Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0331/2026-CA Sucre, 29 de junio de 2026
Expediente: 85157-2026-171-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba
En consulta la Resolución de 14 de enero 2026, cursante de fs. 344 a 349, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de Cochabamba, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Mickael Karel Herbas Barravino, representado legalmente por Claudia Montserrat Olaguivel Herbas; demandando la inconstitucionalidad del art. 400.II, del Código Procesal Civil (CPCo), por ser presuntamente contrario a los arts. 56, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2025, cursante de fs. 274 a 280 vta., la parte accionante manifestó que, dentro del proceso ejecutivo seguido por Lucia Soledad Abuawad Jarsun contra Pablo Luis Gonzalo Soto Quiroga, interpuso un incidente de tercería de dominio excluyente con el objeto de resguardar su patrimonio. En ese orden, explicó que el art. 400.II del CPC, exige de manera taxativa la existencia previa de un requerimiento conclusivo de acusación formal en materia penal como único presupuesto legal para viabilizar la suspensión de la ejecución forzosa o del remate civil de bienes.
Bajo esa premisa, fundamentó la afectación directa a su derecho a la propiedad privada -regulado por el art. 56 de la CPE- sosteniendo que dicha configuración normativa permite la consolidación irreversible de remates sobre bienes objeto de ilícitos penales, ante la imposibilidad material de obtener un acto conclusivo penal de forma oportuna. De igual manera, vinculó esta exigencia con la infracción al debido proceso y a la garantía de la tutela judicial efectiva previsto en el art. 115 de la Norma Suprema, bajo el argumento de que se restringe la protección inmediata de su patrimonio al supeditar la eficacia de la defensa civil a la emisión de una acusación penal; la cual, constituye un acto procesal ajeno a su propio control e impulso.
Finalmente, identificó una vulneración al derecho a la defensa y al principio de igualdad consagrados en el art. 119 de la Ley Fundamental, en el entendido de que la imposición de este requisito específico genera un estado de indefensión al contrastar la celeridad inherente a los actos de ejecución civil frente a la mora y a la natural extensión cronológica de las etapas investigativas en la jurisdicción penal.
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