Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2019-S1 Sucre, 6 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 27152-2019-55-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 10/2019 de 4 de enero, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Gutiérrez Flores y Donata Martínez Quilla de Gutiérrez en representación sin mandato del menor NN contra Reynaldo Freddy Sangueza Ortuño y Rocío Celia Manuel Choque, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de enero de 2019, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente.
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación, que se desarrolla conforme al Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, al estar detenido en el "albergue Renacer" por cincuenta días, solicitaron la cesación a su detención preventiva amparados en el art. 291.I inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el cual señala que la detención preventiva cesará cuando esta exceda de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal, contando a partir de la notificación con la imputación; y a su vez, el parágrafo II del mismo artículo dispone que: "Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código"; es decir, que como causal de cesación solo se exige el haber transcurrido más de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal.
El 28 de noviembre de 2018, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Oruro, atendió la audiencia de cesación de la detención preventiva declarando "IMPROCEDENTE" la solicitud, reconociendo que pasaron cincuenta días, pero que también debieron desvirtuarse los riesgos procesales; motivo por el cual apelaron dicha decisión.
Por Auto 260/2018 de 27 de diciembre, los Vocales ahora demandados, resolvieron la impugnación planteada declarando improcedente la misma bajo el argumento de que si bien la norma prevé como causal de cesación el vencimiento de los cuarenta y cinco días sin acusación, la misma no debe aplicarse a letra muerta; toda vez que, el Juez contralor, dispuso una conminatoria al Ministerio Público diez minutos antes de llevarse la audiencia y estando pendiente el cumplimiento de la misma, "...sumado los principios de desformalización y la rapidez en estos casos..." (sic) se rechazó la apelación.
Refiere que, todo lo señalado por los Vocales demandados es contrario al principio de legalidad establecido en el art. 108.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), que de forma textual refiere: "Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes"; toda vez que, el art. 291.I inc. c) del CNNA, condiciona la cesación de la detención preventiva al transcurso de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal; asimismo, la última parte de esta misma norma de forma taxativa impone al Juzgador a emitir medidas sustitutivas; es decir, en ninguna parte condiciona el pedido de cesación de la detención preventiva al cumplimiento de una conminatoria, al poder contralor del Juez o a los principios de desformalización y rapidez, más al contrario, este instituto jurídico de la cesación de la detención preventiva fue previsto por el legislador para hacer prevaler el interés superior del adolescente y otorgar una especie de sanción al aparato punitivo del Estado, representado por el Ministerio Público, en caso de negligencia presentada por el mismo como acontece en este, siendo que el Juez se constituye en el tercero imparcial que tiene que velar por los derechos, no sólo del Ministerio Público o víctima, sino en dar cumplimiento a la ley; por lo que, las autoridades demandadas al reconocer que el menor NN estuvo detenido preventivamente más de cincuenta días sin acusación fiscal y luego rechazar la apelación con argumentos fuera de lo legal, obraron ilegalmente, quebrantando el debido proceso y atentando directamente al derecho a la libertad de locomoción del menor NN.
Finalmente refieren que conforme establece a la y la jurisprudencia constitucional, no se puede exigir el agotamiento de vías tratándose de menores de edad esto por el interés superior del menor.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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