Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0332/2019-CA Sucre, 19 de diciembre de 2019
Expediente: 32178-2019-65-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca
En consulta la Resolución 180/2019 de 27 de noviembre, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Henry Sanjinés Valdez, demandando la inconstitucionalidad del Tratado de Extradición entre la República -hoy Estado Plurinacional- de Bolivia y la República Federativa de Brasil de 25 de febrero de 1938 y la Ley de 18 de abril de 1941 que aprobó dicho Tratado, por ser presuntamente contrarios a los arts. 9.4, 22, 115.II, 119.II, 120.I, 172.5 y 255.I y II.1 y 3 de la Constitución Política del Estado (CPE); 89.1 de la Constitución Política (CP) de 28 de octubre de 1880; y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 5 de agosto de 2019, cursante de fs. 77 a 92 vta., el accionante manifiesta que, el 2017 tomó conocimiento de un proceso penal iniciado en su contra en la República Federativa de Brasil, específicamente en el Estado de San Pablo. El Ministerio Público del citado país, inició un trámite judicial de pedido de extradición con solicitud de prisión preventiva, caso que es de conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el expediente 015/2018-S.
Alega que, los pedidos de extradición, así como las solicitudes de prisión preventiva con fines de extradición entre Brasil y Bolivia, tienen su fundamento normativo en el Tratado de Extradición suscrito el 25 de febrero de 1938, aprobado por el Congreso boliviano, mediante Ley de 18 de abril de 1941, teniendo como objeto, obligar a ambos Estados a la entrega recíproca de los individuos procesados o condenados por las autoridades judiciales de uno de dichos Estados parte del Tratado que se encuentren en el territorio del otro, siendo que en el presente caso, el pedido de extradición deberá ser resuelto en base a esos instrumentos legales.
Afirma que el citado Tratado y la Ley respectiva, son contrarios a lo dispuesto por el art. 172.5 de la Norma Suprema actual, en relación al art. 89.1 de la Constitución Política de 1880, vigente al momento de la negociación y celebración de dicho instrumento internacional, siendo inconstitucional debido a que el aludido Tratado fue suscrito por el Ministro Plenipotenciario de Bolivia en la República Federativa de Brasil, Alberto Ostria Gutiérrez, designado por Germán Busch Becerra, quien fue Presidente de un gobierno de facto, que accedió al poder mediante un golpe de Estado el 13 de julio de 1937; por lo que, el nombrado servidor público usurpó funciones asignadas a un Presidente constitucional elegido por voto popular. La Constitución Política de 1880, a momento de la celebración del referido instrumento internacional, en su art. 75 establecía que el Poder Ejecutivo encargaba a un ciudadano con título de Presidente de la República para que ejerza ese mandato a través de los Ministros y Secretarios del Despacho; además, el art. 89 de la misma norma, determinaba que eran atribuciones del Primer Mandatario del país, negociar y concluir los tratados con naciones extrajeras, ratificarlos y canjearlos, previa aprobación del Congreso; de ello se advierte que el acto de suscripción del pacto internacional estaría viciado de inconstitucional, no susceptible de convalidación, al constituirse en una manifiesta violación de una norma del derecho interno, en lo concerniente a la competencia para la celebración de los tratados internacionales.
Si bien es cierto que el señalado Tratado fue aprobado mediante la Ley de 18 de abril de 1941, no es menos evidente que ese acto legislativo, no subsanó ni reparó el vicio de inconstitucionalidad de origen, ya que fue celebrado por una persona que carecía de competencia, pues la negociación del mismo podría ser encomendada a un Ministro Plenipotenciario, pero la suscripción compete al Presidente del Estado.
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