Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2026-S2 Sucre, 12 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 67971-2024-136-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 061/2024 de 9 de octubre, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Irene Calle Mamani contra Germán Quecaña Lima y Rimberty Mamani Herrera, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar de Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 7 de octubre de 2024, cursante a fs. 1 y 35 a 46 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2 de abril de 2019, dada la urgencia en obtener recursos económicos, para acceder a la convocatoria emitida por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cotagaita del departamento de Potosí, bajo la modalidad de licitación pública CUCE 19-1517-00-920436-2-2 de 25 de mismo mes y año, dirigida a la provisión de alimentos para el desayuno escolar. En su condición de representante legal de la empresa "PRO ANDINO" suscribió junto a Martha Porco Arando -ahora tercera interesada- un "'...CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO CON PACTO DE RESCATE...'" (sic), el cual fue garantizado con un inmueble de titularidad de Delia Asencia Anagua Vda. de Arispe, contrato cuya naturaleza "...RESULTA SER UNA LINEA DE CREDITO..." (sic), como así lo expresan sus cláusulas segunda y quinta. De esa manera, la señalada tercera interesada se comprometió a provisionarle de productos hasta un monto de dinero determinado, el cual incumplido -se entiende el pago una vez efectuada la entrega de productos- generaría la resolución del contrato y la transferencia de los bienes garantizados, aspectos que permiten entrever que dicho documento no expresa suma líquida ni exigible. En ese sentido, la aludida tercera, únicamente le hizo entrega de productos que alcanzaron la suma de Bs450 000.- (cuatrocientos cincuenta mil bolivianos), con los cuales ganó la antecedida convocatoria, cumpliendo sus metas y costos de operación, monto que fue cancelado en su integridad a la mencionada tercera. De esa manera, nunca tuvieron inconveniente por el tipo de línea de crédito pactado; es más, recurrió a ella para presentarse a otras convocatorias de menor costo, manteniendo la misma forma de trabajo.
En abril de 2021, se vio sorprendida cuando la descrita tercera, con base en el antecedido documento de 2 de abril de 2019, incoó en su contra una demanda ejecutiva monitoria, la cual fue declarada probada a través de la Sentencia Inicial 015/2021 de 5 del mismo mes, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Potosí, respecto a la cual opuso excepciones de falta de fuerza ejecutiva y pago documentado, declaradas improbadas a través de la Sentencia Definitiva 011/2021 de 18 de mayo. Así, el 1 de junio de 2021, dedujo recurso de apelación, sustentando sus agravios en que:
- a)El "'...Documento Privado de Préstamo de Dinero con Pacto de Rescate...'" (sic), presentado como título ejecutivo, contiene con una serie de errores; dado que, no expresa una suma líquida ni exigible, sino una línea de crédito para la venta de productos, debido al uso del término "hasta" que limita el monto máximo a Bs700 000.- (setecientos mil bolivianos), lo cual exige se demuestren previamente la entrega efectiva de productos antes de exigir cualquier forma de pago; y,
- b)La aludida tercera, en su calidad de ejecutante en la causa ejecutiva, debe acudir a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de cualquier derecho derivado del documento aludido, debido su carencia de fuerza ejecutiva, proceso donde deberá demostrar la existencia de adeudo por entrega de productos -el cual asciende a la suma de Bs450 000.-, conforme a la provisión efectuada al GAM de Cotagaita del referido departamento-.
Recurso de apelación resuelto a través de Auto de Vista 114/2024 de 2 de septiembre por la Sala Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que confirmó la Sentencia Definitiva 011/2021. En ese sentido, acude a la justicia constitucional impugnando el señalado Auto de Vista, bajo los siguientes argumentos:
- 1)La demanda ejecutiva se sustentó en la presunta existencia de un adeudo de Bs700 000.-, consignada en el denominado contrato privado de préstamo de dinero con pacto de rescate. Sin embargo, debido al uso del término "HASTA" en la cláusula segunda, dicho monto solo refleja un límite máximo para la entrega de productos; en igual sentido, cualquier cobro -incluso la transferencia de los bienes dados en garantía- solo puede efectuarse mediante la resolución del contrato previa verificación de saldos por la cantidad de productos entregados, conforme la cláusula quinta. No obstante, las autoridades demandadas, de manera subjetiva y apartándose de la verdadera intención común de las partes reflejada en el documento, interpretaron la existencia de un supuesto adeudo con vencimiento el 17 de abril de 2019, sin realizar una evaluación adecuada de los términos "'...HASTA LA SUMA DE 700.000 BS...'" (sic), ni contrastarlos con sus cláusulas segunda y quinta; y,
- 2)En el recurso de apelación, se denunció que el término "HASTA" inserto en la cláusula segunda del documento base, imprime un régimen condicional conforme los arts. 494 y 497 del Código Civil (CC), dirigido a establecer el límite de Bs700 000.- a la provisión de productos, sin que represente adeudo alguno. Con la misma finalidad, que la cláusula quinta permite instar la resolución del contrato -ante un eventual incumplimiento- para efectuar la transferencia de los bienes dados en garantía, mas no habilita en modo alguno a la vía ejecutiva. De esa manera, el contrato muestra dos prestaciones; una que exige la verificación previa de cuantos productos fueron entregados; y, otra dirigida a cubrir los saldos adeudados por la entrega efectuada, haciendo del contrato una relación sinalagmática, no ejecutable mediante la vía ejecutiva monitoria, dado la imposibilidad de determinar a priori, su liquidez y exigibilidad.
Sin embargo, el Auto de Vista 114/2024 no consideró tales argumentos, debido a que, el razonamiento de las autoridades demandadas expresó una contraposición con la cláusula quinta del señalado documento -aun cuando se haya reconocido la falta de facultad de incoar el reclamo en la vía ejecutiva monitoria-; además, tampoco se consideró la falta de acreditación de entrega de dinero en su favor para perfeccionar el supuesto préstamo, manteniendo el mismo criterio del juez de instancia. En consecuencia, la resolución de alzada inobservó las normas del Código Civil y las estipulaciones del contrato pactadas, carece de estructura y afecta derechos y garantías fundamentales, en particular el derecho a la defensa y a una valoración integral y razonable de la prueba.
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