Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 55132-2023-111-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AAC-047/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 365 a 367, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maribel Muriel Encinas contra Ángel Ariel Echazú Navía y Carlos Veliz López, miembros de la Comisión de Ética del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memoriales presentados el 27 de marzo y 4 de abril de 2023, cursantes de fs. 187 a 197 vta.; y, 224 a 226, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El "3" -4- de agosto de 2022, María Teresa López Rosso presentó una denuncia en su contra por la posible comisión de las faltas comprendidas en "...los incisos n) y o) de la Ley 243 (...) no existe artículo en la denuncia por el cual se me denuncia solo incisos..." (sic); sin embargo, esta denuncia se tramitó "inventándose" el precepto por el que sería juzgada, emitiéndose el Auto de Apertura de Inicio de Proceso Administrativo Caso 01/2022 de 8 de agosto que se dispuso en su contra. Se le notificó dicho Auto en la misma fecha -8 de agosto de 2022- sin que se adjuntara la denuncia; por lo que, se atentó contra su derecho a la defensa al no conocer la falta atribuida a su persona.
Posteriormente, la Comisión de Ética ahora accionada pronunció el Auto de 23 de agosto de 2022 que señaló audiencia para el 29 de igual mes y año, fecha en la que planteó recusación contra Ángel Ariel Echazú Navía -hoy accionado-; sin embargo, fue rechazada por Auto de 1 de septiembre de ese año. Asimismo, utilizando un procedimiento ajeno al disciplinario, mediante Auto de 19 del indicado mes y año, la señalada Comisión solicitó a las partes que presenten su interrogatorio sin permitir otras preguntas para la averiguación de la verdad material; además, cuando tomaron la declaración de los testigos no se efectuó ningún juramento; por lo que, estos no tenían la obligación de decir la verdad. Al mismo tiempo, la prueba documental no se judicializó, no se incorporó mediante su lectura y fue obtenida de forma unilateral. Después, fue emitida la Resolución 01/2022 de 23 septiembre que vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la aplicación objetiva de la ley, a la valoración razonable de la prueba, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, además del principio de verdad material. También se vulneró su derecho a ser juzgada por un tribunal competente e imparcial; ya que, la Comisión de Ética hoy accionada se encuentra conformada por dos varones, incumpliéndose de esa manera lo dispuesto en el art. 11.II del Reglamento a la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres -Decreto Supremo (DS) 2935 de 5 de octubre de 2016-. Asimismo, la mencionada Resolución tiene fecha en la copia legalizada pero no en la notificación practicada.
En ese orden, la Resolución 01/2022 no expresó con claridad qué hecho le fue atribuido solo indicó la vulneración del art. 8 inc. n) de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, además de haber infringido el art. 17 del DS 1233 de 16 de mayo de 2012, señalando que la copia de las Declaraciones Juradas no pueden ser obtenidas en foto o fotocopia e indicó que el hecho de presentar una denuncia penal contra la denunciante se constituía en acoso político; es decir, que todo el fundamento jurídico de ese fallo se basa en que el indicado Decreto Supremo -1233- no contempla que cualquier persona tenga acceso a declaraciones juradas sin exponer cómo su actuar transgredió el ordenamiento jurídico. Esa Resolución tampoco describe los supuestos de hecho contenidos en el referido precepto -art. 8 inc. n) de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres-, pretendiendo enmarcar forzadamente su actuación en una transgresión legal, cuando solo actuó conforme a la obligación de todo servidor público de denunciar la comisión de un delito; menos estableció el nexo causal entre su accionar y la sanción impuesta en su contra. De igual manera, dicha Resolución no describió la prueba presentada en su totalidad, limitándose solamente a enunciar la existencia de prueba de descargo sin describirla, es más no valoró la declaración testifical de cada uno de los testigos asignándoles un valor sino que se limitó a realizar un resumen general, al margen que la prueba documental no fue valorada, al contrario, solo se basó en la denuncia como plena prueba sin ingresar a mayores consideraciones.
Asimismo, al momento de notificarla con la Resolución 01/2022 se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa; por cuanto, debió ser notificada con una resolución que sea -copia- fiel del que se encuentra en el expediente "...sino como me puedo defender para apelar..." (sic); puesto que, la copia de la resolución con la cual fue notificada no tiene fecha ni hora.
Además, al imponerse la sanción de suspensión del cargo sin goce de haberes durante un mes se vulneró su derecho al trabajo y al salario, y también a la salud, por haberla dado de baja en el Seguro Social de Salud y a la seguridad social; por cuanto, no se realizó el pago de la aportación mensual.
Contra la Resolución 01/2022 planteó recurso de revocatoria presentada el "10" -11- de octubre de 2022, rechazado por Resolución 80/2022 de 4 de noviembre -lo correcto es Resolución de Recurso de Revocatoria de 4 de noviembre de 2022-, y contra este último fallo interpuso recurso jerárquico el 21 de igual mes y año que fue rechazado mediante la Resolución Municipal 006/2023 de 24 de enero. Y finalmente, contra esa última determinación planteó recurso de reconsideración donde anunció acciones constitucionales.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la aplicación objetiva de la ley, a la valoración razonable de la prueba, a la defensa y a la tutela judicial efectiva y del principio de verdad material; y, a ser juzgada por un tribunal competente e imparcial, al trabajo, al salario, a la salud y seguridad social; citando al efecto los arts. 16.IV, 35, 45, 46.1, 115.II, 117.I, 120.I, 122 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
En audiencia reclamó la vulneración de los principios de tipicidad y de proporcionalidad, sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
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