. f)La acción de libertad traslativa o de pronto despacho;
8. f.1)Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho;
9. g)Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad;
10. h)Sobre la acción de libertad innovativa; y,
11. i)Análisis del caso concreto.