Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2026-S2 Sucre, 12 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 65608-2024-132-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 01/2024 de 5 de julio, cursante de fs. 948 vta. a 957, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Héctor Hermógenes Esteves Choque contra Wilder Torrico Zenteno; Andrey Condori Contreras; Juan Carlos Prieto Aramayo; Eduardo Florencio Almaraz Miranda, Presidente y Vocales; y, Óscar Alarcón Camargo, Secretario todos del Tribunal Sumariante de la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 de junio y 1 de julio de 2024, cursantes a fs. 1 y 777 a 794; y, 818 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante concurso de méritos, en la gestión 2012 accedió al cargo de docente en la carrera de Medicina de la UNSXX, específicamente en las materias de Anatomía e Histología Humana. Designación que fue oficializada mediante el Memorando 323/12 de 9 de marzo, con una carga horaria a tiempo completo.
Más adelante, el 12 de diciembre de 2023, el Rectorado de la UNSXX recibió una denuncia anónima presentada por organizaciones sociales, dirigida contra ocho docentes de la referida Universidad, sin identificación de víctimas ni pruebas claras, por presuntos cobros irregulares a estudiantes. En este contexto, Wilder Torrico Zenteno; Andrey Condori Contreras; Juan Carlos Prieto Aramayo; Eduardo Florencio Almaraz Miranda, Presidente y Vocales; y, Óscar Alarcón Camargo, Secretario todos del Tribunal Sumariante de la UNSXX -ahora demandados-, iniciaron un proceso administrativo en su contra por la supuesta comisión de faltas disciplinarias contempladas en los arts. 34.11, 13 y 16; y, 35.1 y 2 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UNSXX.
Posteriormente, se emitió la Resolución de 11 de enero de 2024, dando inicio al proceso disciplinario y, de conformidad al art. 78 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UNSXX, se le impuso la medida precautoria de suspensión temporal sin goce de haberes. Ante ello, el 1 de febrero del mismo año, solicitó la reconsideración de la medida, puesto que, carecía de motivación y fundamentación y, afectaría sus obligaciones hacia su hijo menor de edad, quien cuenta con una discapacidad.
Luego, el "18" -siendo lo correcto 22- de marzo de 2024 presentó un memorial exigiendo el cumplimiento del art. 79 del precitado Reglamento, que establece un plazo máximo de veinte días hábiles para la etapa de investigación o apertura de prueba; no obstante, hasta esa fecha, dicho plazo había sido superado ampliamente; en consecuencia, por oficio presentado el 26 del mismo mes y año, insistió en la modificación de la referida medida precautoria.
En atención a la indicada nota, el 4 de abril de 2024, el Tribunal Sumariante de la UNSXX respondió mediante "Oficio" rechazando la solicitud de reconsideración de las medidas precautorias, argumentando que el Reglamento de Procesos Universitarios de la UNSXX no reconoce "recurso de reconsideración"; siendo que, el art. 28 del mencionado Reglamento establece que cualquier incidente o excepción será rechazado in límine.
Tras haber cumplido los sesenta días máximos de suspensión sin goce de haberes previstos en la normativa, el 16 -siendo lo correcto 15- de abril de 2024, presentó un nuevo memorial solicitando su restitución laboral y rehabilitación en el sistema biométrico; sin embargo, mediante Resolución de 18 del citado mes y año, el Tribunal Sumariante de la UNSXX dispuso la ampliación de la suspensión por un período de cuarenta días hábiles computables desde el día siguiente al vencimiento de la suspensión inicial.
Más adelante, el 3 de mayo de 2024, la Asociación de Personas con Discapacidad de Llallagua del departamento de Potosí, presentó una nota al Tribunal Sumario de la UNSXX, haciendo conocer los reclamos de su persona. Ante ello, la Resolución de 13 del citado mes y año, el Tribunal concluyó que la referida Asociación no formaba parte del proceso administrativo, y no aportaba nada a la investigación; empero, aunque reconoció la inscripción al Sistema Único Nacional de Persona con Discapacidad (SIPRUNPCD) y la discapacidad de su hijo menor de edad, se volvió a afirmar que no se demostró que tenga a su cargo al indicado niño, y negó una vez más el levantamiento de la medida precautoria.
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