0332/2020-S1

Juan Ramón Quintana Taborga, Ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito presentado el 10 de septiembre de 2019, cursante de fs. 557 a 571 vta., refirió lo siguiente:

1. i)De los antecedentes de la presente acción tutelar se tiene que los accionantes, alegaron como hecho generador de la vulneración al derecho a la petición, la omisión en la emisión de resolución que resuelva el recurso jerárquico interpuesto por la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz contra decisiones administrativas asumidas por la UPRE, y expresamente refieren que, dicha entidad envió tres notas en diferentes fechas pidiendo aplicar el silencio administrativo positivo que no merecieron respuesta, en consecuencia, a partir de la interposición del recurso jerárquico se contaba con noventa días hábiles administrativos para resolver dicho recurso, momento en el que empieza a computarse el plazo de caducidad para interponer la acción tutelar, de conformidad a los arts. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 129.III de la CPE;
2. ii)Respecto al plazo de caducidad para la presentación de la acción de amparo constitucional, en el caso del recurso jerárquico en relación a los actos administrativos de la UPRE, la omisión vulneratoria se habría concretado el 3 de mayo de 2018 y empezado a correr el término para interponer acción de amparo, que venció el 3 de noviembre de referido año;
3. iii)Se consideró que el supuesto reclamo con el cual la parte impetrante de tutela pretendía habilitarse, en una especie de "acto que interrumpe el plazo" para la interposición del amparo, es decir, las notas presentadas al Ministro de la Presidencia, la primera data del 30 de abril de 2018 (fecha en la que todavía no habían transcurrido los noventa días para resolver el recurso jerárquico) y las otras dos del año 2019, es decir que ya las mismas estaban fuera del plazo previsto para la interposición de la acción, por lo cual no tuvieron efecto legal ni procesal alguno, en tal sentido, de los antecedentes se tuvo claramente establecido que, la acción de amparo, fue presentada a los diecisiete meses o al año y cinco meses;
4. iv)De la revisión de los plazos en los que se activó la acción tutelar, se debió tomar en cuenta que, los peticionantes de tutela conocían perfectamente la fecha en la que se consumó la omisión que consideraron violaba su derecho fundamental, y que no existió acto que haya suspendido el plazo de caducidad, puesto que el mismo, no reconoce la figura de la "interrupción", por lo que, la parte accionante voluntariamente dejó transcurrir los plazos más allá del máximo fijado para la presentación de la acción de amparo constitucional tomando en cuenta que el único acto que amerita la suspensión del plazo referido, es únicamente la interposición de la acción de amparo y ningún otro;
5. v)El presente caso se origina en un procedimiento administrativo, tramitado ante la UPRE, donde se ha dilucidado resolver el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0277/13 de 8 de abril de 2013, suscrito entre la UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el GAM de El Alto del indicado departamento para el financiamiento del proyecto: construcción del Coliseo Cerrado Anexo Tahuantinsuyo D5 - El Alto con un financiamiento de Bs1' 818 104,48 (un millón ochocientos dieciocho mil ciento cuatro 48/100 bolivianos), por incumplimiento de parte del GAM de El Alto del referido departamento a la Cláusula Cuarta, inc. b), numerales 11, 12 y 13. En tal sentido, dicho trámite derivó en la interposición de recurso jerárquico, que a efecto del presente caso, no es el último ni definitivo medio de protección de los derechos de la parte accionante;
6. vi)Conforme el inc. b) del art. 69 de la LPA, la vía administrativa queda agotada cuando se trate de actos administrativos donde no procede ningún otro recurso en la vía administrativa, pero que en materia administrativa tiene una particularidad, puesto que, el ordenamiento jurídico reconoce otra vía de control de legalidad de los actos administrativos, donde se puede someter el trámite y los actos administrativos que uno considere contrarios a los derechos subjetivos o intereses legítimos, siendo esa la vía adecuada para reclamar cualquier acción u omisión que en la vía administrativa vulnere los derechos o intereses de cualquier persona natural o jurídica comprometidos en una controversia administrativa;
7. vii)El procedimiento administrativo, reconoce la vía legal de impugnación de actos administrativos, sea que se haya resuelto o no el recurso jerárquico, así el parágrafo II del art. 125 del DS 27113 de 23 de julio de 2003 -Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo-, dispone que para el caso de no haberse dictado resolución expresa o resuelto el recurso jerárquico, el interesado podrá acudir ante la impugnación judicial por vía del proceso contencioso administrativo, siendo esta la vía legal de protección de derechos o intereses legítimos de los recurrentes comprometidos en los procedimientos administrativos llevados ante la UPRE;
