Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0333/2026-CA Sucre, 29 de junio de 2026
Expediente: 85205-2026-171-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución 112 de 24 de marzo de 2026, cursante de fs. 84 a 92 vta., pronunciada por María Jackeline Soriano Rivero, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; por la cual, se promovió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta a instancia de Rolando Pérez Sokolov, Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU) de Santa Cruz, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 9, 11 y 12 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 3 de octubre de 2022-; y, por conexitud los arts. 6, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución Ministerial (RM) 1377/2022 de 1 de noviembre de 2022 -que aprueba el Protocolo de Actuación de la Ley 1468-; por ser presuntamente contrarios a los arts. 50, 115, 116, 120 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2026, cursante de fs. 61 a 77 vta., la entidad accionante manifestó que, dentro del proceso de reincorporación laboral seguido en su contra, por Emmy Rosse Porcel Capriles y Eldy Arandia Aponte, interpuesto de manera escrita por haberse efectuado su supuesto despido injustificado ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz. En la audiencia correspondiente, la entidad de salud asumió defensa demostrando la existencia de un contrato eventual no sujeto a la Ley General del Trabajo (LGT) ni al Estatuto del Funcionario Público, solicitando el rechazo de la referida demanda; no obstante, la autoridad administrativa emitió la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-402-2025 de 4 de abril, disponiendo la reincorporación inmediata, bajo el argumento de una supuesta simulación de relación laboral; encontrándose la causa, en fase de ejecución judicial; motivo por el cual, planteó recurso de reposición contra la providencia de 5 de enero de 2026, solicitando se promueva la presente acción constitucional.
El art. 9 de la Ley 1468, resulta contrario al art. 50 de la CPE; toda vez que, la Ley Fundamental encomienda la resolución de los conflictos laborales a tribunales y organismos especializados de carácter colegiado y plural, mientras que la norma objetada delegaba dicha potestad en un inspector de trabajo de forma unipersonal y administrativa; asimismo, con relación al art. 11 de la citada Ley, regula el carácter inmediato e inapelable de la resolución de reincorporación en sede administrativa, el mismo, vulneró su derecho al debido proceso y al juez natural, consagrados en los arts. 115.II, y 120.I de la Norma Suprema; por cuanto, obliga a ejecutar un acto administrativo sin permitir un examen judicial previo de legalidad, restringiendo el derecho a la defensa y a la garantía de la doble instancia.
Finalmente, con relación al contenido del art. 12 de la Ley 1468, el mandato que constriñe a los jueces del trabajo a ejecutar las conminatorias administrativa, quebrantaba el principio de separación, independencia y complementariedad de los órganos del poder público establecido en el art. 12.I, de la CPE, al someter a la autoridad judicial a una oficina dependiente del Órgano Ejecutivo y restar autonomía a la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; y que, la aplicación de estos artículos y de las disposiciones conexas del Protocolo aprobado mediante la RM 1377/2022, afectaba la seguridad jurídica, garantizada por el art. 178 de la Ley Fundamental, al consolidar efectos económicos sobre el presupuesto de la seguridad social universitaria mediante resoluciones administrativas.
I.2. Respuesta a la acción
Mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2026, Emmy Rosse Porcel Capriles y Eldy Arandia Aponte -demandantes en el proceso de reincorporación-, señalaron que, la solicitud de la parte demandada no cumplía con los requisitos constitucionales de procedencia; toda vez que, existía una resolución administrativa firme emitida por el Ministerio de Trabajo, que dispuso la restitución de sus derechos laborales y su reincorporación inmediata, la cual ya había sido ejecutada y se encontraba en una etapa posterior vinculada estrictamente a su cumplimiento.
En ese sentido, invocaron los arts. 132 de la CPE y 81 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo); toda vez que, esta acción solo procede antes de la ejecutoria de la sentencia y cuando la norma cuestionada sea necesaria para resolver el caso concreto; motivo por el cual, al haberse determinado la inmediata reincorporación en el proceso principal, éste se halla en fase de ejecución, lo que inviabilizaba la activación del control de constitucionalidad.
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