0330/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2019-S2 Sucre, 29 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26731-2018-54-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 02/2018 de 27 de noviembre, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Neusa Argene Oniaba Zuñiga contra Marcelo Matías Cardona Ibáñez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Guayaramerín Responsabilidad Limitada (CAPAG R.L.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2018, cursante de fs. 20 a 27 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 23 de noviembre de 2015, trabajó en la CAPAG R.L., hasta que el 1 de octubre de 2018, fue despedida a través de Memorándum de agradecimiento suscrito por el Gerente General de dicha Cooperativa, arguyendo que: "Por instrucción del Directorio de Consejo de Administración en reunión del viernes 28 de septiembre se determinó agradecer sus servicios prestados hasta el día de hoy, lunes 1 de octubre del presente" (sic). Añadió que fue discriminada debido a que fue contratada bajo el mandato del antiguo Consejo de Administración; por lo que, previamente a su desvinculación sufrió acoso laboral reflejado en la rotación de su puesto de trabajo en diferentes oportunidades, según se tiene de las Notas Internas 10/2018 de 2 de agosto y 12/2018 de 27 de igual mes.

Posteriormente, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de Guayaramerín del departamento de Beni, denunciando el despido injustificado; en cuyo mérito, dicha instancia emitió la Conminatoria de Reincorporación JRTG-ERMC-R 003/2018 de 12 de noviembre, notificada de manera personal al denunciado el 13 de igual mes y año; sin embargo, tal determinación no fue acatada.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Consideró lesionados sus derechos a la igualdad; al trabajo; a una remuneración justa; a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita; y, al debido proceso; y, el principio de legalidad, los arts. 8.II, 14.I. y II, 22, 46.I, 47.I; 115; 116.II; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio