0332/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2019-S2 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 27272-2019-55-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 02/2019 de 18 de enero, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Rodo Pérez en representación sin mandato de Fernando Emilio Da Silva Bardi contra Cesar Daniel Yampara Laura y Enrique Manuel Cadena Pinto, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y, Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de enero de 2019, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa, mediante Auto Interlocutorio 166/2018 de 28 de mayo se le declaró rebelde, emitiéndose mandamiento de aprehensión; razón por la que, presentó memorial solicitando "revocatoria de rebeldía", justificando la inasistencia a la audiencia de medidas cautelares; de manera que, a través de decreto de 30 de igual mes y año, se le "niega" la petición, disponiendo la "purga de rebeldía"; en ese contexto interpuso recurso de reposición y por "tercera vez" puso en conocimiento del juzgador las razones por las que no asistió a la audiencia de medias cautelares.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante mediante su representante alegó la lesión de sus derechos a la defensa en su vertiente a ser oído y al debido proceso, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1 y 2 inc. h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).