8. viii)No se puede alegar, un peligro o daño inminente, ni tampoco perjuicio irremediable o irreparable, ello porque la parte impetrante de tutela, esperaron para interponer demanda de acción de amparo en el caso del acto (omisión) vulneratoria sobre el recurso jerárquico contra actos administrativos de la UPRE, un año y cuatro meses;
9. ix)El caso tampoco estaba dentro de las causas de excepción al principio de subsidiariedad, puesto que no se trata de actos provenientes de particulares o del Estado vinculados a vías o medidas de hecho: no se ha demostrado existencia de daño irreparable o perjuicio irremediable, no hay necesidad de realización de justicia material, y no se trata de derechos de protección reforzada;
10. x)La demanda de acción de amparo constitucional, buscó ilegalmente suplir un medio ordinario de defensa inmediata de derechos e intereses legítimos comprometidos en un procedimiento administrativo, como es el proceso contencioso administrativo, al que la parte accionante debían haber acudido se haya o no resuelto el recurso jerárquico, con lo cual estos han originado que las autoridades judiciales o administrativas no hayan tenido la posibilidad de pronunciarse sobre los asuntos en cuestión;
11. xi)La parte impetrante de tutela pretendió que la Sala Constitucional defina la controversia administrativa de fondo, bajo la excusa de haberse violado el derecho a la petición, y que dejen sin efecto los actos administrativos de la UPRE bajo la excusa de que operó el silencio administrativo positivo;
12. xii)La intención de la acción tutelar, fue suplir los recursos y vías ordinarias en materia administrativa y además bajo una interpretación caprichosa, se trató de forzar la supuesta e imaginaria existencia del silencio administrativo positivo, el cual fue improcedente por las siguientes razones:
13. a)Si bien el art. 67.II de la LPA, establece la posibilidad del silencio administrativo positivo, en el caso de no resolverse el o los recursos jerárquicos, dicha norma depende de la aplicación concordante con otras normas de la misma ley y de su reglamento;
14. b)En ese entendido el art 17.V de la misma Ley, el silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, única y exclusivamente en aquellos trámites, expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca en dichas disposiciones;
15. c)A su vez, el art. 125 del DS 27113, dispone que, el silencio de la administración, establecido justamente en el art. 67.II de la LPA, será considerado una decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especiales, conforme el art. 17.V de la citada Ley;
16. d)De la misma forma dicha disposición normativa dispuso que, ante la ausencia de reglamentación especial para el caso de no haberse dictado resolución expresa o resuelto el recurso jerárquico, el interesado podrá acudir ante la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, en sujeción a lo dispuesto en los arts. 17.III y 70 de la LPA; y,
17. e)De la normativa procesal administrativa aplicable, se tuvo claramente establecido que en relación al trámite ante la UPRE, no existió reglamentación especial que determine la aplicación del silencio administrativo positivo, por lo que correspondía a los impetrantes de tutela acudir a la vía legal correspondiente, no pudiendo ser acción de amparo un medio supletorio de dicha vía legal, y en todo caso, no pudo definir si hay o no silencio administrativo positivo o negativo, sino que debe ser la propia autoridad administrativa o jurisdiccional, quien a solicitud expresa de parte, dilucide tal aspecto procesal, en virtud de lo cual, la aplicación de un silencio administrativo positivo, fue improcedente por la normativa descrita y por no ser el amparo constitucional la vía para definir tal aspecto;
18. xiii)El GAM de El Alto del citado departamento incumplió el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF- 0277/13, habiendo dejado abandonada la obra: construcción del Coliseo Cerrado Anexo Tahuantinsuyo D5-El Alto, sin haber presentado informes requeridos por la UPRE, pese a las reiteradas notas cursadas al respecto; y,
19. xiv)Ante dicho incumplimiento y siendo que la UPRE desembolsó el 20% de los recursos, indudablemente correspondía que recupere dicho monto de dinero a través del débito automático, caso contrario se incurriría en daño económico al Estado, hecho que de ninguna manera sus autoridades pueden permitir o consentir, correspondiendo en definitiva que se declare improcedente o se deniegue la tutela solicitada.