0333/2019-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0333/2019-CA Sucre, 19 de diciembre de 2019

Expediente: 32193-2019-65-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Potosí

En consulta la Resolución de 14 de noviembre de 2019, cursante de fs. 53 a 54, pronunciada por el Asesor Legal de la Unidad Territorial y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua del departamento de Potosí, mediante la cual promovió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Fredy Prudencio Jiménez Clavijo, demandando la inconstitucionalidad de la Disposición Final Primera de la Ley Municipal 168/2018 "Ley para Construcciones Clandestinas y Fuera de Norma" y del art. 29 del Decreto Municipal 005/2018 de 28 de junio, que promulga el Reglamento Administrativo Sancionatorio de Construcciones Clandestinas y Fuera de Norma del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua" por ser presuntamente contrarias a los arts. 115.II, 232 y 233 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2019, cursante de fs. 47 a 52 vlta., el accionante señala que interpone la presente acción de inconstitucionalidad concreta contra la Disposición Final Primera de la Ley Municipal 168/2018 "Ley para Construcciones Clandestinas y Fuera de Norma" y del art. 29 del Decreto Municipal 005/2018, que promulga el Reglamento Administrativo Sancionatorio de Construcciones Clandestinas y Fuera de Norma del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua", dentro del proceso administrativo sancionatorio por construcciones clandestinas y fuera de norma, que en virtud a una supuesta competencia administrativa que viene a ser inconstitucional, conoce el Asesor Jurídico de la Unidad de Ordenamiento Territorial (UNOT) Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, vulnerándose sus derechos y garantías constitucionales en lo relativo a la responsabilidad conferida al asesor legal; puesto que al ser éste un funcionario de libre nombramiento, no es parte de la carrera administrativa, tal cual lo establece el art. 5 inc. c) de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 , y al no ser parte de esa estructura, no corresponde que desempeñe las funciones de juez administrativo para conocer un proceso en ese ámbito; asimismo, el art. 233 de la Ley Fundamental, prevé que son servidores públicos quienes desempeñan funciones públicas, los cuales forman parte de una carrera administrativa, exceptuando a los que ejercen cargos electivos, los designados y quienes realizan funciones de libre nombramiento; pero de manera contraria, las normas hoy impugnadas, encomiendan tareas de juez administrativo al asesor jurídico de la U.N.O.T. del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, sin que dicho funcionario sea reconocido como parte de la carrera administrativa; por lo que, al no ser parte de esa estructura, no podría desempeñar las funciones de juez administrativo para conocer un proceso en ese ámbito; por tanto, habiendo asumido esa función en el caso concreto, sus actos serían nulos por determinación del art. 122 de la CPE; y, 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Señala que el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, al haber confiado la administración de justicia al asesor legal sin que sea parte del personal administrativo, lesionó el debido proceso que se constituye en una garantía para todo ciudadano que se encuentre dentro de un proceso, en los que el tribunal o autoridad administrativa, debe preservar esta garantía de manera obligatoria en las diferentes etapas del mismo.

Arguye que además, al haberse designado como juez sumariante al mencionado asesor legal, se quebrantaron todos los principios que rigen la justicia administrativa, al constituirse dicha autoridad en juez y parte, ya que nunca un dependiente actuará con plenitud de independencia, de ahí que existe un serio peligro en el desarrollo de todo proceso administrativo emprendido y confiado a un funcionario de libre nombramiento.

Refiere que el presente Reglamento administrativo incurre en total contradicción con el debido proceso, en virtud a que la aplicación de la Ley Municipal 168/2018 así como su debida reglamentación recaen en las resoluciones que emergen de los procesos administrativos por construcciones clandestinas y fuera de norma; porque es la misma parte la que demanda, ejecuta y decide la demolición.

Finalmente indica que, la Disposición Final Primera de la Ley Municipal 168/2018 así como el art. 29 del Reglamento Administrativo Sancionatorio de Construcciones Clandestinas y Fuera de Norma del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, promulgado por Decreto Municipal 005/2018, resultan ser inconstitucionales, por lo que solicitan promover la acción de inconstitucionalidad concreta contra dichas normas.

I.2. Respuesta a la acción