Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0334/2019-CA Sucre, 19 de diciembre de 2019
Expediente: 32210-2019-65-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Shirley Franco Rodríguez, Diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional demandando la inconstitucionalidad abstracta del art. 9 del Decreto Supremo (DS) 27295 de 20 de diciembre de 2003, "Reglamento Único del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)", modificado por el art. 2.III del DS 2920 de 28 de septiembre de 2016; y, por conexitud pide se deje sin efecto la Resolución Administrativa (RA) APS/DJ/DS/1738/2019, emitida por la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS); por ser presuntamente incompatible con los arts. 14.I, II y III, 47.I, 308, 311.II, 314 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2019, cursante de fs. 28 a 36 vta., como antecedente la accionante señala que el art. 36 de la Ley de Seguros (LS) -Ley 1883 de 25 de junio de 1998-, determina que los seguros obligatorios se establecen únicamente por Ley y deberán ser administrados separadamente de los otros seguros que administre la entidad aseguradora, disponiendo también que sus pólizas sean uniformes y autorizadas por la APS; asimismo, refiere que la Ley 737 de 21 de septiembre de 2015, modifica el art. 37 de la Ley antes mencionada y establece reformas al SOAT. Por otra parte, el párrafo primero del art. 7 de la Ley 331 de 27 de diciembre de 2012, modificado por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2015 -Ley 614 de 13 de diciembre de 2014-, dispone que la Entidad Bancaria Pública podrá mantener participación accionaria o patrimonial en entidades que se encuentren en el ámbito de supervisión y regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y/o la APS, así como establecer en el país nuevas sociedades cuyas actividades guarden relación con su objeto y se encuentren en los ámbitos de supervisión y regulación antes mencionados y en su segundo párrafo del citado art. 7, dispone que las sociedades en las cuáles la Entidad Bancaria Pública tiene o pueda tener participación accionaria mayoritaria, serán consideradas empresas públicas.
Manifiesta que, el DS 27295 reglamentó el art. 37 de la LS, constituyéndose en el Reglamento Único del SOAT, haciéndose necesario modificar dicho Decreto a efecto de adecuar los aspectos relacionados con la cobertura de ese Seguro, así como las entidades aseguradoras que puedan administrar y comercializar el mismo y el uso de tecnologías de información y comunicación para facilitar aspectos referidos a su mercadeo y control. Basados en esa normativa, en la gestión 2016 se creó la empresa de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA Sociedad Anónima (S.A), adoptando por la estructura legal anteriormente mencionada como la única entidad pública de seguros, la cual es una sociedad entre el Banco Unión, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A. y Valores Unión, para posteriormente, la APS emitir normas reglamentarias como la RA APS/DJ/DS/1738/2019, que aprobó el Régimen de Habilitación para la Administración y Comercialización del SOAT 2019.
Refiere que el mercado de seguros es regulado por la APS dentro del marco normativo de la Ley 1883, toda vez que, ese sector de la economía es parte del Sistema Financiero Boliviano, pero desde la emisión del DS 2920 se ha suprimido la competencia y autorregulación de los agentes comerciales del mercado de seguros en relación al SOAT y otorgado un privilegio privativo a la empresa UNIVIDA S.A, como único ente dentro del mercado de administración y comercialización que tiene la categoría de empresa pública de seguros, y la que puede acceder a la comercialización del SOAT, restringiendo a todo el mercado asegurador que no tenga participación mayoritaria del Estado, lo que no ocurría antes de la gestión 2016, que se realizaba a través de Licitaciones Públicas, en las cuáles participaban las diferentes empresas y en una sana competencia se adjudicaba a la que mejores condiciones presentaba al convocante, práctica que se realizaba en función a lo previsto por el art. 36 de la LS, que disponía que los seguros solo pueden ser establecidos por ley.
En ese entendido, el art. 9 del DS 27295, respetando el derecho de libre ejercicio de la empresa y la imposibilidad de generar monopolios, determinaba: "ARTÍCULO 9.- (CONTRATACION DEL SEGURO).- El SOAT se podrá contratar en toda entidad aseguradora que suscriba la Póliza Única del SOAT y que esté autorizada expresamente por la SPVS para comercializar el SOAT", previsión legal que no tenía ningún género de discriminación o privilegio en favor de ninguna empresa de seguros regulada por la APS, la cual se mantuvo vigente durante más de una década, haciendo que la competencia sea un incentivo de mejor servicio al usuario final del SOAT y respetando plenamente el orden constitucional instituido; pero, lamentablemente, por motivos injustificables y contrarios a la Constitución Política del Estado, el Gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma emitió el DS 2920 con lo que se rompe el esquema de la armonía de mercado y las directrices constitucionales y modificó el contenido del citado artículo: "ARTICULO 9.- (CONTRATACION DEL SEGURO). El SOAT, será administrado y comercializado por la Entidad Pública de Seguros, de acuerdo a disposición regulatoria emitida por la APS"; efectuando la comparación de las normas citadas, esta última genera un privilegio a la empresa pública de seguros que en los hechos y aplicando la verdad material constitucional es la empresa UNIVIDA S.A, y en efecto incurre en varias infracciones constitucionales, pero sobre todo se crea un monopolio que es inconstitucional, figura que es expulsada de la Constitución Política del Estado, debido a que la libertad de empresa es la expresión moderna que engloba la libertad de contratos, transacciones económicas, de acceso y ejercicio de la actividad económica, con un mínimo de intervencionismo estatal, lo que significa limitación al Estado, para intervenir en las relaciones privadas que tiendan a socavar el orden natural de la economía de un determinado país. Considera que el monopolio:
- a)Tiende a generar una posición dominante en relación a los usuarios finales del mercado, restringiendo la posibilidad de libre elección del usuario, en la cual no tiene otra alternativa, sino a lo que el mercado obliga;
- b)Extingue la libre competencia, creando una desigualdad empresarial basada en la discriminación en razón a su composición accionaria dominada por el aporte público;
- c)Afecta las garantías universales de la Libre Empresa, ya que intenta cercenar a los competidores, y el mercado cautivo está a merced de las posibilidades de quien detenta el monopolio; y,
- d)Finalmente en el contexto nacional es malo para la economía, debido a que simplemente se halla prohibido por el texto taxativo de la Constitución Política del Estado.
Señala que la libertad de empresa es una garantía constitucional que tiene por objeto garantizar a los individuos y las empresas la posibilidad de constituirse en factores de producción de bienes y servicios, para luego ofrecerlos al mercado en condiciones de igualdad de acceso y participación; es por ello que la Ley Fundamental reconoce a los particulares el derecho de intervenir en el mercado con el fin de adelantar distintas tareas de control, promoción y prevención dirigidas a la consecución del goce efectivo de los derechos que el mercado interfiere y que ha sido definido tanto en la sección dogmática como orgánica; en efecto si UNIVIDA S.A. desea ingresar a la competencia de mercado de comercialización del SOAT, lo puede hacer, pero sin gozar de ventajas que constriñen y dañan a todo el sector regulado, citando como fundamento de lo expresado, a la .
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