Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0336/2019-CA Sucre, 20 de diciembre de 2019
Expediente: 32234-2019-65-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución de 29 de noviembre de 2019, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por la Autoridad Sumariante del Régimen Disciplinario de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por la que resolvió "no promover" la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Claudia Mérida Arenas, demandando la inconstitucionalidad del art. 64 inc. c) del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, por ser presuntamente contrario a los arts. 13.I, 14.I, 109.I, 115.II, 116.I, 117.I, 119, 180.I y II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2019, cursante de fs. 29 a 43, la accionante señala que en su calidad de denunciada dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra, formula la acción de inconstitucionalidad concreta, considerando que el art. 64 inc. c) del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público es inconstitucional, por establecer que no se admitirán incidentes ni excepciones, salvo de cosa juzgada e incompetencia, no otorgando otra facultad prevista por ley, olvidándose que al ser imperativo el Código de Procedimiento Penal, para su aplicación en el presente procedimiento, deberán considerarse todos los derechos y garantías contenidos en dicha normativa. Además, la accionante sostiene que la norma cuestionada no otorga el derecho a la impugnación contra excepciones e incidentes ni contra otras resoluciones en el proceso.
Manifiesta que la norma impugnada viola la presunción de inocencia, ya que mediante una norma procedimental se le quita a una persona el derecho de interponer los recursos franqueados por ley, sin otorgarle la posibilidad de recurrir de apelación ante la resolución que niegue dichas excepciones o incidentes, siendo contrario al derecho de recurrir y a la doble instancia, vulnerando la garantía de impugnación en los procesos judiciales, garantía que no solo puede circunscribirse a algunos actos del proceso disciplinario. Refiere que también lesiona el derecho al trabajo, ya que de manera agravada para los fiscales denunciados, se encuentran prohibidos de defenderse con las garantías mínimas, obligándoles a estar presentes y en caso de no hacerlo se le impone el proceso penal correspondiente.
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